Anaya exige unanimidad para nueva presidenta del INE rumbo a 2027

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, exigió que la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) —quien sustituirá a Guadalupe Taddei Zavala— sea electa por unanimidad en la Cámara de Diputados. El planteamiento no es un trámite: Anaya convierte el relevo del árbitro electoral en una prueba pública de imparcialidad a menos de un año de los comicios de 2027, y coloca a Morena, que controla la Cámara, frente a la disyuntiva de negociar un perfil de consenso o cargar con el costo de imponerlo.

El senador por Querétaro acompañó la exigencia con dos condiciones adicionales. La primera es de perfil: "una persona que tenga carrera en materia electoral, que sea una persona que dé confianza a todas y a todos". La segunda es normativa: revertir la reforma a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), aprobada en octubre de 2024, que facultó al presidente del INE a designar de manera directa a los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, al suprimir la obligación de hacerlo de forma colegiada en el Consejo General.

La crítica de Anaya se apoya en un argumento institucional verificable: la concentración de facultades en la presidencia del INE redujo los contrapesos internos del Consejo General. "Le dieron todo el poder a una sola persona", sostuvo, y vinculó esa arquitectura con los señalamientos que ha hecho contra Taddei por contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Es pertinente precisar la naturaleza de esas acusaciones: son señalamientos políticos del propio Anaya, no una resolución judicial o administrativa firme. El senador también recordó que su partido votó en contra de la enmienda legal.

El contexto inmediato importa. Días antes, Anaya había exigido la comparecencia de Taddei ante el Senado para rendir cuentas sobre contratos y vínculos con proveedores, en el marco de la fiscalización electoral previa a 2027. En septiembre acusó al INE de operar como un "árbitro electoral ausente" ante presuntos actos anticipados de campaña. La exigencia de unanimidad no llega aislada: forma parte de una secuencia de presión parlamentaria sobre el árbitro electoral.

La lectura política

En la práctica, la demanda de unanimidad funciona como un mecanismo de veto político. La Cámara de Diputados puede elegir a la presidenta del INE por mayoría; exigir unanimidad equivale a pedir que el nombramiento requiera el concurso de la oposición. Si Morena acepta, gana legitimidad el perfil pero pierde margen para colocar a alguien afín; si no acepta, Anaya obtiene un argumento de campaña: el árbitro de 2027 nació sin consenso.

El incentivo de Anaya es doble: condiciona el relevo de Taddei y, al mismo tiempo, se posiciona como el opositor que fija la agenda de la integridad electoral. No es una candidatura formal ni una precandidatura registrada; es un posicionamiento con función de ordenamiento político rumbo a 2027, en un partido que aún no define su proceso interno. La exigencia le permite hablarle a un electorado que desconfía del árbitro sin comprometerse todavía con una aspiración propia.

El límite es claro: la unanimidad no está prevista como requisito legal y depende de la voluntad de Morena. La reforma a la Legipe tampoco se revierte con una declaración; requiere mayoría en ambas cámaras. Lo que Anaya construye, por ahora, es un estándar público contra el cual se medirá el nombramiento.

Qué sigue

El relevo de Taddei deberá resolverse en la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados tienen mayoría. La pregunta verificable es si el grupo mayoritario abre un proceso de auscultación con la oposición o impone un perfil por votación de mayoría. En paralelo, la reversión de los artículos 45 y 48 de la Legipe requeriría una nueva iniciativa y su discusión en comisiones; hasta ahora no hay evidencia de que exista. El Senado, por su parte, mantiene pendiente la comparecencia de Taddei que Anaya ha solicitado.