PVEM, Morena y PT exigen consenso para presidir el INE rumbo a 2027

Senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y el Partido del Trabajo (PT) plantearon que la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) debe surgir de un consenso amplio entre todos los grupos parlamentarios, con el argumento de que esa base de acuerdo es condición para la legitimidad y la confianza en el proceso electoral de 2027. La declaración ocurre en un momento en que la sucesión en la cúpula del árbitro electoral dejó de ser un trámite y se convirtió en una negociación política de primer orden.

El contexto inmediato es la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y las acusaciones de irregularidades dentro del organismo, algunas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ese cuadro abrió la puerta, según los propios legisladores, a acuerdos que trasciendan la mayoría legislativa. Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM, sostuvo que quien encabece el INE debe tener el respaldo de todas las bancadas y que, de confirmarse las irregularidades señaladas por la ASF, deberán presentarse las denuncias necesarias, incluso de carácter penal.

A esa postura se sumaron senadores de Morena como Saúl Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes abogaron por que la designación refleje imparcialidad y la capacidad de los partidos para consensuar. La vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, propuso involucrar a académicos en la selección de perfiles con experiencia electoral y recordó que el nuevo titular deberá supervisar más de 19 mil cargos en la elección de 2027. Del otro lado, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, insistió en que la persona seleccionada debe ser autónoma y no estar ligada a intereses gubernamentales.

La lectura política

El llamado al consenso tiene una función práctica distinta a su enunciado formal. En la práctica, el bloque oficialista en el Senado controla la mayoría que puede decidir la presidencia del INE, de modo que el consenso opera como una condición política que el propio bloque puede administrar, no como una restricción externa que lo obligue. Esa es la diferencia entre una designación por mayoría y una designación con respaldo opositor: la primera es legalmente suficiente; la segunda agrega legitimidad pública a un árbitro que llega debilitado por la renuncia de su titular y por las observaciones de la ASF.

El incentivo de PVEM, Morena y PT es claro: un INE con respaldo cruzado reduce el costo político de impugnaciones y descalificaciones rumbo a 2027, cuando se renovarán más de 19 mil cargos y la autoridad electoral será el blanco natural de las acusaciones de parcialidad. Para el PRI, en cambio, el margen de maniobra está en exigir autonomía como condición para sumarse, lo que le permite presentarse como garante del árbitro sin cargar con la responsabilidad de la designación.

La propuesta de Bañuelos de incorporar académicos y perfiles con experiencia electoral funciona como una señal de apertura, pero también como un filtro: no toda trayectoria electoral es neutral para el bloque que la evalúa, y el criterio de experiencia puede convertirse en un mecanismo de selección política. El límite de la evidencia es que no hay aún una terna formal ni un calendario de designación publicado, por lo que la negociación sigue en fase de posicionamiento, no de candidatura registrada.

Qué sigue

El Senado deberá definir el procedimiento y el calendario para la designación de la nueva presidencia del INE. La ruta verificable pasa por la convocatoria de la Junta de Coordinación Política, la eventual integración de una terna o lista de aspirantes y la votación en el pleno. También queda pendiente el destino de las observaciones de la ASF: si se presentan denuncias penales, el nuevo titular heredará una agenda de rendición de cuentas que condicionará su margen de acción frente a 2027.