Del Bosque se deslinda de 188 mdp en El Carmen y traslada presión a la ASE

El diputado local de Movimiento Ciudadano Francisco del Bosque se deslindó mediante un comunicado de las irregularidades financieras por 188 millones de pesos que la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León detectó en la cuenta pública 2024 del municipio de El Carmen, donde se desempeñó como secretario de Finanzas y tesorero durante la administración 2021-2024. El gesto no es menor: un legislador en funciones queda señalado por el manejo de recursos públicos de un ayuntamiento y responde con un texto, no con una comparecencia ni con la entrega de cifras cerradas.

El deslinde llega sin una cifra definitiva de observaciones aclaradas y con la solventación todavía en manos de la Auditoría. Según el propio legislador, alrededor de 86 millones de pesos corresponden al área de Obras Públicas del ayuntamiento, un dato que desplaza parte del peso del expediente hacia otra área y hacia los servidores que ahí operaban. Del Bosque afirmó que solicitó licencia a su cargo primero por 56 días y luego por tres meses, hasta presentar su renuncia, y sostuvo que quienes permanecieron al frente de Finanzas continúan atendiendo los requerimientos y procesos de solventación ante la ASE.

La defensa del diputado se apoya en una idea procedimental: que cada una de las 98 observaciones se revise de manera puntual, identificando el área responsable, los periodos correspondientes y los servidores públicos que tenían a su cargo la ejecución y comprobación de los recursos. Al pedir que la autoridad fiscalizadora determine el resultado, Del Bosque traslada la decisión política del caso a la ASE y a los tiempos de la solventación. También evita comprometerse con un número: dijo que no consideraba necesario dar una cifra definitiva sobre cuántas observaciones han sido aclaradas sin información oficial y actualizada.

El contexto institucional agrava la posición del legislador. La revisión de la cuenta pública 2024 arrojó un dictamen desfavorable o adverso por irregularidades que ascienden a 187 millones 976 mil 309 pesos, y el municipio estuvo encabezado por Humberto Medina Quiroga, inhabilitado por un año. Del Bosque, que pasó de Morena al grupo independiente y después a MC, construye su defensa sobre la distinción entre su periodo y las responsabilidades de cada área, pero esa distinción todavía no está documentada públicamente con el detalle que él mismo reclama.

La lectura política

El primer efecto es de desgaste para Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Un diputado de MC queda vinculado al expediente de una cuenta pública adversa y responde desde el cargo, no desde la gestión. La bancada pierde margen para presentarse como fiscalizadora del gasto municipal mientras uno de sus integrantes explica por qué no dio cifras cerradas sobre su propia área.

El segundo efecto es de traslado de presión. Al señalar que 86 millones corresponden a Obras Públicas y que los responsables de Finanzas siguen atendiendo requerimientos, Del Bosque gana tiempo político y coloca a la ASE en el centro de la decisión. Quien gana margen inmediato es el legislador; quien queda obligada a pronunciarse con precisión es la autoridad fiscalizadora. El costo es que el deslinde se sostiene en una promesa de revisión, no en resultados verificables.

El tercer efecto toca la relación entre el Congreso local y la auditoría. Si la ASE confirma responsabilidades individuales, el caso deja de ser un diferendo administrativo y se convierte en un asunto que el Poder Legislativo tendrá que procesar políticamente. Si la solventación se alarga sin nombres, el deslinde de Del Bosque quedará como una declaración sin respaldo documental público.

Qué sigue

La ruta previsible pasa por la respuesta de la Auditoría Superior del Estado: si actualiza el estatus de las 98 observaciones, si identifica áreas y periodos y si confirma o descarta responsabilidades sobre el paso de Del Bosque por Finanzas y Tesorería. También importa lo que ocurra con los responsables que permanecieron en el área y con el expediente del expresidente municipal inhabilitado.

Para el diputado, el siguiente paso lógico es entregar la información que dice no tener consolidada: cuántas observaciones se han solventado, con qué documentos y en qué periodos. Sin ese detalle, su deslinde queda en el terreno de la declaración. Para MC, la prueba será si su bancada pide o no una revisión puntual ante la ASE y si sostiene esa exigencia con votos y pronunciamientos. Falta además conocer si el Congreso local abre un espacio formal para que el caso se discuta más allá del comunicado.

El asunto personal que el legislador mencionó al final de su texto, relacionado con un procedimiento judicial contra su esposa, no forma parte del expediente de El Carmen y no debe mezclarse con él sin evidencia que los conecte. La nota se limita a lo que el propio comunicado y la revisión de la cuenta pública permiten sostener.