RUTA 27 · LOW
Diputada del PRI pide esclarecer al INE y condiciona credibilidad de 2027
Rocío Rebollo Mendoza advirtió que las dudas sobre contrataciones y sobre la gestión poblana de la presidenta provisional deben resolverse antes de los comicios. La legisladora aclaró que una denuncia no equivale a culpabilidad.
La diputada local del PRI en Durango, Rocío Rebollo Mendoza, pidió esclarecer presuntas irregularidades en contrataciones del INE y los señalamientos contra la presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, por su gestión en Puebla. Sostuvo que la credibilidad del árbitro será decisiva rumbo a 2027, aunque aclaró que las denuncias no prueban culpabilidad. Su llamado presiona por fiscalizaci
La diputada local del PRI en Durango, Rocío Rebollo Mendoza, pidió que se esclarezcan las presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y se determine si tuvieron repercusión operativa en la organización de los procesos electorales. Su planteamiento no se quedó en la revisión administrativa: sostuvo que la credibilidad del árbitro será un factor decisivo para el ambiente político previo a las elecciones de 2027, y que las dudas sobre su desempeño pueden convertirse en incertidumbre aunque no existan pruebas de irregularidades en la votación.
El llamado llega en un momento delicado para el instituto. Rebollo Mendoza se pronunció sobre el relevo en la presidencia del INE y consideró que la llegada de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional representa una oportunidad para fortalecer la institución. Pero añadió una condición: también deben esclarecerse los señalamientos relacionados con su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Recordó las denuncias de representantes partidistas durante los comicios poblanos de 2024, relacionadas con presuntas irregularidades en cómputos y asignación de votos que, según esos señalamientos, habrían beneficiado a Fuerza por México, así como la denuncia penal de Mario Riestra Piña, entonces candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, contra integrantes y funcionarios del organismo electoral.
La legisladora cuidó el equilibrio jurídico de su intervención. Puntualizó que las denuncias no constituyen por sí mismas una prueba de culpabilidad, por lo que consideró necesario conocer el estado de las investigaciones y determinar si las autoridades competentes esclarecieron las discrepancias señaladas. Esa precisión importa: permite exigir rendición de cuentas sin avalar la condena anticipada de una funcionaria que acaba de asumir la presidencia provisional del INE.
Sobre la propuesta de ampliar auditorías a administraciones anteriores del instituto, la priista sostuvo que toda gestión pública debe estar sujeta a fiscalización, siempre que las revisiones tengan fundamento y se desarrollen con independencia y apego a la ley. Advirtió, no obstante, que esas indagatorias no deben convertirse en un enfrentamiento entre administraciones ni desviar la atención de los señalamientos actuales. Para ella, el objetivo debe ser deslindar responsabilidades y garantizar decisiones transparentes, sin privilegios ni intereses políticos.
En el terreno operativo, pidió revisar la documentación de las contrataciones bajo investigación, la calidad de los materiales electorales, la confiabilidad de los procedimientos y los mecanismos de seguridad involucrados. Si se identifica la participación de proveedores señalados en servicios vinculados con la organización electoral, dijo, deberá determinarse si las posibles anomalías se limitaron al ámbito administrativo o tuvieron consecuencias operativas.
La lectura política
El movimiento de Rebollo Mendoza funciona, en la práctica, como un posicionamiento de oposición moderada: instala un tema de integridad institucional sin romper con el árbitro ni exigir cabezas. Su intervención coloca al PRI en el papel de vigilante de la cancha electoral, un lugar útil para un partido que necesita diferenciarse sin aparecer como obstructores de un proceso que aún no arranca formalmente.
Hay un incentivo claro. Cuestionar la credibilidad del INE antes de 2027 permite a la oposición anticipar un argumento de disputa si los resultados le son adversos, sin comprometerse hoy con una acusación de fraude. La propia diputada reconoce ese límite: una denuncia no es una prueba. Ese matiz protege al partido de un costo reputacional si las investigaciones no prosperan.
También hay una señal hacia adentro del PRI y hacia sus aliados. La referencia a Puebla no es casual: toca un episodio donde las denuncias involucraron a Fuerza por México, un actor que ha operado en la órbita del oficialismo estatal. Al pedir que se esclarezca la gestión de Cruz García en Puebla, Rebollo Mendoza presiona por una fiscalización que puede incomodar tanto al nuevo liderazgo del INE como a los gobiernos que impulsaron su llegada. No es una candidatura ni una precandidatura: es un posicionamiento legislativo con alcance nacional desde un Congreso local.
El equilibrio interno del PRI está en juego. Un partido que perdió peso territorial necesita marcar agenda sin quedar atrapado en la defensa de administraciones pasadas. Por eso la diputada advierte contra convertir las auditorías en un ajuste de cuentas entre administraciones: quiere fiscalización con fundamento, no una guerra de expedientes que arrastre al partido a un desgaste innecesario.
Qué sigue
El primer paso verificable es el estado de las investigaciones sobre las contrataciones señaladas: si existe una auditoría formal, qué autoridad la sustancia y en qué plazo rendirá resultados. En paralelo, el INE deberá definir el alcance de las revisiones a administraciones anteriores y si la presidencia provisional de Cruz García abre o cierra esa discusión. Para 2027, la pregunta de fondo es si el instituto logra ofrecer certeza sobre sus procedimientos y el manejo de recursos públicos antes de que el calendario electoral lo obligue a hacerlo bajo presión.