RUTA 27 · MEDIUM
Morena acusa a alcaldesa de Mérida de pauta pública rumbo a 2027
La queja ante el IEPAC documenta 62 anuncios pagados en Facebook e Instagram entre junio y octubre, algunos activos después del informe de labores. Morena pide medidas cautelares y revisar el origen de los fondos.
Morena presentó una queja ante el IEPAC contra la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, el Ayuntamiento y el PAN por 62 anuncios pagados en redes con presunta promoción personalizada. Alega violación al artículo 134 constitucional y pide retiro inmediato y revisión de fondos. El caso abre el proceso electoral 2027 en Yucatán y mide la imparcialidad del árbitro local.
Morena formalizó este jueves una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) contra la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, el Ayuntamiento y el Partido Acción Nacional (PAN). El recurso acusa el presunto uso de recursos públicos para financiar publicidad digital que promueve la imagen personal de la presidenta municipal, lo que a juicio del partido viola el artículo 134 constitucional. La denuncia no es un fallo: abre un procedimiento especial sancionador que deberá resolverse antes de que el proceso electoral 2027 avance en Yucatán.
El expediente documenta 62 anuncios pautados y pagados en Facebook e Instagram entre junio y octubre de 2026, según el escrito entregado al órgano electoral. Morena sostiene que esas piezas difundieron el nombre, la imagen y los lemas personales de la alcaldesa, y que una parte de la pauta siguió activa fuera del plazo legal permitido para la promoción de informes de labores, que abarca siete días antes y cinco después del evento oficial. La alcaldesa rindió su informe el 28 de agosto.
"La alcaldesa rindió su informe el 28 de agosto y la publicidad pagada con su imagen siguió semanas después. Con el dinero de todos se promovió a una persona", declaró Bárbara Valentina Díaz Toledo, representante propietaria de Morena ante el Consejo General del IEPAC, quien formalizó el recurso. La representación promovente solicita medidas cautelares para ordenar el retiro inmediato de los anuncios mientras se resuelve el fondo, además de una investigación sobre el origen de los fondos públicos utilizados y sanciones para los responsables.
El artículo 134 constitucional establece que la propaganda de dependencias y entidades públicas debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y prohíbe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos. La queja se apoya en esa disposición, no en una resolución previa del IEPAC ni del Instituto Nacional Electoral (INE).
La lectura política
La queja funciona, en la práctica, como el primer movimiento de Morena para fijar el terreno de la contienda municipal de Mérida rumbo a 2027. No es una candidatura ni una precandidatura: es una acción jurídica que busca instalar un tema —el uso de recursos públicos para posicionamiento personal— antes de que el proceso electoral arranque formalmente. El propio comunicado de Morena lo enmarca en "los meses previos al proceso electoral, que inicia mañana".
El cálculo tiene dos destinatarios. El primero es el IEPAC: al pedir medidas cautelares y seguimiento público de cada etapa, Morena presiona al árbitro local a pronunciarse rápido y a dejar constancia de su criterio. El segundo es el electorado de Mérida, donde el PAN gobierna la capital y Morena necesita erosionar el perfil de una alcaldesa que, si la pauta se sostiene, ya está construyendo reconocimiento con recursos municipales.
El movimiento también envía una señal interna: Morena llega a 2027 con una estrategia de impugnación sistemática contra adversarios, coherente con su ofensiva reciente contra el INE y con su exigencia de fiscalización. La diferencia es que aquí el blanco es un gobierno municipal panista, no el árbitro nacional. Esa simetría —o su ausencia— será la prueba de imparcialidad que el propio partido reclama.
El límite es claro: no existe aún resolución que acredite el uso indebido de recursos públicos. La queja es una acusación; el IEPAC deberá verificar la contratación, el origen de los pagos y la temporalidad de los anuncios. Si concede las cautelares, el precedente será relevante para otras alcaldías y para la fiscalización de pauta digital en el ciclo 2027. Si las niega, Morena ya anticipó que mantendrá seguimiento público de cada etapa.
Qué sigue
El IEPAC deberá admitir la queja y resolver sobre las medidas cautelares solicitadas; no hay fecha pública confirmada en la evidencia disponible. Después vendrá la investigación sobre el origen de los fondos y, en su caso, la resolución de fondo del procedimiento especial sancionador. Morena anunció seguimiento público de cada etapa procesal. El calendario electoral de Yucatán y el arranque formal del proceso 2027 marcan la presión de tiempo para que el árbitro local se pronuncie.