Morena deslinda a Taddei y traslada la crisis del INE a Córdova

Morena emprendió una campaña de deslinde respecto a Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y traslada el origen de la crisis del organismo a la gestión de Lorenzo Córdova. La operación ocurre a meses de las elecciones intermedias de 2027 y después de que la renuncia de Taddei abriera una investigación por presunta corrupción en el árbitro electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido la conferencia matutina en el vehículo principal de esa narrativa. "Guadalupe Taddei no fue nombrada por Morena, como ahora lo quieren decir. Ella venía del OPLE de Sonora y fue nombrada por los consejeros electorales del 2014, por Lorenzo Córdova", ha repetido. El argumento oficial sostiene que la llegada de Taddei a la presidencia del INE en marzo de 2023 fue producto de un sorteo y no de una decisión partidista.

La dirigencia y las fracciones parlamentarias endurecieron el discurso en la misma dirección. Ariadna Montiel, dirigente del partido, habló de "una mafia electoral tejida durante 27 años" y atribuyó la red a la reforma de Enrique Peña Nieto que dio a Córdova facultades para aprobar a los presidentes de los 32 OPLE. Los legisladores fueron más lejos: "La tómbola la votó el PRI y el PAN; el sobre lo sacó el PAN". La insaculación, sin embargo, es el último recurso previsto cuando no hay consensos y requiere mayoría de votos de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

El expediente que acompaña el deslinde es la revisión de contratos del organismo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso en marcha pesquisas que abarcan los últimos 25 años, y el partido difundió pronunciamientos para exigir explicaciones a Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo por contratos superiores a 2 mil millones de pesos. La estrategia tiene dos rutas: desvincular la trayectoria de Taddei del arribo de Morena al poder y desplazar el foco hacia la red de proveedores electorales que operó durante más de dos décadas.

El problema para esa narrativa es que la historia institucional de Taddei no se agota en el mecanismo de su designación. Su gestión coincidió con decisiones centrales para el proyecto oficialista: la resolución sobre las campañas anticipadas de las llamadas corcholatas, la asignación de plurinominales que dio a Morena la supermayoría para aprobar reformas constitucionales sin consensos y la validación del uso de acordeones en la elección judicial de 2025. También mantuvo cercanía con figuras del partido, como el diputado Sergio Gutiérrez Luna y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En marzo de 2023, Andrés Manuel López Obrador la describió como "una mujer íntegra" y "producto de un sorteo".

La lectura política

En la práctica, la campaña de deslinde funciona como una operación de protección de marca más que como una ruptura real. Morena construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de no tolerar la corrupción, y un escándalo en el órgano que organiza las elecciones amenaza con contaminar esa credibilidad justo cuando el partido prepara la disputa de 17 gubernaturas en 2027. El incentivo inmediato es que el costo reputacional del caso Taddei no se traslade a los aspirantes del partido en el arranque del proceso electoral.

El movimiento también ordena el equilibrio interno. Al colocar a Córdova como adversario común, la dirigencia ofrece a sus bases y legisladores un blanco conocido y disciplinante, y evita que la discusión se concentre en quién respaldó a Taddei dentro del oficialismo. Es una señal hacia adentro: la lealtad se mide en la defensa del relato, no en la explicación de la designación.

El límite es claro. Taddei no ha sido formalmente señalada por una resolución judicial ni existe aún una imputación verificable contra ella; lo que hay es una investigación en marcha y una renuncia. Tampoco hay una candidatura o precandidatura en juego en esta operación: se trata de posicionamiento y contención de daño, no de una sucesión. La investigación de la ASF sobre 25 años de contratos puede alcanzar a gestiones de distintos signos, lo que convierte el deslinde en un arma de doble filo.

Qué sigue

La ASF deberá definir el alcance y los plazos de las pesquisas sobre los contratos del INE, mientras el organismo enfrenta la sustitución de su presidencia en un contexto de investigación abierta. El Congreso tiene pendiente el procedimiento para designar a la persona que encabece el árbitro electoral, decisión que Morena y sus aliados buscarán capitalizar. La dirigencia partidista continuará con los pronunciamientos públicos contra Córdova y los exconsejeros, y la oposición tiene en el caso Taddei una prueba para exigir que la fiscalización no se limite a administraciones anteriores. El calendario electoral de 2027 marcará la presión para que el deslinde se sostenga o se rompa.