Sheinbaum convierte la crisis del INE en eje de campaña rumbo a 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum convirtió la crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) en el eje de su estrategia rumbo a 2027. La mandataria pasó en días de descalificar a la consejera presidenta Guadalupe Taddei a endosarle el costo político a la oposición, y en paralelo su partido cerró la definición de candidaturas en 17 estados. El movimiento no es aislado: forma parte de una operación de campaña que busca ordenar la sucesión, medir lealtades internas y colocar al árbitro electoral en el centro del debate público.

En la misma semana, Sheinbaum respaldó el recorte de 5 mil millones de pesos al presupuesto del INE aprobado en la Cámara de Diputados, exigió transparencia en las licitaciones electorales y presentó una investigación sobre una presunta red empresarial que habría obtenido contratos millonarios del organismo entre 2015 y 2025. También cuestionó la reforma electoral de 2014 y afirmó que los cambios estructurales al modelo comicial deben esperar hasta después de los comicios de 2027, debido a las restricciones constitucionales vigentes durante el proceso.

El paquete de decisiones combina presión presupuestal, señalamientos de corrupción y una narrativa que atribuye al pasado prianista la responsabilidad de las irregularidades. La presidenta ha sostenido que la consigna "El INE no se toca" buscaba proteger una presunta "mafia electoral" y que el organismo requiere un proceso de saneamiento. Hasta ahora no existe una resolución judicial o administrativa que acredite las acusaciones en los términos en que han sido planteadas; se trata de señalamientos públicos de la mandataria, no de hechos jurídicamente establecidos.

La lectura política

La operación cumple una función práctica: desplazar el costo de la crisis del INE hacia la oposición y, al mismo tiempo, ordenar la sucesión interna de Morena. Al cerrar las candidaturas en 17 estados —incluida Nuevo León, donde los perdedores de la encuesta rechazaron públicamente al ganador—, la dirigencia reduce el margen de disputa interna y coloca a la presidenta como la instancia que aceita la maquinaria. No se trata de candidaturas registradas ante el INE, pero en la práctica funcionan como precandidaturas de facto que ordenan plazas estratégicas y miden lealtades.

El incentivo es doble. Hacia afuera, la confrontación con el árbitro electoral permite construir un relato de contraste: la corrupción pertenece a los otros, nunca al movimiento en el poder. Hacia adentro, la presidenta envía la señal de que no habrá zigzagueos y de que el poder acumulado se usará si es necesario. Quien gana margen de maniobra es Sheinbaum, que se coloca como jefa del movimiento y del Estado a la vez; quien lo pierde es la oposición, que queda en posición defensiva frente a un organismo que ella misma ayudó a nombrar en 2023.

El límite es claro: no hay aún una candidatura formal ni un cambio legal que altere las reglas de 2027. Lo que existe es un posicionamiento político que busca llegar a la contienda con el árbitro debilitado y con el partido en orden. La incógnita es si el desgaste del INE termina por afectar la confianza en el proceso o si, por el contrario, se convierte en un activo electoral para el oficialismo.

Qué sigue

El presupuesto del INE para 2027 deberá discutirse y votarse en el pleno de la Cámara de Diputados en las próximas semanas. La Auditoría Superior de la Federación tiene en curso revisiones sobre contrataciones electorales. Y las candidaturas de Morena en los 17 estados deberán formalizarse ante los organismos electorales locales en los plazos que marque el calendario. La prueba electoral de 2027 será el primer test de esta estrategia.