POLÍTICA · MEDIUM
Contraloría de CDMX reporta 1,272 fiscalizaciones y 32,954 denuncias ante el Congreso
Nashieli Ramírez presentó su Informe Anual de Gestión con un nuevo modelo de fiscalización territorial y un aumento de 81% en resoluciones por atención inmediata.

La titular de la Contraloría de la CDMX, Nashieli Ramírez Hernández, presentó ante el Congreso local su Informe Anual de Gestión: 1,272 acciones de fiscalización, 32,954 denuncias ciudadanas y 15,419 expedientes de investigación concluidos entre octubre de 2024 y agosto de 2026. Destacó un modelo de fiscalización territorial, la primera revisión a ventanillas únicas de las 16 alcaldías y un alza d
La titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, presentó su Informe Anual de Gestión ante el Congreso local, con un balance de 1,272 acciones de fiscalización, 32,954 denuncias ciudadanas recibidas y 15,419 expedientes de investigación concluidos entre octubre de 2024 y agosto de 2026. El dato importa porque coloca a la Contraloría en el centro del debate sobre cómo se vigila el gasto público en la capital y qué tan eficaz es el aparato de control interno frente a la corrupción administrativa.
La Contraloría reportó 1,272 acciones de fiscalización y la conclusión de 15,419 expedientes de investigación, lo que supone un intento por reducir el rezago institucional en responsabilidades administrativas. Según el informe, esas acciones incluyeron 364 auditorías, 621 intervenciones y 287 acciones de control interno, con cobertura del 100 por ciento de las revisiones en alcaldías, dependencias, entidades y órganos sujetos de control. La funcionaria explicó que la dependencia opera bajo un nuevo modelo de fiscalización orientado a garantizar el derecho a una buena administración pública, con acciones preventivas y supervisión en territorio, en lugar de concentrarse exclusivamente en revisiones documentales.
Uno de los cambios que Ramírez Hernández destacó fue la primera fiscalización a las ventanillas únicas de las 16 alcaldías, por el impacto que tienen en la atención cotidiana. Como resultado de esas revisiones se emitieron 28 observaciones —27 ya solventadas— sobre accesibilidad, formatos, protección de datos personales, seguimiento de trámites y capacitación del personal. La titular justificó el enfoque: “Estamos hablando de un espacio que en promedio de 400 atenciones al día en un año. Es decir, casi 100 mil atenciones al año. He ahí porqué nosotros enfocamos de entrada fiscalización a ventanilla única, porque impacta a la gente”.
En materia de combate a la corrupción, la Contraloría recibió 32,954 denuncias ciudadanas e incrementó 81 por ciento la resolución de asuntos mediante mecanismos de atención inmediata, para solucionar irregularidades de manera directa cuando no es necesario iniciar procedimientos formales. El informe también reporta un alza de 23.4 por ciento en la presentación de declaraciones patrimoniales de servidores públicos, impulsada por campañas de difusión y acompañamiento. “Cuando nosotros empujamos a que la gente declare, estamos empujando también que pues no sean merecedores de sanciones administrativas por una cuestión que se puede resolver de manera inmediata”, dijo ante las comisiones de Transparencia y de Rendición de Cuentas del Congreso capitalino.
La lectura política
El comparecer ante el Congreso no es un trámite menor: es el momento en que la Contraloría rinde cuentas ante el poder que puede cuestionarla. El informe entrega a la titular un argumento de legitimidad basado en volumen de acciones y en un cambio de método, pero no equivale a una evaluación independiente de resultados. Los datos de fiscalización, denuncias y expedientes concluidos son reportados por la propia dependencia; el Congreso y la Auditoría Superior de la Ciudad de México son las instancias que podrían contrastarlos. Quien gana margen es la Contraloría, que se presenta como institución con presencia territorial y capacidad de respuesta; quien queda bajo escrutinio es el propio Congreso, que debe decidir si esos números se traducen en sanciones efectivas o sólo en gestión administrativa.
El énfasis en la atención inmediata y en la resolución de expedientes sugiere una apuesta por reducir la percepción de impunidad sin multiplicar procedimientos formales. Esa ruta puede ser eficaz para destrabar casos menores, pero deja abierta la pregunta sobre los asuntos de mayor complejidad, donde la sanción administrativa requiere pruebas y tiempos que el informe no detalla. La primera fiscalización a ventanillas únicas de las 16 alcaldías es el cambio institucional más concreto del periodo, porque traslada la supervisión a un espacio de contacto directo con la ciudadanía.
Qué sigue
El Congreso de la Ciudad de México tiene en sus manos dar seguimiento a las observaciones y verificar si las 27 solventadas se traducen en mejoras verificables en la atención ciudadana. La Contraloría deberá explicar, en próximos informes, cuántas de las 32,954 denuncias derivaron en sanciones y cuántos de los 15,419 expedientes concluidos terminaron en responsabilidades administrativas firmes. Sin esos datos, el balance queda en el terreno de la gestión reportada. También queda pendiente saber si el nuevo modelo de fiscalización territorial se sostiene con recursos y personal suficientes, un elemento que la evidencia disponible no permite confirmar.
