PRI Sinaloa exige investigar a fondo el INE antes de 2027

El PRI de Sinaloa exigió que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) lleguen hasta sus últimas consecuencias y que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo no se convierta en el punto final del expediente. El dirigente estatal César Emiliano Gerardo Lugo sostuvo que la salida de Taddei debe marcar el inicio de una revisión exhaustiva y transparente, con responsabilidades determinadas conforme a derecho, porque la credibilidad del árbitro electoral no puede quedar comprometida a pocos meses de las elecciones de 2027.

La exigencia no es un trámite partidista aislado. El PRI Sinaloa traslada al terreno estatal una demanda que su dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, impulsó desde el cuestionamiento a la conducción del INE. Gerardo Lugo recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo investigación presuntas irregularidades en contrataciones del organismo por un monto global reportado de 514 millones de pesos, entre adjudicaciones a empresas vinculadas entre sí y posibles conflictos de interés. También citó que el representante priista ante el INE, Emilio Suárez Licona, cuestionó la participación de la entonces consejera presidenta en un festejo relacionado con un proveedor del instituto.

El dirigente evitó anticipar conclusiones y precisó que corresponde a las autoridades competentes determinar posibles faltas y deslindar responsabilidades. La renuncia de Taddei, ocurrida antes de esta declaración, no equivale por sí sola a una resolución administrativa o penal sobre los señalamientos. Esa distinción importa: el PRI exige consecuencias jurídicas, pero lo que existe hasta ahora son investigaciones en curso y señalamientos públicos, no una determinación sancionatoria.

La lectura política

En la práctica, el pronunciamiento cumple tres funciones. Primero, coloca al PRI de Sinaloa en posición de custodio de la equidad electoral rumbo a 2027, un año en que el estado renovará espacios clave y en el que el partido ya anticipó una alianza con el PAN. Segundo, condiciona el proceso de sucesión en el INE: Gerardo Lugo advirtió que la transición no debe servir para colocar perfiles afines a Morena y exigió independencia, capacidad profesional y solvencia moral en quien encabece el instituto. Tercero, mide lealtades internas al alinear el discurso estatal con la postura de Moreno Cárdenas.

El incentivo es claro. Un árbitro bajo sospecha es un argumento de campaña disponible para toda la oposición, y el PRI busca capitalizarlo antes de que el relevo en el INE cierre el tema. La mención al respaldo que Andrés Manuel López Obrador dio a Taddei en 2023, cuando la calificó como persona "honesta e íntegra", funciona como contraste político: sugiere que la designación por insaculación no garantizó autonomía y que el actual cuestionamiento obliga a revisar el mecanismo.

El límite de la lectura es igual de relevante. No hay en la evidencia una candidatura formal ni una precandidatura de facto en juego; lo que hay es un posicionamiento partidista sobre la integridad del árbitro. El PRI no presenta pruebas propias ni una resolución que acredite las irregularidades: se apoya en la investigación de la ASF y en cuestionamientos de su representante ante el INE. Eso no invalida la demanda, pero la ubica como presión política legítima, no como fallo.

Qué sigue

El proceso de sucesión en la presidencia del INE es el siguiente punto verificable: la designación de quien encabece el instituto definirá si el PRI sostiene o intensifica su vigilancia. En paralelo, la ASF y las autoridades competentes deben resolver si existen responsabilidades administrativas por las contrataciones señaladas. El PRI Sinaloa anunció que permanecerá atento a ambos frentes y a los resultados de las investigaciones, con la mira puesta en las condiciones de equidad de 2027.