Exconsejero del IFE pide al INE reconstruir credibilidad en pleno calendario

Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy Instituto Nacional Electoral), advirtió que el organismo debe reconstruir su credibilidad en un momento incómodo: el calendario electoral ya está en marcha y la Cámara de Diputados debe discutir su presupuesto para el próximo año. La advertencia no es un trámite académico. Coloca en la misma ecuación dos presiones que rara vez coinciden: la confianza pública en el árbitro y la bolsa con la que ese árbitro opera.

En entrevista, el también académico del Tecnológico de Monterrey calificó la situación actual como inédita. Durante años, dijo, el instituto fue objeto de críticas y conflictos políticos, pero no de cuestionamientos por corrupción como los que enfrenta ahora, en referencia a los señalamientos durante la gestión de Guadalupe Taddei. La diferencia importa: una cosa es disputar las decisiones del árbitro y otra es dudar de su manejo de recursos.

Sánchez Gutiérrez distinguió dos niveles de vigilancia sobre el INE. El primero corresponde al Tribunal Electoral y se ocupa de las decisiones políticas del instituto. El segundo es el control administrativo, a cargo del Órgano Interno de Control. Su diagnóstico apunta a que ese segundo piso es el que muestra fallas. Si el mecanismo de control interno no detecta ni procesa a tiempo las irregularidades, el conflicto deja de ser administrativo y se convierte en un problema de legitimidad electoral.

El exconsejero añadió que las nuevas designaciones deben contar con el consenso de los integrantes del Consejo General y que la vigilancia interna debe fortalecerse. Es una recomendación que suena técnica, pero que en la práctica define quién responde y con qué margen cuando el instituto toma decisiones que afectan a partidos, candidatos y gobiernos.

La lectura política

El señalamiento de Sánchez Gutiérrez funciona como una señal dirigida a tres audiencias. A los partidos, les recuerda que el árbitro que organizará la contienda de 2027 está bajo escrutinio y que impugnar sus decisiones tendrá un costo distinto si la institución llega debilitada. A la Cámara de Diputados, le anticipa que el presupuesto del INE no será una discusión meramente contable: será también una discusión sobre confianza. Y al propio Consejo General, le plantea que las designaciones internas y los controles no pueden resolverse con mayorías mecánicas.

El incentivo de los partidos es ambiguo: todos dicen defender la autonomía del árbitro, pero a ninguno le incomoda que llegue debilitado a la negociación presupuestal y a la organización de la elección. Esa ambigüedad es la que convierte la crisis de credibilidad en un activo político para quien quiera condicionar recursos, nombramientos o reglas.

La discusión presupuestal es el punto más concreto. La Cámara de Diputados debe revisar el gasto del próximo año mientras el calendario electoral avanza. Si el presupuesto se ajusta a la baja o se condiciona, el instituto tendrá menos margen para vigilancia, fiscalización y organización. Si se aprueba sin condiciones, el mensaje será que la mayoría legislativa decidió sostener al árbitro pese a los cuestionamientos. En cualquiera de los dos escenarios, la decisión presupuestal será leída como una posición política sobre la crisis, no sólo como una asignación de recursos.

El llamado a que las designaciones cuenten con consenso del Consejo General también tiene consecuencia práctica. Un nombramiento interno sin respaldo amplio puede resolver una vacante y, al mismo tiempo, abrir un frente de impugnación. La experiencia reciente muestra que los conflictos internos del INE no se quedan en el edificio: se trasladan al Tribunal Electoral y, desde ahí, al calendario.

Rumbo a 2027, el riesgo no es que el INE desaparezca ni que deje de organizar elecciones. El riesgo es que llegue a la contienda con una credibilidad deteriorada y con menos recursos para vigilar. Eso no cambia el resultado de una elección por sí solo, pero sí cambia la capacidad de defenderlo ante impugnaciones y ante la opinión pública.

Qué sigue

La Cámara de Diputados debe discutir y aprobar el presupuesto del INE para el próximo año; el calendario electoral ya está en marcha, por lo que la decisión presupuestal y la discusión sobre controles internos correrán en paralelo. El Consejo General tiene pendientes designaciones internas que, según Sánchez Gutiérrez, deberían resolverse con consenso. Y el Órgano Interno de Control enfrenta la pregunta de si sus procedimientos detectaron y procesaron a tiempo las irregularidades señaladas. La evidencia disponible no permite afirmar que las fallas de vigilancia sean la causa directa de los señalamientos; lo que sí permite afirmar es que la discusión sobre el presupuesto y las designaciones ocurre mientras la credibilidad del árbitro está en duda.