POLÍTICA · MEDIUM
Hidalgo: 30 municipios contra ampliar facultades de alcaldes, 26 a favor
El recuento preliminar presentado por el diputado Miguel Moreno Zamora aún carece de respaldo documental y el Congreso espera las minutas de los cabildos para oficializar el resultado.
La reforma constitucional de Hidalgo que permitiría a los alcaldes firmar contratos sin autorización del Cabildo suma, de forma preliminar, 30 municipios en contra y 26 a favor, según el diputado Miguel Moreno Zamora. Las cifras provienen de reportes en redes sociales, no de actas oficiales. El Congreso estatal debe recibir las minutas de cada ayuntamiento para validar el proceso, que no tiene pla
La reforma constitucional que ampliaría las facultades de los alcaldes de Hidalgo para firmar contratos sin autorización del Cabildo acumula un balance preliminar de 30 municipios en contra y 26 a favor, según datos presentados por el diputado Miguel Moreno Zamora el 12 de noviembre de 2026. El dato no es un resultado oficial: proviene de reportes difundidos en redes sociales y aún requiere respaldo documental. Pero ya perfila una disputa institucional sobre dónde se concentra el poder de contratación en los ayuntamientos y anticipa un pulso entre cabildos, presidencias municipales y el Congreso estatal.
Moreno Zamora, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Hidalgo, explicó que la información disponible procede de publicaciones de regidores y ciudadanos. Por esa razón, señaló que el balance no representa todavía un resultado oficial del procedimiento. El recuento de 30 contra 26 es preliminar y se alimenta de publicaciones en redes, no de actas de cabildo, por lo que cualquier lectura de triunfo o derrota es prematura.
La propuesta modifica la fracción XV del artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Su contenido plantea ampliar las atribuciones de los presidentes municipales en materia de contratación, un cambio que ha generado posiciones distintas entre los ayuntamientos consultados. En términos institucionales, la reforma trasladaría margen de decisión del Cabildo —el órgano colegiado donde suelen pesar las distintas fuerzas políticas locales— hacia la figura unipersonal del alcalde. Si la reforma prospera, los cabildos perderían capacidad de autorización sobre contratos y los alcaldes ganarían margen de maniobra directa en materia de contratación municipal.
El caso de Tula ilustra la fragilidad del recuento. Sobre ese municipio existen reportes que ubican la votación a favor de la reforma y otros que la colocan en contra. Para resolver esa diferencia, el Congreso necesita revisar la documentación emitida por el ayuntamiento. El diputado también fue consultado sobre los recuentos compartidos por un regidor de San Agustín Tlaxiaca y una regidora de Apan, publicaciones que muestran un supuesto avance de las decisiones municipales y forman parte de la información que circula públicamente. Respecto de Jacala y La Misión, mencionó reportes del martes que señalan la aprobación de la iniciativa en ambos municipios, aunque la confirmación depende de las actas correspondientes.
La lectura política
El episodio deja ver una disputa por el control de la contratación pública en el nivel más cercano al ciudadano. Quienes defienden la reforma suelen argumentar agilidad administrativa; quienes la adversan advierten que concentra facultades sin contrapesos locales. Con el recuento aún abierto, ninguno de los dos bandos puede reclamar una mayoría consolidada. El hecho de que el propio presidente de la Comisión de Hacienda califique el balance como preliminar sugiere que el Congreso no tiene aún la certeza documental para cerrar el procedimiento, y esa ambigüedad otorga peso a los cabildos que aún no definen su postura.
Moreno Zamora explicó que las listas en redes sociales alimentan el debate y permiten observar una tendencia preliminar. Para establecer el sentido de cada decisión, Servicios Legislativos deberá contar con las minutas remitidas por los cabildos. Es decir, el paso de la conversación digital al registro institucional es lo que determinará si el 30 contra 26 se sostiene o se revierte. La validación depende de las minutas de cabildo, no de los pronunciamientos públicos, de modo que los municipios con versiones contradictorias —como Tula— se vuelven el punto más vulnerable del recuento.
El legislador afirmó que no existe un plazo específico para que los municipios terminen de discutir la modificación constitucional y envíen sus acuerdos al Congreso de Hidalgo. Según su explicación, el trámite puede extenderse uno o dos meses, pues no hay un término establecido que obligue a acelerar las sesiones o la entrega de documentos. Esa ausencia de fecha límite es, en sí misma, un dato político: sin plazo definido, la reforma queda en un compás de espera que favorece a quienes pueden administrar el tiempo y presiona a los cabildos que aún no han votado.
Qué sigue
El Congreso de Hidalgo deberá recibir las minutas de las sesiones de Cabildo para establecer el resultado de las votaciones. Hasta entonces, los pronunciamientos atribuidos a cada ayuntamiento permanecen sujetos a revisión, especialmente donde circulan versiones contradictorias. Servicios Legislativos tendrá que cotejar actas y resolver los casos disputados antes de que el proceso pueda considerarse cerrado. No hay fecha límite para completar el procedimiento, y el propio legislador estimó que podría tomar uno o dos meses. La pregunta abierta es si el recuento preliminar se confirma cuando lleguen los documentos o si la correlación de fuerzas cambia cuando los cabildos formalicen sus acuerdos.