Acosta Naranjo niega lazo con contratistas y desplaza el foco al INE

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, rechazó tener vínculos con los empresarios Hernández Casillas, señalados en presuntas irregularidades relacionadas con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), y ofreció renunciar a la dirección del partido si se presenta una sola fotografía que lo vincule con ellos. La respuesta no es un trámite: ocurre después de que el caso se mencionara en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se aludió a Juan Carlos Padilla Aguilar, integrante de Somos México en el Estado de México, por presuntos nexos con esos empresarios.

Acosta Naranjo afirmó que no conoce a los hermanos Hernández Casillas y negó cualquier participación en la asignación de contratos del organismo electoral. Dijo que conoció a Padilla en 2022, durante las movilizaciones en defensa del INE, y que los señalamientos contra este último remiten a una relación laboral de hace aproximadamente 40 años. La precisión importa: el dirigente no responde por el conjunto de Somos, sino por su propia conducta y por la de un militante señalado, y lo hace con una apuesta personal verificable —su renuncia— que traslada la carga de la prueba a quien lo acusa.

El dirigente no se quedó en la negación. Sostuvo que la discusión de fondo son las decisiones que modificaron el funcionamiento interno del INE y concentraron atribuciones en la presidencia del organismo. Criticó que se hayan otorgado mayores facultades a Guadalupe Taddei en detrimento de los órganos colegiados que, desde su perspectiva, operaban como contrapesos para vigilar decisiones administrativas y contractuales. “Con esos superpoderes hicieron estos contratos leoninos, abusivos, y esta cosa que la palabra correcta es obscena”, expresó. Calificó el manejo del instituto como “unipersonal, discrecional, contra un órgano que es colegiado por naturaleza”.

El dirigente también cuestionó el proceso que se prepara para designar a la próxima presidencia del INE y advirtió que podría repetirse el mecanismo usado en el nombramiento de Taddei. A su juicio, la integración de un comité técnico de evaluación y la conformación de una quinteta de aspirantes podrían responder a los intereses del partido en el gobierno. “Están poniendo la misma fórmula con la que nombraron a Taddei”, advirtió. Es una acusación política, no una resolución administrativa: no existe en la evidencia disponible un fallo que acredite ese sesgo, y la afirmación debe leerse como posición de un opositor, no como hecho probado.

Acosta Naranjo pidió que las investigaciones sobre posibles actos de corrupción continúen y que los responsables sean sancionados, pero evitó que los señalamientos desacrediten a la institución completa. “Está bien que combatamos la corrupción y hay que castigarla, y con energía, para que haya claridad. No es la institución, es este asalto de Morena, que todo lo que toca lo corrompe”, expresó. Y añadió una frase que revela su cálculo: “Lo que más me interesa es que estamos discutiendo eso mientras ellos se preparan”.

La lectura política

El movimiento de Acosta Naranjo cumple una función práctica: desplazar el terreno de la disputa de su persona y su partido hacia el diseño institucional del INE y el proceso de relevo en su presidencia. Si el caso de los contratistas se queda en el ámbito personal, Somos México carga con el costo de una sospecha ajena a su dirigencia; si se traslada al ámbito institucional, el costo se reparte con la autoridad electoral y con el gobierno federal que ventiló el asunto en la mañanera. Es una operación de encuadre, no una candidatura.

El incentivo es claro para un partido que no tiene aún posiciones formales rumbo a 2027. Somos México convocó en octubre de 2026 a un frente ciudadano para defender la autonomía del INE y a movilizaciones para el 26 de octubre; su dirigente anunció conversaciones con movimientos sociales y abrió la posibilidad de candidaturas externas a diputaciones federales con selección por primarias. En ese contexto, la bandera de la autonomía electoral funciona como eje de posicionamiento y como argumento para agrupar a opositores, sin que exista todavía una precandidatura de facto ni una coalición registrada. Lo que hay es una aspiración y una estrategia de vocería.

El equilibrio interno de Somos México queda expuesto: el señalamiento contra un integrante en el Estado de México obliga al dirigente a responder por su militancia y a fijar un límite entre la defensa del partido y la condena de conductas individuales. La oferta de renunciar es, en los hechos, una medida de contención de una posible ruptura: si el caso escala, el dirigente ya colocó su cargo como garantía. La señal a aliados es que Somos no protegerá a señalados; la señal a adversarios es que no aceptará que el caso se use para desacreditar la causa de la autonomía electoral.

El límite de la lectura es preciso: no hay en la evidencia una resolución judicial o administrativa que acredite los vínculos que Acosta Naranjo niega, ni un fallo que confirme su tesis sobre la concentración de facultades en la presidencia del INE. Lo que existe es una acusación ventilada en conferencia, una negación pública y una disputa sobre el proceso de relevo. La consecuencia electoral dependerá de si el caso se judicializa y de si el Senado repite o modifica la fórmula de 2023 para elegir a la próxima presidencia del árbitro.

Qué sigue

El proceso de designación de la presidencia del INE es el próximo punto verificable: la integración del comité técnico de evaluación y la conformación de la quinteta de aspirantes definirán si se replica el mecanismo de 2023, como advierte Acosta Naranjo, o si el Senado introduce cambios. En paralelo, las investigaciones sobre los contratos señalados deben avanzar hacia resoluciones concretas; hasta que exista una sanción o un dictamen, el caso permanece en el terreno de la acusación. Somos México, por su parte, tiene pendiente definir si su frente ciudadano se traduce en una coalición formal rumbo a 2027 o se queda como plataforma de movilización.