PRI y PAN en Sonora exigen salida de Nery Ruiz del IEE rumbo a 2027

Las dirigencias estatales del PRI y del PAN en Sonora coincidieron en exigir la salida de Nery Ruiz Arvizu, presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora), y en pedir que se aclaren presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos del organismo. La demanda no es un trámite: ocurre cuando el árbitro local empieza a cargar con la organización de la elección de 2027, en la que se renovará la gubernatura y el Congreso local.

La presidenta del PRI en Sonora, Lupita Soto, solicitó que Ruiz Arvizu se separe temporalmente del cargo mientras se investigan las operaciones del organismo y posibles conflictos de interés. Soto planteó la separación temporal como condición para transparentar las contrataciones de los últimos años y recuperar la confianza ciudadana rumbo a 2027. Por su parte, la presidenta del PAN en Sonora, Celina Aldana, también exigió la salida de Ruiz Arvizu e informó que la dirigencia nacional panista presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por seis posibles delitos federales.

Ambos partidos pidieron investigar los señalamientos y fortalecer la transparencia de las instituciones electorales. Aldana sumó una demanda adicional: renovar la estructura del organismo con perfiles ciudadanos independientes. El señalamiento central que ambos partidos piden aclarar son los vínculos del presidente del IEE con funcionarios de administraciones anteriores, un tema que ya había sido colocado en la conversación pública por otras fuerzas políticas en Sonora.

La lectura política

La exigencia de renuncia funciona, en la práctica, como un movimiento de posicionamiento temprano: no busca resolver un expediente jurídico, sino fijar la agenda de quién vigila al árbitro electoral antes de que arranque formalmente el proceso de 2027. Ninguno de los dos partidos ha presentado una candidatura ni una precandidatura con este tema; lo que está en juego es el margen de maniobra sobre el organismo que calificará coaliciones, candidaturas y gastos de campaña.

El incentivo del PRI y del PAN es doble. Por un lado, presionan a un árbitro local cuya integración no controlan y cuya actuación será decisiva en la elección de gubernatura, la plaza más disputada del estado. Por otro, la exigencia les permite presentarse ante el electorado como fuerzas que cuidan la imparcialidad electoral, un terreno donde la oposición suele tener ventaja narrativa frente a un gobierno en turno. La denuncia panista ante la FGR añade una capa federal: al llevar el caso fuera de Sonora, el PAN busca que la revisión del árbitro local no quede en manos de las mismas autoridades estatales que el partido cuestiona.

El límite de la lectura es claro: la evidencia disponible no acredita que las irregularidades señaladas existan ni que Ruiz Arvizu haya incurrido en conflicto de interés. Lo que sí está documentado es la exigencia pública de dos dirigencias partidistas y una denuncia presentada ante la FGR. La diferencia importa: una cosa es la acusación política y otra la situación jurídica formal del funcionario, que hasta ahora no ha sido separado del cargo ni señalado por una resolución administrativa o judicial.

El equilibrio interno del IEE también queda expuesto. Un organismo electoral que opera con su presidente cuestionado por dos de los principales partidos enfrenta un problema de legitimidad anticipada: cada decisión sobre registros, coaliciones o fiscalización será leída por los inconformes como parcial. La demanda de Aldana de renovar la estructura con perfiles ciudadanos independientes apunta a ese punto: no solo se cuestiona a una persona, se cuestiona la composición completa del árbitro local.

Para 2027, la señal que envían PRI y PAN a sus aliados y adversarios es que el terreno electoral sonorense se disputará también en el diseño institucional. Quien logre influir en la integración o en la salida del presidente del IEE gana un margen que no se recupera después, cuando el calendario electoral ya está en marcha y las decisiones del organismo se vuelven difíciles de revertir.

Qué sigue

El primer paso verificable es la respuesta del propio Ruiz Arvizu y del Consejo General del IEE Sonora a la exigencia pública. No está definido si el organismo abrirá un procedimiento interno, si el presidente se separará temporalmente del cargo como pidió Soto, ni si el Congreso de Sonora —facultado para designar y remover a los consejeros electorales— abordará el tema en sesión. En el plano federal, la denuncia del PAN ante la FGR por seis posibles delitos federales deberá ser admitida o desechada por la Fiscalía, un trámite cuyo plazo no está establecido en la evidencia disponible. El calendario electoral de 2027 en Sonora aún no arranca formalmente, pero la discusión sobre quién preside el árbitro local ya está abierta.