Contraloría espera respuesta de Xochimilco por dron de casi 2 mdp

La titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, afirmó que la alcaldía de Xochimilco, encabezada por Circe Camacho Bastida, aún no responde a la solicitud de información sobre la adquisición de un dron por casi dos millones de pesos. El requerimiento busca aclarar si el equipo se compró, cómo se hizo, qué características tiene, para qué se utiliza y cuál fue el proceso de adquisición. Hasta ahora, la demarcación no ha entregado esa información.

La Contraloría capitalina mantiene abierta una solicitud a la alcaldía de Xochimilco sobre la compra de un dron de casi 2 millones de pesos, sin respuesta hasta ahora. La funcionaria explicó, al salir de su comparecencia ante diputados del Congreso capitalino, que su dependencia ya requirió los datos a la demarcación. “Básicamente estamos en la solicitud. Todo eso requiere que, en el dicho, solicitamos ya a la alcaldía información sobre si se adquirió, cómo se adquirió, qué tipo de características, en qué se utiliza y el proceso de adquisición. En eso vamos, en que nos conteste esa parte”, comentó Ramírez Hernández.

El caso no es menor. De acuerdo con la información publicada, la administración de Camacho Bastida pagó un millón 998 mil 274 pesos por un dron mediante adjudicación directa, sin transparentar el contrato ni mayores detalles. Del equipo se desconocen modelo, marca, fabricante, factura, uso y paradero, lo que impide verificar que el bien exista y opere como corresponde. La empresa implicada en la operación es Evolution Simbiotics, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en la calle Pitágoras 943, en Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, donde no se observó actividad empresarial. La firma sostuvo que el proyecto contemplaba dos equipos, uno de 233 mil 132 pesos y otro de 131 mil 59 pesos, aunque el contrato establece un solo equipo.

La comparecencia ante los diputados capitalinos colocó el tema en la agenda legislativa local. Ramírez Hernández fue cuestionada también sobre si la Contraloría abrió una investigación de oficio por este caso y por el patrón de contrataciones irregulares que, según la información disponible, involucra a las administraciones de Camacho Bastida, José Carlos Acosta y Avelino Rangel Méndez, con hasta 90 millones 99 mil 605 pesos otorgados a un solo proveedor. La evidencia disponible no permite confirmar si esa investigación existe; la funcionaria no ofreció una respuesta pública sobre ese punto en la información recogida.

La lectura política

El episodio coloca a la alcaldía de Xochimilco en una posición incómoda. La falta de respuesta a la Contraloría no es un detalle administrativo: es el primer filtro institucional que puede escalar a una revisión de fondo sobre el uso de recursos públicos en una demarcación de Morena. Si la alcaldía no contesta, la Contraloría tiene margen para actuar de oficio o para remitir el caso a otras instancias; si contesta, deberá explicar por qué se adjudicó directamente un equipo de casi dos millones de pesos sin contrato transparente y por qué el proveedor no tiene actividad visible en su domicilio fiscal.

Quien gana margen es la Contraloría, que puede presentarse como instancia que exige cuentas incluso dentro del mismo bloque político. Quien pierde margen es la alcaldía de Camacho Bastida, expuesta a que el silencio se lea como falta de cooperación. El Congreso capitalino también gana visibilidad: la comparecencia sirvió para que el tema saliera del ámbito administrativo y entrara al debate público. La oposición local puede usar el caso para exigir una revisión más amplia de las contrataciones en Xochimilco, mientras Morena enfrenta el costo de defender o deslindarse de una administración cuestionada.

Institucionalmente, lo que cambia es el nivel de escrutinio. La Contraloría pasó de una solicitud de información a un posible expediente de revisión, y la alcaldía quedó obligada a documentar una compra que hasta ahora no ha transparentado. El caso también pone a prueba la capacidad de la Contraloría para actuar con autonomía frente a un gobierno local del mismo partido.

Qué sigue

La alcaldía de Xochimilco debe responder a la solicitud de la Contraloría y entregar contrato, factura, características del equipo y destino del dron. Si no lo hace, la Contraloría deberá definir si abre una investigación de oficio y si solicita información a la empresa proveedora. El Congreso capitalino puede citar de nuevo a la funcionaria o a la alcaldesa para aclarar el caso. La pregunta pendiente es si la Contraloría confirmará una investigación formal y si el gobierno capitalino acompañará el escrutinio con acciones concretas.