Sheinbaum niega crisis en el IPN y abre consulta para elegir director

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) atraviese una crisis académica, institucional y financiera, pese a los cuestionamientos de egresados, académicos e investigadores sobre el deterioro de la institución. En vísperas de la designación de un nuevo director general, la mandataria defendió los resultados científicos del Politécnico y sostuvo que su desempeño en patentes contradice la idea de un colapso interno.

“No considero que esté en una crisis el Poli, no lo considero. De hecho, es la institución que más patentes sacó en los últimos dos años. Si hubiera una crisis tremenda, pues no hubiera sido posible ello”, afirmó Sheinbaum. La declaración no solo responde a las quejas de la comunidad: fija una posición pública del Gobierno federal sobre el estado del IPN y desplaza el foco de la discusión hacia los indicadores de producción científica.

El contexto inmediato es el relevo de Arturo Reyes Sandoval, cuya gestión concluye en diciembre. La Secretaría de Educación Pública publicó el 29 de octubre la convocatoria para el proceso, que incluye una consulta digital a la comunidad del 25 al 27 de noviembre, después de la revisión de expedientes y la publicación de aspirantes elegibles prevista para el 18. Al final se presentarán a la Presidenta dos listas, con tres mujeres y tres hombres, entre quienes se hará la designación.

Sheinbaum explicó que su Gobierno decidió modificar el mecanismo de selección para incorporar la opinión de la comunidad politécnica, en lugar de mantener únicamente la designación presidencial. “Nosotros decidimos hacer una consulta, a diferencia de antes que solamente se nombraba por el presidente o la presidenta. Entonces se está llevando a cabo una consulta”, dijo. El cambio tiene alcance institucional: convierte un nombramiento tradicionalmente discrecional en un procedimiento con participación interna, aunque la decisión final sigue en manos de la Presidencia.

La mandataria también planteó que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informe sobre el desarrollo de la consulta y las condiciones de participación de estudiantes, académicos y trabajadores. Ese señalamiento sugiere que el Gobierno busca acotar la discusión a un proceso ordenado y verificable, pero también deja abierta la pregunta sobre qué tan vinculantes serán los resultados de la consulta y cómo se resolverán las inconformidades si la comunidad no se siente representada.

La lectura política

El episodio muestra a una Presidenta que defiende a una institución emblemática del Estado mexicano mientras enfrenta reclamos internos. La negativa a reconocer una crisis y el énfasis en las patentes funcionan como una respuesta política: si el IPN estuviera en deterioro profundo, el Gobierno cargaría con el costo de no haber intervenido antes. Al mismo tiempo, la consulta le permite presentar el relevo como una apertura democrática y no como una imposición.

Quien gana margen es la Presidencia, que conserva la decisión final pero suma un mecanismo de legitimación. Quienes pierden margen son las voces críticas de la comunidad, cuyas denuncias sobre deterioro académico, institucional y financiero quedan subordinadas a un indicador exitoso y a un proceso que aún no concluye. La comunidad politécnica gana, en principio, un canal de participación, pero su peso real dependerá de cómo se procesen los resultados y de si la terna final refleja o no la consulta.

El antecedente inmediato es la convocatoria del 29 de octubre y el calendario que lleva a la consulta de noviembre. No hay en la evidencia disponible una evaluación independiente sobre la situación financiera del IPN ni sobre la magnitud de las quejas, por lo que la afirmación presidencial sobre las patentes no puede contrastarse aquí con otras métricas. Esa ausencia es relevante: sin datos públicos comparables, la disputa entre “crisis” y “resultados” queda planteada en términos políticos más que técnicos.

Qué sigue

El proceso entra en su fase decisiva. La revisión de expedientes y la publicación de aspirantes elegibles está prevista para el 18 de noviembre; la consulta digital, del 25 al 27. Después se integrarán las dos listas de tres mujeres y tres hombres, y la Presidenta hará la designación. El punto crítico será si el secretario Mario Delgado informa con suficiente detalle sobre la participación y si el resultado de la consulta se traduce en la terna final. Si la comunidad percibe que su opinión no incide, el conflicto podría reabrirse justo cuando el Gobierno busca cerrarlo con un relevo ordenado.