Juez admite amparo de vicealmirante Farías Laguna; proceso penal sigue

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México admitió a trámite el juicio de amparo indirecto 1334/2026 promovido por la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, con lo que el mando naval busca cerrar de forma definitiva la causa penal 325/2025 por presunto contrabando de hidrocarburos. La resolución, publicada este 12 de noviembre de 2026, confirma que la estrategia jurídica del acusado ya escaló del fuero local al federal, aunque el proceso original sigue vivo.

El expediente fue presentado el 5 de noviembre y admitido formalmente el 11. Según el acuerdo judicial, la defensa sostiene que la jueza de control del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, no respondió a una solicitud del 22 de octubre de 2026 para sobreseer la causa penal 325/2025 ni convocó a la audiencia prevista en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el amparo no discute todavía el fondo del huachicol fiscal, sino la falta de respuesta de la instancia que lleva el caso.

La lectura

El juzgado federal aclaró que el amparo admitido no frena el curso de la causa penal en Almoloya de Juárez porque la defensa no promovió la suspensión del acto reclamado. El órgano jurisdiccional precisó que esto ocurrió “en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 127 de la Ley de Amparo”. En términos prácticos, la Fiscalía General de la República puede continuar con el proceso mientras se resuelve el juicio constitucional.

Además, el juzgado requirió a la jueza de Almoloya para que, en un plazo no mayor a tres días, informe si la persona que promovió la demanda está acreditada formalmente como defensor particular de Farías Laguna dentro del expediente penal. Ese dato es relevante porque define si el amparo fue presentado por un abogado con legitimación reconocida o si la defensa necesita regularizar su posición procesal antes de la audiencia constitucional.

El vicealmirante Farías Laguna, sobrino del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda Durán, está adscrito desde el 16 de enero de 2025 a la Sexta Región Naval con sede en Manzanillo, Colima. Su nombre aparece entre las 13 personas contra las que la FGR obtuvo orden de aprehensión en la causa 325/2025, que también alcanza a su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna. La jueza de control Nancy Selene Hidalgo Pérez determinó su probable participación en delincuencia organizada para cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, agravada por su condición de servidor público y sujeta a prisión preventiva oficiosa.

La investigación de la FGR sostiene que los hermanos Farías Laguna habrían consolidado un control sistemático sobre áreas clave de la administración pública federal, con operación estratégica en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Conforme a los dictámenes de inteligencia integrados en el expediente, las autoridades identificaron una presunta red de corrupción en aduanas marítimas diseñada para permitir el ingreso ilegal de combustible oculto en buques tanque. La afectación económica estimada por la fiscalía asciende a 340 millones de pesos, según reportes previos del propio caso.

El hecho de que un juez federal admita el amparo no equivale a una absolución ni a una señal de que el proceso penal esté viciado. La admisión solo significa que la demanda cumple los requisitos formales para ser analizada. La decisión de fondo se tomará en la audiencia constitucional fijada para el lunes 14 de diciembre de 2026, donde se resolverá si se concede o niega la protección federal.

Qué sigue

La jueza de control del Altiplano tiene tres días para informar si el promovente del amparo está acreditado como defensor particular de Farías Laguna. La FGR mantiene activa la causa penal 325/2025 y la orden de aprehensión contra el vicealmirante y su hermano. La audiencia constitucional del 14 de diciembre definirá si el amparo prospera o se niega; hasta entonces, el proceso penal continúa su curso sin suspensión. Queda por esclarecer si la falta de respuesta judicial a la solicitud de sobreseimiento del 22 de octubre fue un retraso administrativo o una decisión deliberada, y si la defensa corregirá la omisión de solicitar la suspensión del acto reclamado.