Legisladores potosinos piden a la ASF seguir el rastro de Taddei

La salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no cerró el expediente en San Luis Potosí. Legisladores locales del PAN y del Partido Verde pidieron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) profundice las indagatorias sobre las contrataciones realizadas durante su administración y determine si hubo responsabilidades administrativas. El diputado local panista Rubén Guajardo Carrera y el senador del Verde Gilberto Hernández Villafuerte coincidieron en que la renuncia, por sí sola, no debe funcionar como punto final.

La petición traslada al terreno de la fiscalización federal una discusión que hasta ahora había vivido en el debate político y en el reportaje periodístico. Guajardo sostuvo que las autoridades fiscalizadoras deben revisar las operaciones señaladas durante la gestión de Taddei, en particular después de que investigaciones periodísticas reportaran posibles conflictos de interés, triangulación de recursos y vínculos entre funcionarios electorales y empresas proveedoras. La ASF ya ha auditado al INE y conserva facultades para fiscalizar el ejercicio de recursos públicos federales, de modo que la solicitud no crea una facultad nueva: pide ejercer la existente con mayor profundidad.

El legislador fue específico en el perímetro que quiere revisar. Recordó que desde la designación de Taddei existieron cuestionamientos políticos por familiares suyos que ocupaban cargos en administraciones públicas, y pidió analizar contratos por montos superiores a mil millones de pesos. El punto de mayor alcance local es su planteamiento de verificar si alguno de los proveedores señalados también ha contratado con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí. Ahí la discusión deja de ser un asunto de la cúpula nacional y toca el organismo que organizará los comicios locales en la ruta hacia 2027.

Hernández Villafuerte respaldó la exigencia desde el Senado con un argumento de principio: la separación del cargo no extingue la obligación de investigar. Señaló que, de comprobarse conductas ilícitas o irregularidades administrativas, las autoridades deben aplicar las sanciones previstas y no limitar las consecuencias a la renuncia de la funcionaria. La controversia ocurre después de que Taddei presentara su renuncia ante la Cámara de Diputados, en medio de señalamientos sobre contrataciones del instituto.

Conviene precisar el estatus jurídico: las acusaciones y posibles responsabilidades deberán determinarlas las autoridades fiscalizadoras y ministeriales competentes. La existencia de contratos cuestionados o de vínculos entre funcionarios y proveedores no constituye por sí misma una resolución de responsabilidad. Hasta ahora hay señalamientos, auditorías en curso y una renuncia; no hay, en la evidencia disponible, dictamen sancionador ni resolución judicial.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica clara: impedir que la renuncia opere como amnistía política. En el sistema mexicano, la salida de un cargo no suspende la fiscalización de los recursos ejercidos, pero en la práctica la renuncia suele enfriar el escándalo y diluir la presión. Al pedir a la ASF que profundice, los legisladores buscan fijar el tema en la agenda institucional y no en la conversación mediática.

Hay un incentivo partidista evidente. Para el PAN y el Verde en San Luis Potosí, el caso Taddei es una pieza útil para cuestionar la conducción del árbitro electoral en un ciclo que desemboca en 2027. No es una candidatura ni una precandidatura: es posicionamiento político y construcción de tema. El PAN potosino gana perfil de vigilancia sobre el gasto electoral; el Verde, aliado del oficialismo federal, gana margen para mostrarse crítico sin romper con su propia coalición. Esa combinación —oposición y aliado pidiendo lo mismo— sugiere que el costo de no investigar empieza a ser mayor que el de investigar.

El eslabón local es el más delicado. Si la ASF o las autoridades estatales confirman que proveedores cuestionados del INE también contrataron con el Ceepac, el asunto deja de ser un problema de la cúpula nacional y se convierte en un riesgo de integridad para la organización de los comicios potosinos. Eso afectaría la confianza en el árbitro local justo cuando se preparan las elecciones de 2027, y abriría una discusión sobre contrataciones, conflictos de interés y controles internos en el organismo estatal.

El límite de la lectura es igual de importante: la petición de legisladores no equivale a hallazgo de la ASF. Falta conocer si la Auditoría abre o amplía una revisión específica, si el Ceepac es incluido y si existen elementos que sustenten responsabilidades administrativas. Sin esos eslabones, el caso sigue siendo una demanda de fiscalización, no una imputación acreditada.

Qué sigue

La atención se concentra en tres frentes verificables. Primero, si la ASF confirma la apertura o ampliación de una auditoría específica sobre las contrataciones señaladas y si incorpora el cruce con proveedores de organismos electorales estatales. Segundo, el proceso en la Cámara de Diputados para reorganizar la conducción del INE, que definirá quién toma las decisiones del instituto en la antesala de 2027. Tercero, la respuesta del Ceepac de San Luis Potosí sobre sus propios procedimientos de contratación y la eventual revisión local de proveedores.

Mientras esos procesos no arrojen resoluciones, el expediente Taddei seguirá abierto en el terreno político aunque la funcionaria ya no esté en el cargo. La pregunta que ordena la discusión rumbo a 2027 es si la fiscalización alcanza a los proveedores y a los organismos locales, o si se queda en el capítulo de la renuncia.