RUTA 27 · MEDIUM
INE abre diálogo con trabajadores a tres días del paro nacional
Blanca Cruz reconoció las demandas del personal de los módulos de atención ciudadana y ofreció comunicación con sus representantes. El paro del 9 de noviembre sigue sin confirmarse ni descartarse.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, reconoció las demandas de los trabajadores de los módulos de atención ciudadana y ofreció abrir comunicación con sus representantes, a tres días del paro nacional convocado para el 9 de noviembre. El conflicto salarial —sueldos de unos 9 mil 600 pesos— ocurre en plena transición tras la salida de Guadalupe Taddei y con el presupuesto 2027 ya recortad
La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, reconoció las solicitudes del personal de los módulos de atención ciudadana y manifestó su disposición a establecer comunicación con sus representantes, a tres días del paro nacional convocado para el lunes 9 de noviembre. El gesto no resuelve el conflicto, pero cambia su naturaleza: lo que hasta ahora era una demanda salarial sin interlocutor se convierte en una mesa de negociación con la presidencia del organismo como contraparte.
El descontento no es nuevo. En diciembre de 2025, personal operativo entregó oficios formales a la entonces presidenta Guadalupe Taddei para exigir nivelación salarial, respeto a vacaciones y descansos, y alto a rotaciones de turno que afectaban su vida familiar. En mayo de 2026 se les informó que no había recursos presupuestales para autorizar el aumento. Hoy perciben alrededor de 9 mil 600 pesos mensuales y piden una remuneración equivalente a dos salarios mínimos, unos 19 mil pesos. La convocatoria advierte "cero credencialización en todo el país" y afectaría a cerca de 800 módulos donde laboran unas cinco mil personas.
La respuesta de Cruz llega en un momento de fragilidad institucional: asumió la conducción de forma provisional tras la salida de Taddei, un periodo en el que se documentaron decenas de renuncias en la estructura del organismo. A eso se suma el recorte presupuestal de 5 mil millones de pesos que la propia Cruz anunció que el INE ajustará para garantizar las actividades prioritarias del proceso electoral de 2027, y la denuncia penal que el instituto alista contra su antecesora por contratos irregulares.
La funcionaria también señaló que no deben existir represalias contra quienes expresen sus demandas. Esa frase importa: en un organismo donde el personal teme consecuencias por organizarse, el compromiso público de no retaliación funciona como condición mínima para que la negociación sea creíble.
La lectura política
El movimiento de los trabajadores no es un conflicto gremial aislado: opera como un test de gobernabilidad interna para una presidencia provisional que necesita demostrar control del aparato antes de que arranque formalmente el proceso de 2027. Cada módulo cerrado el 9 de noviembre sería una señal visible de que la nueva conducción no logra contener a su propia base operativa, justo cuando el discurso oficial es que el INE está limpio y en orden tras la salida de Taddei.
Los incentivos están claros. Para Cruz, ceder rápido compra paz laboral pero compite con un recorte de 5 mil millones de pesos y con la revisión de contrataciones que la Auditoría Superior de la Federación mantiene abierta; no ceder, o ceder tarde, convierte el paro en imagen de crisis. Para los trabajadores, la cercanía del calendario electoral es su principal palanca: la credencialización es la puerta de entrada al proceso de 2027 y su interrupción tiene costo político inmediato para el instituto, no para ellos. Para los partidos, el conflicto es material disponible: el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, ya anunció que llevará las demandas a la tribuna de la Cámara de Diputados, lo que convierte un asunto administrativo en tema de agenda legislativa.
Conviene precisar qué no ha ocurrido: no hay paro confirmado, no hay acuerdo firmado ni incremento autorizado. La disposición al diálogo es un posicionamiento, no una resolución. Y el límite presupuestal que la propia presidencia invoca sigue en pie.
Qué sigue
La fecha crítica es el lunes 9 de noviembre. Antes de ese día, la pregunta verificable es si se instala una mesa formal con representantes de los módulos y si de ella sale un compromiso concreto —fecha, monto o ruta presupuestal— o solo una promesa de diálogo. También habrá que observar si la denuncia penal contra Taddei y la revisión de contrataciones avanzan en paralelo, porque cualquier irregularidad comprobada en el manejo de recursos reforzaría el argumento de los trabajadores sobre la falta de presupuesto. Quienes tengan cita para credencialización cerca del 9 de noviembre deberían consultar los avisos del organismo.
El desenlace de esta semana definirá si la presidencia provisional de Cruz se consolida como conducción efectiva o si el conflicto laboral se convierte en el primer gran desgaste de su gestión rumbo a 2027.
