Oficialismo fija cronograma para Presupuesto 2027 y Soberanía Nacional

El oficialismo de La Libertad Avanza acordó con sus aliados parlamentarios el cronograma para debatir el Presupuesto 2027 el 25 de noviembre y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional el 18 de noviembre, tras aceptar modificaciones reclamadas por los bloques dialoguistas. La definición, alcanzada en una reunión en la Presidencia de Diputados encabezada por Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici, ordena el tramo final del período legislativo y mide la relación de fuerzas entre el Gobierno y los socios que le permiten construir mayorías.

El acuerdo fija el martes 17 de noviembre para conseguir dictamen de Presupuesto en comisión y el miércoles 25 para llevarlo al recinto. La secuencia importa porque el Presupuesto es la herramienta central de la política fiscal y su demora había quedado atada a los reclamos de los aliados. El oficialismo cedió en varios puntos: coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, prórroga de los regímenes de autopartismo (leyes 27.263 y 27.686) con beneficios hasta 2032, devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y retenciones cero para exportar autopartes, además de partidas para universidades, Ciencia y Técnica y personas con discapacidad.

El PRO confirma que el Gobierno aceptó puntos vinculados con los recursos que reclama la administración porteña de Jorge Macri y con la continuidad de regímenes de promoción industrial. Esa concesión le da al bloque amarillo un resultado tangible para exhibir y consolida su rol de socio con capacidad de condicionar el texto. Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, sumó reclamos por universidades, Ciencia y Técnica y discapacidad, lo que amplía la base de apoyos pero también el costo fiscal del proyecto.

La lectura política

El oficialismo gana previsibilidad legislativa pero pierde margen para imponer su texto original. Aceptar cambios para destrabar el dictamen es la señal más clara de que La Libertad Avanza necesita a los dialoguistas para sostener mayorías en Diputados. Quien más capitaliza es el PRO, que aparece como interlocutor decisivo y traduce sus pedidos en cláusulas concretas; la UCR y los bloques provinciales también obtienen concesiones, aunque de menor visibilidad.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional es el punto de mayor fricción y el que revela los límites del acuerdo. El proyecto ya tiene dictamen de mayoría y fue incorporado al temario del 18 de noviembre junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero los aliados piden cambios antes de acompañarlo. Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, reclamó eliminar el capítulo séptimo, que introduce modificaciones en los códigos Electoral y Penal: "Es un capítulo que penaliza la expresión", advirtió. Desde La Libertad Avanza propusieron modificaciones pero rechazaron eliminar ese apartado.

Cualquier cambio en la legislación electoral requiere mayoría absoluta de 129 votos, umbral que el oficialismo no alcanza sin aliados. Esa regla institucional es la que otorga poder de veto práctico a los bloques dialoguistas sobre el capítulo más controvertido. La discusión por la figura penal de injerencia extranjera, con penas de cinco a 12 años, concentra las objeciones por precisión técnica, impacto sobre la libertad de expresión y dificultad para acreditar la intención y el vínculo con agentes extranjeros.

El proyecto también crea un régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos correspondientes, con penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones. Ese eje, menos discutido en la reunión, amplía el alcance del texto más allá de la cuestión electoral.

Qué sigue

El martes 17 de noviembre es la primera prueba: si el oficialismo consigue dictamen de Presupuesto en comisión, llega al recinto del 25 con el cronograma intacto. La segunda es el miércoles 18, cuando se trata la Ley de Soberanía Nacional y la reforma del Banco Central: si los aliados no obtienen cambios suficientes en el capítulo electoral, el oficialismo deberá decidir entre votar con apoyos parciales o postergar el tratamiento. Falta saber si el PRO y la UCR formalizan su respaldo al texto de soberanía con o sin el capítulo séptimo, y si el Gobierno acepta una redacción alternativa que preserve la figura penal sin tocar los códigos Electoral y Penal.