Guanajuato exhorta al IMSS a iniciar hospital de Irapuato en 2027

El Pleno de la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó un exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para concretar la construcción del nuevo Hospital General de Zona en Irapuato e iniciar la obra en el ejercicio fiscal 2027. La decisión tiene un significado público inmediato: el Congreso convierte en postura institucional una demanda de infraestructura sanitaria que, hasta ahora, no ha encontrado partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El exhorto nació de un punto de acuerdo de obvia resolución presentado por el grupo parlamentario del PAN, la representación del PRD y la diputada Luz Itzel Mendo González. El texto sostiene que el acceso a servicios médicos suficientes y oportunos es condición indispensable para garantizar el derecho a la protección de la salud.

El diagnóstico que acompaña la petición es contundente. El actual Hospital General de Zona del IMSS en Irapuato opera desde hace más de cinco décadas y presenta condiciones de saturación, con una ocupación promedio de 110.5 por ciento y de 125 por ciento en urgencias durante 2021, según los estudios citados en el documento. El inmueble atiende también a población de Salamanca, Cuerámaro, Abasolo, Huanímaro, Pueblo Nuevo y Romita.

El proyecto no parte de cero. El Consejo Técnico del IMSS aprobó en agosto de 2023 la donación del predio La Palma, de 50 mil metros cuadrados, para un hospital de 216 camas con inversión estimada de 2 mil 857 millones de pesos, y la propiedad quedó formalizada en diciembre de 2024. El municipio de Irapuato, se añade, destinó recursos a terrenos colindantes y obras de acceso. El propio IMSS estimó una población beneficiaria de 352 mil 496 personas, con proyecciones de hasta 362 mil derechohabientes.

El punto crítico es presupuestal. Pese a las gestiones y a los compromisos públicos de revisar el proyecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 no contempla recursos para ejecutar la obra, señala el documento aprobado. Ahí se concentra la disputa política.

La lectura política

El exhorto es un instrumento sin fuerza vinculante, pero con valor político: fija la posición del Congreso y traslada la responsabilidad operativa al IMSS y a Hacienda. Quien gana margen es el gobierno estatal y el municipio, que pueden exhibir cumplimiento local —predio entregado y accesos— y colocar la pelota en la cancha federal. Quien queda bajo presión es la federación, particularmente Hacienda, que deberá explicar si existe o no bolsa para el proyecto.

La discusión mostró además la fractura partidista. El diputado Antonio Chaurand Sorzano habló en contra y sostuvo que se ha rechazado sistemáticamente la adhesión de Guanajuato al IMSS-Bienestar, lo que a su juicio contradice la petición de nueva infraestructura del IMSS tradicional. El morenista David Martínez Mendizábal argumentó que la ausencia de un rubro específico no implica que no existan bolsas generales de donde puedan fluir recursos, y pidió demostrar que la salud de Irapuato fue prioridad real y no solo compromiso discursivo. La morenista Maribel Aguilar González sostuvo que el interés es compartido y que nadie ha dicho que no se construirá.

En rectificación de hechos, Roberto Carlos Terán Ramos afirmó que ningún trámite puede sustituir la responsabilidad del Estado de brindar servicios dignos y que Irapuato ya cumplió. Víctor Manuel Zanella Huerta, a favor, subrayó que la exigencia no responde a colores partidistas y reprochó que, pese a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de revisar el proyecto, no se etiquetó partida.

El cambio institucional es acotado pero relevante: el Congreso deja constancia formal de que el proyecto está listo en papel y frenado en presupuesto. No obliga a la federación, pero complica políticamente una negativa silenciosa.

Qué sigue

La pelota queda en el IMSS y en Hacienda, que deberán responder al exhorto y aclarar si el hospital puede financiarse con bolsas generales o mediante reasignación en el próximo ejercicio. El Congreso no tiene facultad para etiquetar recursos federales, de modo que su siguiente movimiento posible sería insistir en el presupuesto estatal o exigir comparecencias. Para sostener una lectura más fuerte sobre la viabilidad real del proyecto falta un elemento: la respuesta oficial de Hacienda sobre la disponibilidad de recursos y el calendario de ejecución.