Hidalgo: Gobierno y partidos pactan reglas de candidaturas rumbo a 2027

El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, convocó a dirigencias partidistas y autoridades electorales para revisar las reglas de inclusión en las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos, la paridad de género, la participación de grupos de atención prioritaria y la prevención de delitos electorales. La reunión no es un acto protocolario aislado: ocurre cuando el proceso electoral local 2026-2027 empieza a ordenar el terreno donde se repartirán las plazas de mayor competencia en el estado.

El encuentro coloca a la Secretaría de Gobierno como espacio de coordinación política antes de que las reglas formales de postulación queden cerradas. En un proceso local, las decisiones sobre inclusión y paridad no son menores: definen cuántos espacios quedan disponibles, qué partidos deben ajustar sus listas y cómo se distribuyen los costos de cumplimiento entre fuerzas políticas. Al sentar a dirigencias y autoridades electorales en la misma mesa, el gobierno estatal se posiciona como árbitro político de esa negociación, aunque la facultad formal de calificar candidaturas recaiga en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y, en su ámbito, en el Instituto Nacional Electoral (INE).

La conversación sobre delitos electorales añade un componente de control territorial. Hablar de prevención de delitos electorales antes del arranque formal del proceso permite al gobierno estatal presentarse como garante de civilidad, pero también como actor que fija expectativas sobre lo que considerará una contienda ordenada. Esa función puede ser legítima y necesaria; también puede operar como un mecanismo de presión política si no se acompaña de reglas claras y verificables sobre quién vigila, cómo se denuncia y qué autoridad resuelve.

El antecedente inmediato ayuda a leer la secuencia. En septiembre, Olivares Reyna anunció mesas de trabajo con fuerzas políticas para firmar un pacto de civilidad y respeto a la ley electoral. La reunión de ahora retoma ese hilo, pero lo amplía: ya no solo se trata de un compromiso de conducta, sino de revisar reglas de postulación. El gobierno de Hidalgo está construyendo un calendario político propio, paralelo al calendario electoral formal, en el que las dirigencias partidistas son interlocutoras antes de que sus candidaturas existan.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica que va más allá de la paridad y la inclusión. En la política local mexicana, las mesas convocadas por el Ejecutivo estatal suelen operar como espacios donde se anticipan acuerdos de coalición, se miden lealtades y se transmiten señales sobre qué perfiles serán viables. La reunión no constituye una candidatura ni una precandidatura formal, pero coloca a Olivares Reyna en una posición de centralidad política rumbo a 2027.

Esa centralidad se refuerza por un dato verificable: el propio secretario declaró en octubre que no descarta participar en el proceso electoral de 2027, aunque afirmó que actualmente no busca personalmente un cargo. La combinación de ambas condiciones —coordinar las reglas de la contienda y no cerrar su propia aspiración— es exactamente el tipo de posición que en la política mexicana suele preceder a una candidatura de facto, sin que ello implique todavía un acto legal de postulación.

El incentivo para los partidos es doble. Por un lado, necesitan claridad sobre las reglas de inclusión y paridad para calcular sus listas. Por otro, tienen interés en mantener una relación funcional con el gobierno estatal, que controla recursos, seguridad y buena parte de la operación política local. Quien convoca la mesa gana margen de maniobra; quien asiste gana información y pierde, en cambio, la posibilidad de impugnar después con la misma fuerza las reglas que ayudó a discutir.

El límite de la lectura es claro: no hay evidencia de que la reunión haya producido acuerdos concretos, ni de que las reglas discutidas ya estén formalizadas. Tampoco hay constancia de que Olivares Reyna haya sido mencionado como aspirante en ese encuentro. Lo que sí es verificable es que el gobierno estatal está ocupando un espacio de coordinación que, en otros procesos, han disputado los propios partidos y el árbitro electoral.

Qué sigue

El siguiente paso verificable es la formalización de las reglas de postulación por parte del IEEH y la eventual firma de un pacto de civilidad con las fuerzas políticas. También queda por verse si las mesas de trabajo se traducen en acuerdos públicos o si permanecen como espacios de negociación sin documento. Para Olivares Reyna, el punto de observación será si mantiene la coordinación de estas mesas mientras define su propia posición rumbo a 2027.