Ciencias revoca NodoLab y deja sin laboratorios a tres liceos del Biobío

El Ministerio de Ciencias revocó la licitación del proyecto NodoLab, el plan piloto que iba a instalar laboratorios de innovación digital en nueve establecimientos de educación pública del país. Tres de los colegios afectados están en la Región del Biobío: el Liceo Polivalente de Chiguayante, el Liceo de Niñas de Concepción y la Escuela Nueva República de Hualqui. La decisión, adoptada mediante la resolución exenta 169 de la Subsecretaría de Ciencias, no solo cancela equipamiento —impresoras 3D, cortadoras láser, kits de robótica y computadores—: deja a los servicios locales de educación sin una respuesta sobre quién asumirá el proyecto y expone una tensión entre prioridades sectoriales y disciplina fiscal.

La revocación se funda en dos argumentos que se refuerzan entre sí: la falta de pertinencia institucional del gasto y el ajuste fiscal instruido por Hacienda. El punto 6 de la resolución sostiene que "se ha determinado que la contratación no resulta conveniente para los intereses de esta Subsecretaría, por cuanto el objeto licitado ha dejado de ser necesario y pertinente para los fines institucionales". A ello agrega que adquirir bienes destinados a otra entidad implica "ejecutar el gasto en beneficio ajeno", lo que constituye una desviación del destino legal de los fondos públicos, susceptible de observación y reparo por parte de la Contraloría General de la República. En paralelo, el documento invoca el contexto de ajuste fiscal iniciado por el Gobierno de José Antonio Kast, con la instrucción de Hacienda de elaborar propuestas de reducción presupuestaria equivalentes al 3% del gasto bruto de cada partida.

El proyecto había sido lanzado en agosto de 2025 y contemplaba talleres de prototipado rápido en establecimientos de los Servicios Locales de Educación Pública Chinchorro, Barrancas y Andalién Sur, en conjunto con la Fundación AngloAmerican. La licitación se llamó en febrero de este año y se revocó el 5 de mayo. Según la información que aún se puede revisar en la página del Gobierno de Chile, NodoLab entregaría equipos de alta tecnología a escuelas y liceos públicos.

El Ministerio de Ciencias sostiene que la modalidad prevista no contaba con un convenio mandato que facultara a la Subsecretaría para ejecutar obras en la infraestructura del SLEP. Afirma que la alerta se detectó en marzo de 2026 y que, en la Región del Biobío, se levantó antes de que se iniciara cualquier construcción o compra, por lo que no hay obras iniciadas ni equipamiento adquirido en los establecimientos. Esa versión, sin embargo, no responde la pregunta de fondo: si el problema era la figura jurídica, por qué no se corrigió el instrumento en lugar de anular el proceso completo.

El SLEP Andalién Sur, que administra los establecimientos afectados, declaró no haber recibido información sobre la decisión y que se trata de una iniciativa ejecutada desde entes externos al servicio. Consultado sobre si invertirá recursos propios para mantener el proyecto, el servicio no ofreció una respuesta que permita sostener que los talleres se mantendrán por otra vía. Esa falta de información es, en sí misma, un dato político: la revocación se adoptó en la Subsecretaría sin un mecanismo de traspaso o continuidad acordado con los servicios locales.

La lectura política

Quien gana margen de maniobra es el Ministerio de Ciencias, que se blinda frente a un eventual reparo de Contraloría y alinea su gasto con la instrucción de reducción del 3% de Hacienda. Quien lo pierde son los SLEP y los establecimientos, que quedan sin equipamiento y sin claridad sobre la continuidad del piloto. La Fundación AngloAmerican, socia del proyecto, también queda sin un socio público que ejecute la contraparte.

El argumento del "gasto en beneficio ajeno" es técnicamente defendible, pero traslada el costo político a los servicios locales, que no participaron de la decisión. La revocación convierte un problema de diseño institucional —la ausencia de un convenio mandato— en una pérdida concreta para tres comunas del Biobío. El ajuste fiscal opera aquí como marco habilitante: permite presentar una anulación administrativa como disciplina presupuestaria, sin que quede claro si el proyecto se reformulará o se abandonará.

Qué sigue

La pelota queda en el Ministerio de Ciencias: debe explicar si NodoLab se relanzará con un convenio mandato corregido o si el piloto se da por cancelado. También corresponde al SLEP Andalién Sur pronunciarse sobre si buscará financiamiento alternativo para los tres establecimientos. Y a la Contraloría, si recibe el expediente, le toca pronunciarse sobre la legalidad del gasto original y sobre el alcance de la revocación. Sin esos tres movimientos, la evidencia disponible no permite afirmar que los laboratorios escolares se instalarán por otra vía.