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INE congela contratos y prepara denuncia penal contra la gestión de Taddei
Blanca Cruz ordenó detener todas las contrataciones mientras se revisan los procedimientos administrativos heredados. El Consejo General presentó una denuncia ante la FGR por presuntas irregularidades en la administración anterior.
La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que el organismo mantiene detenidas las contrataciones para evitar vínculos con empresas señaladas por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei. También reportó 30 separaciones de personal y la presentación de una denuncia ante la FGR. El movimiento busca sanear al árbitro electoral a un año de que arranque f
El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene detenidas todas sus contrataciones mientras revisa los procedimientos administrativos en curso, con el objetivo de evitar que se establezcan vínculos con empresas señaladas por presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei. La medida la anunció Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del organismo, quien precisó que los contratos ya identificados en los señalamientos no están vigentes porque corresponden a años anteriores.
La decisión opera como un cerco preventivo: no se trata de cancelar contratos vigentes, sino de impedir que las nuevas adjudicaciones recalen en proveedores bajo investigación. Cruz explicó que la liberación será gradual, conforme concluyan las revisiones, para no comprometer servicios que el instituto necesita contratar. El freno alcanza a todas las áreas y se mantendrá hasta que cada procedimiento pase el filtro.
En paralelo, el Consejo General presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción durante la administración anterior. La consejera detalló que el documento fue resultado de un acuerdo colegiado de las diez consejerías, cada una con oportunidad de formular observaciones, y que se presentó una sola denuncia para que las instancias competentes investiguen y deslinden responsabilidades.
El instituto también reportó 30 separaciones de personal, tres de ellas en puestos directivos, y acordó revisar los perfiles de quienes encabezan las áreas a partir de su desempeño y experiencia. Cruz descartó que exista parálisis o riesgo para la organización de los comicios: el INE opera con 32 juntas locales, 300 distritales y miles de trabajadores.
La lectura política
El movimiento tiene una función práctica clara: Blanca Cruz está construyendo legitimidad de gestión en el momento más delicado del relevo en el INE. La presidencia provisional nació de una crisis interna y su margen de maniobra depende de que el Consejo General la perciba como una administradora que ordena la casa, no como una continuidad del taddeísmo. Congelar contrataciones y empujar una denuncia penal colegiada son señales hacia adentro y hacia afuera: hacia adentro, marcan distancia con la gestión anterior; hacia afuera, anticipan a partidos y gobiernos que el árbitro de 2027 quiere llegar sin pasivos administrativos.
La denuncia ante la FGR es el gesto de mayor peso político porque convierte una disputa interna en un expediente externo. Una vez en manos de la fiscalía, el conflicto deja de resolverse en el Consejo General y pasa a un terreno donde el INE ya no controla tiempos ni filtraciones. Eso protege institucionalmente al organismo, pero también abre un flanco: cualquier resolución que toque a Taddei o a su equipo será leída como parte de la disputa por el control del instituto.
El equilibrio interno es frágil. Las diez consejerías firmaron el acuerdo, pero la revisión de perfiles y las 30 separaciones indican que la limpia no se limita a contratos: toca estructura y personal. Ese es el punto donde la lectura institucional y la lectura política se separan: revisar perfiles puede ser sana administración o puede ser reacomodo de lealtades. La evidencia disponible no permite afirmar cuál pesa más; lo que sí se puede decir es que la presidenta provisional necesita que ambas lecturas convivan sin ruptura.
Rumbo a 2027, la señal es doble. Para los partidos, el INE busca presentarse como un árbitro que corrige sus propios pasivos antes de que arranque el proceso. Para el gobierno federal y las fuerzas que respaldaron a Taddei, el mensaje es que la nueva conducción no heredará la red de proveedores ni la estructura de la administración anterior. Ninguna de esas señales constituye todavía una candidatura ni un posicionamiento electoral: es gestión institucional con consecuencia política.
Qué sigue
La liberación gradual de contrataciones conforme avance la revisión de procedimientos. La FGR deberá informar si admite la denuncia y abre carpeta de investigación. El Consejo General revisará los perfiles de las áreas tras las 30 separaciones. Y queda pendiente la definición de la presidencia formal del INE, proceso que la propia Cruz ha advertido que no puede resolverse con reformas legales en pleno proceso electoral.