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RUTA 27 · MEDIUM

Córdova responde a Sheinbaum: auditar su gestión no toca la crisis del INE

El expresidente del INE sostuvo que su administración fue una de las más auditadas y que ni la ASF ni el Órgano Interno de Control hallaron irregularidades relevantes. El intercambio desplaza la discusión de los contratos hacia el terreno de la legitimidad del árbitro electoral.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre financiamiento y fiscalización electoral
Ilustración editorial de Ruta 27.
EN 30 SEGUNDOS

Lorenzo Córdova, expresidente del INE entre 2014 y 2023, respondió a Claudia Sheinbaum, quien planteó que la ASF audite su gestión. Córdova afirmó que el instituto fue de los más auditados y que no se detectaron irregularidades relevantes. El cruce importa rumbo a 2027: coloca la fiscalización del árbitro electoral en el centro del debate político y anticipa la disputa por su control.

Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) entre 2014 y 2023, respondió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había planteado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise los contratos del organismo, incluidos los de su administración. En una publicación en X, Córdova sostuvo que su gestión fue transparente y que no tiene "nada que temer" ante eventuales revisiones. El intercambio no es un trámite de fiscalización: es una disputa por quién define el diagnóstico de la crisis del árbitro electoral a un año del arranque formal del proceso 2027.

Córdova afirmó que el INE fue una de las instituciones más auditadas del país y que la ASF no encontró irregularidades en su gestión. Según su versión, las observaciones del órgano fiscalizador fueron atendidas en tiempo y forma. Añadió que el Órgano Interno de Control, cuyo titular en 2019 fue nombrado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, no detectó irregularidades relevantes y sancionó las que calificó como pocas y menores. También señaló que el INE está sujeto a la supervisión permanente de los partidos políticos y que, pese a las acusaciones de Morena, no se encontraron irregularidades.

El planteamiento presidencial, en cambio, apuntó a revisar los contratos de las administraciones de Guadalupe Taddei y del propio Córdova. Es decir, la propuesta no distingue entre la gestión actual y la anterior: abarca a ambas. Córdova leyó ese gesto como un intento de "distraer la responsabilidad del oficialismo en relación con la crisis que hoy vive el INE". Es una acusación política, no una resolución administrativa, y conviene tratarla como tal.

La lectura política

El movimiento funciona como un desplazamiento del terreno: si la discusión se centra en auditorías a gestiones pasadas, el debate sobre el desempeño actual del INE y sobre la reforma electoral en curso pierde centralidad. Córdova no responde con una defensa técnica aislada; responde construyendo un argumento de simetría: si se audita, que se audite todo, incluida la gestión de Taddei. Ese encuadre coloca al oficialismo en la posición de tener que explicar por qué la revisión empieza por el pasado y no por el presente.

El incentivo del Ejecutivo es distinto. Cuestionar la gestión de Córdova permite asociar la crisis del INE con la herencia de administraciones anteriores y con los costos políticos de la reforma electoral que el oficialismo impulsa. El de Córdova es preservar su capital político como referente de la autonomía electoral y evitar que una auditoría se convierta en un juicio político anticipado. Ninguno de los dos está formalmente en una contienda: Córdova no es precandidato ni ha registrado aspiración alguna, y Sheinbaum habla como jefa del Ejecutivo, no como operadora electoral. Pero el intercambio posiciona a Córdova como vocero de una lectura crítica del oficialismo en materia electoral, un lugar que puede tener peso en la discusión pública de 2027 aunque no se traduzca en una candidatura.

El equilibrio interno del INE también queda expuesto. La mención explícita a la gestión de Taddei introduce una variable incómoda: la presidenta del organismo queda incluida en el perímetro de una revisión solicitada desde el Ejecutivo. Eso puede leerse como respaldo a su gestión o como advertencia sobre su margen de autonomía. La evidencia disponible no permite afirmar cuál de las dos lecturas prevalece; falta conocer si la ASF abre formalmente una revisión y con qué alcance.

La señal rumbo a 2027 es que la fiscalización del árbitro electoral se está convirtiendo en instrumento de disputa política entre el oficialismo y sus críticos. Eso no cambia por sí mismo las reglas de la contienda, pero sí el clima en el que se negociarán el presupuesto, la estructura del INE y la reforma electoral pendiente.

Qué sigue

La ASF no ha anunciado formalmente una auditoría a la gestión de Córdova ni a la de Taddei por estos señalamientos; el siguiente paso verificable es si el órgano fiscalizador abre una revisión y en qué plazo. En paralelo, el debate sobre la reforma electoral sigue en el Congreso, y la discusión presupuestal del INE para 2027 será el primer terreno donde se mida el costo político de este cruce. Córdova anunció que su respuesta se desarrolla en un hilo; conviene seguir si aporta documentos o solo argumentos.