Congreso de Tlaxcala reparte 13 millones excedentes entre los tres poderes

El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó el proyecto de decreto que autoriza a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a distribuir 13 millones 116 mil 561.83 pesos de recursos excedentes del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026 entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La decisión, avalada por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, convierte un remanente de ingresos en margen operativo para las tres instancias, en un año donde las fuentes locales de recaudación no rindieron lo previsto.

El Ejecutivo concentra 12 millones 253 mil 7.84 pesos, el 93.4 por ciento del total, mientras el Judicial recibe 460 mil 736.74 pesos y el Legislativo 402 mil 817.25 pesos. La proporción no es un gesto político: refleja el peso relativo de cada poder en el gasto estatal y el diseño de reparto previsto en el Código Financiero. Pero en términos prácticos, la gobernadora es la principal beneficiaria de un acuerdo que su propio Congreso le autoriza a ejecutar.

El origen del excedente ayuda a leer el momento fiscal. Según la Comisión de Finanzas y Fiscalización, los incrementos en participaciones federales e incentivos económicos del periodo julio-septiembre registraron un crecimiento de 86.4 millones de pesos, equivalente al 2.48 por ciento sobre las estimaciones de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. El excedente no proviene de una mejora en la recaudación local, sino de transferencias federales por encima de lo presupuestado.

El contraste es explícito en el informe legislativo: los ingresos de fuentes locales sujetos a distribución y recaudados por el Estado presentaron un resultado acumulado negativo de 7.2 millones de pesos en el tercer trimestre, una caída de 1.35 por ciento frente a las estimaciones de la ley de ingresos. Es decir, Tlaxcala gastó menos de lo que esperaba recaudar por vía propia y compensó esa brecha con recursos federales. La distribución aprobada es, en los hechos, un ajuste técnico que evita devolver o congelar remanentes, pero también una fotografía de la dependencia fiscal estatal.

La lectura política

El Congreso no creó dinero nuevo ni modificó la ley de ingresos: autorizó el destino de un excedente ya existente. Aun así, la votación tiene consecuencias institucionales. Al autorizar a la gobernadora la distribución, el Legislativo ratifica su papel de contrapeso fiscal, pero también su dependencia de un Ejecutivo que concentra casi todo el excedente. El Poder Judicial, con 460 mil pesos, y el Legislativo, con 402 mil, reciben montos menores que, sin embargo, les permiten cubrir ajustes operativos sin recurrir a ampliaciones presupuestales adicionales.

El reparto también revela quién pierde margen de maniobra. Los municipios no aparecen en la distribución: los recursos excedentes se reparten solo entre los tres poderes, no entre los ayuntamientos, aunque la caída de ingresos locales afecta principalmente a los gobiernos municipales. Esa ausencia no es una omisión del decreto, sino un límite del marco vigente, pero deja a los municipios sin acceso a un excedente que se generó, en parte, por el comportamiento de la recaudación estatal.

La aplicación de los recursos deberá sujetarse al artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como a la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios. El decreto no otorga discrecionalidad ilimitada: obliga a informar la aplicación de los recursos en la cuenta pública del ejercicio fiscal en curso. Ese requisito es el principal mecanismo de rendición de cuentas disponible, aunque su eficacia depende de que el informe sea detallado y oportuno.

Qué sigue

El siguiente paso es la publicación del decreto y la ejecución del reparto por parte de la Secretaría de Finanzas del estado. La gobernadora deberá instruir la ministración de los montos a los poderes Legislativo y Judicial, y el Ejecutivo aplicará su parte conforme a las reglas del Código Financiero. El punto a vigilar es la cuenta pública: ahí se sabrá si los 13.1 millones se destinaron a los fines previstos o si se diluyeron en gasto corriente sin trazabilidad.

También queda pendiente la pregunta sobre los ingresos locales. Si la caída de 1.35 por ciento se confirma en el cuarto trimestre, el gobierno estatal tendrá que ajustar sus estimaciones o compensar con nuevas transferencias federales. La distribución de excedentes resuelve el problema inmediato, pero no corrige la brecha estructural de recaudación propia. Esa es la discusión que el Congreso no abordó en este decreto y que probablemente reaparezca en la discusión del presupuesto 2027.