Alcaldes rurales de NL apremian al Estado por adeudos y advierten riesgo de gobernabilidad

Alcaldes de la zona rural de Nuevo León llevaron este martes al Congreso local una advertencia que excede el trámite presupuestal: sin los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal de 2024, 2025 y 2026, dicen, sus ayuntamientos no pueden sostener servicios básicos ni cubrir aguinaldos. La petición la formularon ante representantes de cámaras empresariales, en una mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto, y la acompañó la presidenta de ese órgano, la diputada Lorena de la Garza, quien habló de riesgo de gobernabilidad.

El planteamiento de los ediles no fue abstracto. Los alcaldes rurales expusieron que pagan de sus bolsillos traslados a hospitales, infraestructura de escuelas y otras necesidades de la población, además de la compra de patrullas y autobuses. Con excepción de Anáhuac, los demás ayuntamientos dijeron que no cuentan con recursos para pagar los aguinaldos a los burócratas municipales, un compromiso que vence en semanas y que, de no cubrirse, trasladaría el conflicto laboral a cada municipio.

El alcalde de Agualeguas, Aldo Castellanos, describió el límite operativo: su ayuntamiento traslada a pacientes de diálisis y hemodiálisis y, dijo, muchas veces tienen que poner de su bolsa. Erasmo Serna, de Vallecillo, cifró el adeudo en más de 7 millones de pesos no ejercidos, correspondientes a la mitad de 2024, todo 2025 y todo 2026. Alejandro González, de Doctor González, reportó un monto similar. Son datos que los propios ediles ofrecieron en la mesa y que no fueron contrastados en la misma sesión con el Ejecutivo estatal.

La lectura política

La advertencia de ingobernabilidad traslada el conflicto del terreno administrativo al político y coloca al Gobierno del Estado y al Congreso en el centro de la responsabilidad. De la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto, sostuvo que hay municipios sin autonomía financiera ni de gestión, con capacidad mermada para atender a la población y cumplir obligaciones constitucionales. Es una formulación cuidadosa: no acusa directamente al Ejecutivo, pero describe un fallo estructural que el Legislativo debe resolver vía presupuesto.

El costo político se reparte. El PAN, a través de su coordinador Carlos de la Fuente, se comprometió a aprobar una partida de al menos 20 millones de pesos para la zona rural, y atribuyó los faltantes a vetos previos del Ejecutivo. De la Fuente también mencionó un rumor sobre ofertas de 30 a 50 millones a diputados que migrarían a Movimiento Ciudadano, un señalamiento que él mismo presentó como rumor y que no fue verificado en la mesa. El alcalde de Melchor Ocampo, Orlando Ramos, pidió evitar el "chapulineo" y reclamó que ningún diputado se esté moviendo para ayudar a los municipios rurales.

Quien gana margen son los alcaldes que lograron sentar a empresarios y legisladores en la misma mesa y convertir una carencia presupuestal en tema de agenda pública. Quien lo pierde, en principio, es el Ejecutivo estatal, que queda señalado como deudor sin haber respondido en el mismo espacio. El Congreso queda en una posición ambivalente: puede capitalizar la partida emergente, pero también carga con la responsabilidad de aprobar un presupuesto que resuelva el fondo y no sólo el síntoma.

El caso también revela un patrón de dependencia financiera: municipios que operan servicios de salud, agua e infraestructura escolar con recursos propios o familiares, mientras instancias estatales como Agua y Drenaje o la Secretaría de Educación aparecen, según los ediles, sin aportar. Gerardo Guzmán, de Linares, dijo que han instalado 26 bombas de agua ante la falta de apoyo estatal. La petición final de los alcaldes fue una coordinación tripartita entre federación, estado y ayuntamientos.

Qué sigue

El paso inmediato está en la Comisión de Presupuesto: definir si la partida de 20 millones de pesos se integra al dictamen y con qué reglas de distribución entre municipios. Esa cifra, comparada con adeudos reportados de 7 millones por municipio en casos como Vallecillo y Doctor González, sugiere que el monto comprometido no cubriría el conjunto de los faltantes, aunque la evidencia no permite establecer el total agregado.

Falta también la respuesta formal del Gobierno del Estado sobre los ejercicios 2024, 2025 y 2026, y la confirmación de si existe una ruta de pago o una disputa sobre las cifras. Sin ese dato no puede sostenerse si el problema es de liquidez temporal o de desacuerdo político sobre la ministración. El plazo de los aguinaldos funciona como prueba de estrés: si los ayuntamientos no pagan, la advertencia de ingobernabilidad dejará de ser una expresión retórica y se convertirá en conflicto laboral y social en la zona rural.