PRI pide separar al presidente del IEEM por contratos con Cajas Graf

El PRI solicitó formalmente la separación del cargo de Nery Ruiz Arvizu como presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), mientras se esclarecen los señalamientos por su cercanía con Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). La petición no es un trámite menor: coloca al árbitro electoral mexiquense en la posición de tener que explicar, ante un partido, su intervención en contrataciones con empresas vinculadas al entorno de Taddei, a unos meses de que arranque el proceso rumbo a 2027.

El detonante es la ruta de contratos que llegó al Estado de México. Durante la elección judicial de 2025, el IEEM adjudicó dos contratos por 16 millones 897 mil pesos a Cajas Graf, S.A. de C.V., empresa vinculada con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Los contratos 109/25/AD y 190/25/AD contemplaron cajas para paquetes electorales, urnas, cintas de seguridad y sujetadores de bolígrafos. Ambos documentos fueron firmados por Fabiola Araceli Rocha Pérez, representante legal de la empresa, señalada como el vínculo en el Estado de México entre Taddei y Hernández Casillas.

El documento del PRI, del que se obtuvo copia, exige "explicaciones claras sobre su intervención en las contrataciones que el instituto que preside ha realizado con empresas de los hermanos Hernández Casillas". La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastrea operaciones relacionadas con este grupo empresarial por más de mil millones de pesos, según la información difundida sobre el caso.

El PRI no pide una investigación cualquiera: pide que el presidente del IEEM se aparte del cargo mientras se aclara el señalamiento, lo que en la práctica equivale a exigirle que deje de conducir el órgano que organizará la elección de 2027 en el Estado de México.

La lectura política

El movimiento del PRI tiene una función práctica que va más allá de la transparencia administrativa. El Estado de México es la plaza más grande del país en número de votantes y la que renueva 125 ayuntamientos en 2027, además de diputaciones locales. Quien presida el IEEM tendrá bajo su mando la organización de esa elección, la fiscalización de los gastos de campaña y la calificación de los resultados municipales. Presionar por la salida del presidente del árbitro es, en los hechos, una jugada para condicionar la conducción del proceso antes de que empiece.

El PRI llega a esta ofensiva con un incentivo doble. Por un lado, el partido ha construido un discurso de exigencia de "limpia" en los órganos electorales: en octubre de 2026 llamó desde la Cámara de Diputados a someter al INE a una investigación profunda y advirtió que, sin ella, estaría en riesgo el proceso de 2027. Por otro, el PRI mexiquense se prepara para disputar los 125 municipios y ha advertido sobre el uso de recursos públicos y la seguridad de sus aspirantes. La petición contra Ruiz Arvizu se inscribe en esa línea: no es una candidatura ni una precandidatura, es un posicionamiento que busca desgastar la credibilidad del árbitro local y, con ello, ganar margen de maniobra para impugnaciones futuras.

El límite de la lectura es claro: no existe aún resolución de autoridad alguna que acredite irregularidad en los contratos ni vínculo personal comprobado entre Ruiz Arvizu y Taddei. Lo que hay es una solicitud partidista y señalamientos periodísticos. La diferencia entre una sospecha y una falta administrativa la determinarán las autoridades competentes, no el partido que pide la separación.

La señal que envía el PRI a sus aliados y adversarios es que piensa pelear la elección mexiquense también en el terreno de la organización electoral, no solo en el de las candidaturas. Para Morena y sus aliados, la petición puede leerse como un intento de deslegitimar por anticipado al IEEM. Para el propio instituto, el costo es de credibilidad: tendrá que demostrar que sus contrataciones resisten el escrutinio público.

Qué sigue

El IEEM no ha anunciado si Ruiz Arvizu se separará del cargo ni si abrirá un procedimiento interno para revisar los contratos 109/25/AD y 190/25/AD. Las autoridades competentes deberán esclarecer los señalamientos y determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación. El calendario electoral mexiquense rumbo a 2027 marcará la presión: conforme se acerque el arranque formal del proceso, cualquier cuestionamiento al árbitro local adquirirá mayor peso político.