Ocho periodistas asesinados bajo custodia del Mecanismo de Protección federal

Una investigación conjunta de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentó que ocho periodistas fueron asesinados entre 2017 y 2022 mientras estaban bajo custodia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el programa federal creado en 2012 para resguardar a quienes enfrentan amenazas por su trabajo. El dato no describe una falla marginal: describe que el último eslabón del Estado mexicano diseñado para evitar estos homicidios no lo logró en al menos ocho casos documentados.

La cifra adquiere peso porque el Mecanismo no es una oficina simbólica. Es la instancia a la que periodistas amenazados acuden para recibir escoltas, botones de pánico, patrullajes o reubicación. Que ocho personas hayan sido ultimadas mientras estaban bajo su custodia significa que el sistema de protección estatal no está interrumpiendo la cadena de violencia que dice atender. La investigación de Amnistía Internacional y el CPJ sitúa esa contradicción en el centro del debate sobre cómo México protege a su prensa.

La lectura

El patrón que emerge de la evidencia es el de un mecanismo que llega tarde, opera con recursos limitados y no controla a los agresores. La responsabilidad de proteger a los periodistas quedó depositada en una instancia que no puede cumplirla por sí sola, mientras el crimen organizado y actores locales siguen operando sin contención equivalente. Vanessa Carrillo, codirectora de Propuesta Cívica —organización que brinda apoyo jurídico a comunicadores—, lo formuló así: "El problema estructural más profundo es que se ha depositado en el Mecanismo una responsabilidad que corresponde al Estado en su conjunto".

La evidencia no permite afirmar que el Mecanismo haya incumplido en cada uno de los ocho casos ni detalla las circunstancias de cada homicidio. Lo que sí sostiene es que la existencia de protección federal no bastó para evitar los asesinatos. Esa distinción importa: no se trata de un fallo aislado, sino de un resultado verificable del diseño institucional.

El contexto agrava la lectura. El CPJ ha documentado el asesinato de siete periodistas en México en 2026, seis de ellos en menos de tres meses. Y Propuesta Cívica estima que el 98% de los homicidios de periodistas permanece impune. La impunidad casi total convive con un sistema de protección que no evita los homicidios: esa combinación es la que define el riesgo actual para la prensa mexicana.

Los testimonios recogidos en la investigación muestran cómo opera esa brecha en la vida cotidiana. Alberto Amaro, periodista de Tlaxcala, denunció ante el Mecanismo dos disparos frente a su casa y, según relató, la instancia no respondió en más de 48 horas; solo un tribunal ordenó proteger a su familia. Jonathan Cuevas, desplazado de Iguala, relató que el botón de pánico que recibió no funciona en zonas sin cobertura celular, donde suele reportar. Priscila Pacheco, hija del periodista Francisco Pacheco asesinado en Taxco en 2016, sostiene que el Mecanismo le negó protección personal por ser empleada pública y que el equipo de seguridad de su familia no recibe mantenimiento adecuado.

Qué sigue

La investigación no revela si los ocho casos fueron revisados individualmente por la autoridad, ni si existen sanciones internas por las fallas documentadas. Tampoco precisa cuántos periodistas permanecen bajo custodia del Mecanismo ni con qué recursos opera. Esos datos son necesarios para dimensionar la magnitud del problema y para exigir rendición de cuentas.

El hecho deja abierta una pregunta institucional: si el Mecanismo no puede garantizar la vida de quienes resguarda, qué instancia asume esa responsabilidad y con qué coordinación con fiscalías y fuerzas de seguridad. La evidencia disponible apunta a que la protección federal opera sin la capacidad de neutralizar a los agresores, y que la impunidad sigue siendo el horizonte más probable para los homicidios de periodistas en México.