INE debe imprimir 100 millones de boletas en 20 días mientras audita contratos

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene por delante una prueba de ingeniería y otra de credibilidad que corren al mismo tiempo. Debe imprimir más de 100 millones de boletas en aproximadamente 20 días para la jornada del 6 de junio de 2027 —unos cinco millones diarios— mientras revisa sus contrataciones y proveedores tras la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la gestión de Guadalupe Taddei. El calendario electoral no admite la pausa que exige una auditoría: la producción de documentos y la depuración de compras deben avanzar en paralelo o una de las dos se rompe.

El Consejo General aprobó el 5 de noviembre el diseño e impresión de la documentación para diputaciones federales, además de los modelos de urnas, cajas, paquetes electorales y líquido indeleble. La entrega de materiales a las presidencias de casilla está prevista entre el 31 de mayo y el 4 de junio, días antes de la votación. Los 20 días de impresión no incluyen preparación, supervisión ni traslados: son solo la ventana de producción.

A esa presión logística se suma el frente administrativo. El INE avaló elaborar un Plan de Acción Crítico para asegurar la continuidad de las contrataciones indispensables y solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 2016 a 2026. La revisión abarca administraciones anteriores, no solo la de Taddei, lo que convierte la fiscalización en un ajuste de cuentas interno con alcance histórico. El acuerdo incluye preservar documentos físicos y digitales, integrar un inventario institucional de compras y revisar el padrón de proveedores; corresponderá a la ASF definir el alcance.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, sostuvo que las contrataciones detenidas se atenderán gradualmente según su incidencia en la organización. El 3 de noviembre señaló que algunas debían resolverse ese mismo mes, entre ellas chalecos, chamarras y mochilas para capacitadores y supervisores. Descartó retrasos y explicó que se revisan características técnicas y procedimientos administrativos. Sobre una eventual rescisión del contrato de credencialización, advirtió que tendría que acompañarse de una nueva licitación y garantizar la continuidad del servicio.

El calendario sigue su curso: los consejos distritales se instalan el 30 de noviembre. El último balance, con corte al 16 de octubre, registró 506 actividades: 61 concluidas, 105 en ejecución y 340 por iniciar en etapas posteriores, sin desfases reportados, aunque ese diagnóstico antecede a la revisión de contratos hoy en curso. A ello se suma el amago de paro de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana el 9 de noviembre por nivelación salarial, instalaciones y promoción; Cruz ofreció diálogo directo y descartó represalias.

La lectura política

El movimiento del INE funciona en la práctica como una operación de contención en dos frentes. Hacia adentro, la revisión de contratos y la denuncia ante la FGR buscan desactivar el costo reputacional del caso Taddei sin detener la maquinaria electoral; hacia afuera, envían a partidos y aliados la señal de que el árbitro se está depurando antes de que empiece la contienda. Quien gana margen es la presidencia provisional de Blanca Cruz, que puede presentarse como gestora de continuidad y no como administradora del conflicto; quien lo pierde es la red de proveedores y áreas administrativas cuyas compras quedan bajo lupa.

El incentivo de fondo es evitar que la elección de 2027 herede la sospecha que marcó el cierre de la gestión anterior. La consejera Carla Humphrey planteó privilegiar licitaciones públicas sobre adjudicaciones directas y ampliar la participación de proveedores para recuperar confianza ciudadana. Esa ruta, sin embargo, choca con la urgencia: una licitación abierta tarda más que una adjudicación y el calendario no concede ese tiempo. La tensión real no es entre transparencia y opacidad, sino entre transparencia y plazo: cada día que se suma a la revisión es un día que se resta a la impresión.

La propuesta anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que Talleres Gráficos de México concentre la mayor parte de la elaboración de materiales electorales añade una variable política al mapa de proveedores. No está definida su instrumentación ni su encaje legal, pero envía una señal sobre la dirección que el Ejecutivo quiere para una cadena de suministro hoy bajo escrutinio.

Qué sigue

El 9 de noviembre está convocado el amago de paro en los Módulos de Atención Ciudadana; de concretarse, afectaría trámites de credencialización en curso. El 30 de noviembre se instalan los consejos distritales. La ASF deberá definir el alcance y los procedimientos de la revisión de adquisiciones 2016-2026, mientras el INE resuelve las contrataciones pendientes de chalecos, chamarras y mochilas para capacitadores. La ventana de impresión de 20 días y la entrega de materiales entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2027 son los puntos donde cualquier retraso se volvería visible. Falta por conocerse el mecanismo de denuncias anónimas que el INE prevé habilitar y el desenlace de la denuncia ante la FGR.