Bullrich confirma sesión por la Ley de Discapacidad el 19 de noviembre

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, confirmó que la Cámara Alta está lista para tratar la Ley de Discapacidad, con sesión prevista para el 19 de noviembre. El anuncio no es un trámite menor: llega después de que el oficialismo cediera en los puntos más conflictivos del Presupuesto 2027 y convierte una disputa de años en una decisión legislativa con fecha. "Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando", escribió la senadora en su cuenta de X.

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, obtuvo dictamen el 4 de noviembre en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, sin modificaciones al texto que ya tenía media sanción de Diputados con apoyo casi unánime. La iniciativa busca reemplazar el régimen de emergencia por un marco legal permanente, un cambio de estatus que afecta a prestadores y familias en todo el país.

El acuerdo que destrabó la sesión

La definición de Bullrich se entiende en el contexto de las tensiones internas del oficialismo. La semana pasada, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo incluía recortes y cambios en las pensiones que generaron malestar entre los aliados parlamentarios. El texto proponía modificar los requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y eliminar el Certificado Único de Discapacidad como vía directa de acceso.

Fuentes oficiales confirmaron que los artículos cuestionados sobre discapacidad serán eliminados del proyecto de ley, lo que despeja el principal foco de conflicto entre el Ejecutivo y sus aliados. El entendimiento alcanzado contemplaba elevar los requisitos de acceso, aunque mantenía la posibilidad de compatibilizar la prestación con un empleo registrado. Además, se acordó una actualización del nomenclador de prestaciones por inflación cada dos meses, a diferencia de la periodicidad mensual prevista en la ley de emergencia anterior.

Bullrich había cuestionado previamente al Ministerio de Economía por la forma en que se presentaron los recortes, argumentando que las decisiones vinculadas a sectores sensibles debían ser consensuadas con los dirigentes involucrados en las negociaciones. Ese reclamo público de la jefa del bloque libertario ante Economía quedó saldado con la eliminación de los artículos, lo que refuerza su margen de negociación dentro del oficialismo.

La lectura política

El episodio deja varias lecturas. Quien gana margen es Bullrich: aparece como la dirigente que fijó una posición, forzó una corrección del Ejecutivo y ahora conduce el tratamiento de una ley con amplio respaldo. Quien pierde, al menos en la forma de presentación, es el área económica del Gobierno, que debió retirar artículos ya enviados al Congreso. Los aliados parlamentarios, que habían expresado malestar, obtienen una señal de que sus objeciones tienen costo político para el oficialismo.

Institucionalmente, el cambio es relevante: el proyecto abandona la lógica de emergencia y establece un régimen permanente, lo que modifica la forma en que el Estado trata la discapacidad y reduce la dependencia de renovaciones periódicas. También cambia el mecanismo de actualización de prestaciones, que pasa de mensual a bimestral, un punto que conviene seguir porque afecta el poder de compra de los beneficiarios.

La sesión del 19 de noviembre no está exenta de riesgos. El dictamen sin modificaciones obliga a los senadores a votar el texto tal como llegó de Diputados, lo que limita el espacio para introducir cambios de último momento. Si algún bloque pretende reabrir el debate, deberá hacerlo con el costo de demorar una ley que el oficialismo ya presenta como resuelta.

Qué sigue

El Senado debe sesionar el 19 de noviembre y convertir en ley el proyecto. Después queda la reglamentación, un paso clave para saber cómo se implementa el régimen permanente y cómo se actualiza el nomenclador. También resta confirmar que la eliminación de los artículos sobre discapacidad del Presupuesto 2027 se sostenga en la letra final del texto, porque el acuerdo político anunciado no reemplaza la verificación parlamentaria. La evidencia disponible no permite afirmar todavía si el Ejecutivo compensará esas partidas por otra vía ni cómo impactará el cambio de periodicidad en las prestaciones.