Paro en COBACAM paraliza 37 planteles y presiona al gobierno de Campeche

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (SUTCOBACAM) inició este 12 de noviembre una jornada de brazos caídos en los 37 centros educativos del subsistema, una medida que mantiene a más de 10 mil alumnos sin clases regulares y que traslada al espacio público un conflicto laboral que hasta ahora se dirimía en mesas administrativas y juzgados. Los trabajadores acuden a sus centros laborales y permanecen en ellos durante el horario habitual, pero sin realizar actividades: es una forma de presión que no rompe formalmente la relación laboral, pero sí suspende el servicio educativo.

La jornada de brazos caídos en los 37 planteles del COBACAM convierte un adeudo administrativo en una crisis educativa visible para el gobierno de Campeche. El sindicato no reclama un aumento discrecional: exige la firma y envío de los anexos modificatorios de ejecución necesarios para tramitar el pago de la homologación y renivelación salarial correspondiente a 2026, además de la regularización de la prima de antigüedad, el cumplimiento de la cláusula 79 del Contrato Colectivo de Trabajo sobre prima de retiro y la publicación de convocatorias de basificación, compactación y año sabático.

El conflicto tiene un componente de credibilidad institucional. Según el SUTCOBACAM, la Dirección General del COBACAM se comprometió ante el juzgado laboral a cubrir el incremento salarial el pasado 30 de octubre, pero el recurso continúa pendiente y no ha recibido respuesta favorable. Esa versión no ha sido confirmada ni desmentida públicamente por la Dirección General, cuya postura sigue sin conocerse. Esa ausencia de respuesta es, en sí misma, un dato político: deja al sindicato con el control del relato y al gobierno estatal con la carga de explicar por qué un compromiso documentado ante una autoridad jurisdiccional no se tradujo en pago.

La lectura política

El SUTCOBACAM gana visibilidad y capacidad de presión, pero asume el costo de aparecer ante la opinión pública como el actor que detiene las clases. Su apuesta es que el costo político de los más de 10 mil alumnos afectados recaiga sobre las autoridades educativas y estatales, no sobre el sindicato. Para sostener esa lectura necesita que la demanda sea percibida como legítima y acotada: pagos ya comprometidos, no una negociación salarial abierta.

El gobierno de Campeche y la Dirección General del COBACAM pierden margen de maniobra. La firma de anexos es un acto administrativo que depende de la cadena estatal y federal; mientras no se concrete, el conflicto escala y el emplazamiento a huelga del 23 de noviembre de 2026 se convierte en una fecha límite concreta. La autoridad estatal enfrenta además un problema de doble señal: si paga, concede ante una medida de fuerza; si no paga, arriesga una huelga formal con impacto educativo mayor.

El SITCOBACAM rechazó la protesta con el posicionamiento "No al atentado a la educación en COBACAM, sí al diálogo" y pidió privilegiar la negociación, lo que fragmenta la representación sindical y debilita el frente laboral. El SITCOBACAM cuestionó la forma en que el sindicato mayoritario negoció el retroactivo salarial, sostuvo que la cláusula cuarta transitoria del contrato establece que el incremento anual lo determina la autoridad federal competente, con efecto retroactivo al 1 de febrero y pago a más tardar en diciembre, e informó que interpuso un amparo contra cláusulas que considera excluyentes del contrato colectivo de 2026. También señaló diferencias por prestaciones estatales como el Estímulo al Desempeño Administrativo.

Esa división importa porque cambia la naturaleza institucional del conflicto: ya no es solo un pulso entre sindicato y patronal, sino una disputa entre dos organizaciones con lecturas distintas del mismo contrato colectivo. Para el gobierno estatal, negociar con un sindicato dividido es más complejo y más costoso políticamente; para el SUTCOBACAM, la existencia de un contrapeso sindical que llama al diálogo erosiona el argumento de que la protesta es la única vía.

Qué sigue

El SUTCOBACAM no ha anunciado fecha para concluir la jornada de brazos caídos. La incógnita inmediata es si la Dirección General del COBACAM firma y envía los anexos, entrega por escrito la constancia de recepción por parte de la federación y fija fechas concretas de pago y publicación de convocatorias, que es lo que el sindicato exige para desactivar la medida.

El 23 de noviembre de 2026 permanece como la fecha señalada para un posible estallamiento de huelga. Si no hay respuesta documentada antes de esa fecha, el conflicto pasará de brazos caídos a huelga formal, con un costo educativo y político mayor para el gobierno de Campeche. Falta conocer la postura pública de la Dirección General del COBACAM y de las autoridades estatales: sin ella, no es posible determinar si existe una ruta de solución o si el pulso se extenderá hasta la fecha límite.