POLÍTICA · MEDIUM
OAJ designa al frente de la Escuela Judicial a un cercano de Aguilar sin aviso público
Víctor Leonel Juan Martínez controlará los exámenes de la carrera judicial y la capacitación nacional de operadores, tras un nombramiento sin avisos internos ni públicos.
El Órgano de Administración Judicial designó a Víctor Leonel Juan Martínez, cercano al presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, como titular de la Escuela Nacional de Formación Judicial, sin nombramientos públicos ni avisos internos. Tendrá a su cargo los exámenes de evaluación del personal de carrera judicial y la capacitación de operadores de todos los poderes judiciales. Antes dirigía Derecho
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) designó a Víctor Leonel Juan Martínez como nuevo titular de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ), sin nombramientos públicos ni avisos internos. El cargo no es menor: desde ahí se elaboran los exámenes de evaluación del personal de carrera judicial y se encabeza la capacitación nacional de operadores de todos los poderes judiciales del país.
La designación coloca a un cercano al presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, al frente del aparato que evalúa y forma al personal judicial de todo el país. Juan Martínez era, hasta antes de este movimiento, Director General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la SCJN, nombramiento que obtuvo directamente de Aguilar Ortiz. Ambos son originarios de Oaxaca y egresados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; coincidieron en la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca durante la administración de Gabino Cué, donde Aguilar era subsecretario y Juan Martínez integró el Comité Técnico de Expertos para la Reforma Constitucional Indígena.
El perfil público de Juan Martínez, según la síntesis curricular difundida, no registra experiencia previa en ningún órgano jurisdiccional antes de llegar a la Corte. Ayer tuvo su primer acto público como director de la ENFJ, en la conferencia “Entre la ley y la costumbre. 50 años de lucha por una justicia pluricultural”, impartida por Diego Iturralde Guerrero.
La lectura política
El OAJ entrega a un allegado del presidente de la Corte el control de dos funciones sensibles: la evaluación del personal de carrera judicial y la formación de operadores de todos los poderes judiciales. Eso concentra en una sola línea de mando la definición de quién acredita y cómo se capacita dentro del Poder Judicial. Quien elabora los exámenes condiciona trayectorias, ascensos y permanencias; quien diseña la capacitación nacional fija el marco doctrinal y práctico con el que operan juzgadores de todo el país.
El hecho de que el nombramiento se haya hecho sin avisos públicos ni internos es el dato institucional más relevante. La opacidad del procedimiento resta legitimidad interna a un cargo que, por definición, debe ser percibido como árbitro neutral de la carrera judicial. No hay en la evidencia elementos para afirmar que el OAJ haya incumplido una norma específica de publicidad; lo que falta es el registro público del proceso de selección, la convocatoria y los criterios de designación, que permitirían evaluar si hubo competencia real por el puesto.
El vínculo previo entre Aguilar Ortiz y Juan Martínez —origen común, universidad, paso por la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca y un nombramiento directo en la SCJN— no prueba por sí mismo un intercambio de favores, pero sí configura una relación de confianza que explica la designación. El costo político recae sobre Aguilar Ortiz: refuerza la percepción de que el presidente de la Corte construye una red de lealtades en puestos estratégicos del aparato judicial.
Los perdedores de margen son los sectores internos que aspiran a que la ENFJ opere con criterios técnicos verificables y los operadores judiciales de los estados, que verán sus evaluaciones y capacitación definidas por un titular sin trayectoria jurisdiccional previa. Los ganadores son la presidencia de la SCJN y su capacidad de alinear la formación judicial con su proyecto.
Qué sigue
El primer test será la elaboración de los exámenes de evaluación del personal de carrera judicial: si el calendario, los criterios y los contenidos se hacen públicos y si se abre un mecanismo de revisión o impugnación. El segundo será la capacitación nacional de operadores: conviene observar si se consulta a los poderes judiciales estatales o si se impone desde la ENFJ. Falta también conocer si el OAJ publicará el acuerdo de designación y si existe una convocatoria formal. Sin esos elementos, la lectura de concentración de poder queda respaldada por el patrón, pero no puede cerrarse como conclusión institucional.