Karina Ruiz pide licencia tras 72 faltas y cobro de 335 mil pesos

La senadora de Morena Karina Isabel Ruiz Ruiz solicitó licencia al Senado para separarse de sus funciones a partir de este martes y hasta el 15 de diciembre, en medio de críticas por acumular 72 faltas y haber cobrado 335 mil pesos durante su ausencia. El movimiento convierte un caso individual de inasistencia en un problema institucional: el pleno avaló la salida de una legisladora cuya asistencia ya estaba en entredicho y cuya reincorporación está programada un día después de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

La licencia de Karina Ruiz llega después de 72 faltas y de un cobro de 335 mil pesos que la oposición convirtió en el eje del cuestionamiento. El dato no es menor: se trata de una legisladora que reside en Phoenix, Arizona, y que según reportes no ha podido viajar a México por una situación migratoria derivada del vencimiento de su permiso de residencia en Estados Unidos. Esa explicación, sin embargo, no ha sido suficiente para desactivar la crítica política, porque el conflicto combina dos planos distintos: la situación personal de la senadora y el cumplimiento de las obligaciones que su escaño impone.

El Senado justificó 12 inasistencias al pleno para evitar la expulsión de Karina Ruiz. Ese dato es clave para entender el alcance institucional del caso. El Senado justificó 12 faltas para evitar la expulsión de la senadora, lo que sugiere que el costo político se trasladó del ámbito individual al funcionamiento del propio pleno. La decisión de justificar inasistencias no es un trámite menor: modifica el registro formal de la conducta legislativa y establece un precedente sobre cómo la mayoría procesa las ausencias de sus propios integrantes cuando están en juego equilibrios internos.

La senadora del PRI Claudia Anaya cuestionó la situación y señaló que Morena está violentando el reglamento del Congreso. La acusación de Claudia Anaya de que Morena violenta el reglamento instala el caso en el terreno del conflicto entre partidos, no solo en el de la responsabilidad individual. Con ello, la oposición gana un argumento para exigir reglas más estrictas sobre asistencia y remuneración, mientras Morena queda en la posición de defender una licencia que, vista desde fuera, puede leerse como una salida administrativa a un problema político.

La lectura política

El caso deja varios movimientos de margen. Karina Ruiz pierde capacidad de maniobra pública: su regreso está programado para el 16 de diciembre, cuando el periodo ordinario ya habrá concluido, de modo que su reincorporación formal no coincidirá con el momento de mayor escrutinio legislativo. La reincorporación de Ruiz está fijada para el 16 de diciembre, un día después del cierre del periodo ordinario, lo que reduce su exposición a las sesiones y a las críticas en el pleno. Esa coincidencia no prueba una intención, pero sí tiene un efecto verificable sobre la visibilidad de su regreso.

Morena, por su parte, enfrenta un costo de imagen acotado pero real. La mayoría optó por justificar 12 faltas y por permitir la licencia, lo que evita una confrontación interna inmediata pero deja abierta la pregunta sobre el criterio con el que se sancionan las ausencias. La oposición, en particular el PRI, gana un tema para la agenda de transparencia y control del gasto legislativo, aunque su capacidad de traducirlo en una sanción concreta depende de que exista una mayoría dispuesta a revisar el reglamento.

Institucionalmente, lo que cambia es el registro de asistencia y la interpretación de las reglas sobre faltas. Lo que no cambia, con la evidencia disponible, es el marco normativo: no hay en el expediente una reforma aprobada ni una sanción distinta a la justificación de 12 inasistencias. Falta conocer si el Senado hará público el criterio con el que justificó esas faltas y si la licencia se acompaña de algún ajuste en la remuneración de la senadora, un elemento que la evidencia no precisa.

Qué sigue

El calendario marca el siguiente punto de control. La senadora se reincorpora el 16 de diciembre, después de que concluya el periodo ordinario, por lo que su regreso formal no coincidirá con las sesiones de mayor visibilidad. El siguiente punto de control es el 16 de diciembre, cuando Ruiz debe reincorporarse a un Senado que ya habrá cerrado su periodo ordinario.

Queda por verse si la oposición insiste en el caso durante el próximo periodo de sesiones y si la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política fijan una postura sobre el criterio de justificación de faltas. También está pendiente saber si la situación migratoria que reportes atribuyen a la senadora se resuelve antes de esa fecha, porque de ello depende que pueda ejercer el escaño de forma presencial. Sin esos elementos, la lectura política del caso queda acotada a lo verificable: una licencia solicitada en medio de críticas, un cobro cuestionado y un pleno que optó por justificar parte de las ausencias.