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Senadora del PAN culpa a Morena por crisis del INE y apunta a 2027

Verónica Rodríguez Hernández sostiene que la salida de Guadalupe Taddei es consecuencia de la concentración de facultades en la presidencia del instituto. El PAN propone devolver al Consejo General la decisión sobre nombramientos estratégicos.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre Congreso y reglas electorales
Ilustración editorial de Ruta 27.
EN 30 SEGUNDOS

La senadora panista Verónica Rodríguez Hernández responsabilizó a Morena por la crisis del INE tras la salida de Guadalupe Taddei y advirtió que rumbo a 2027 el país necesita un árbitro imparcial. El PAN presentó una iniciativa para que los nombramientos estratégicos del instituto requieran ocho de once votos del Consejo General, revirtiendo la concentración de facultades en la presidencia.

La senadora Verónica Rodríguez Hernández llevó al pleno del Senado la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y la atribuyó a Morena. Desde tribuna, la legisladora por San Luis Potosí sostuvo que la crisis del organismo no es un accidente administrativo sino el resultado de las modificaciones legales que permitieron concentrar atribuciones en la presidencia del instituto, y advirtió que de cara al proceso electoral de 2027 el país necesita un árbitro imparcial.

La senadora panista vinculó la salida de Taddei con las reformas que, según su lectura, concentraron en la presidencia del INE la facultad de nombrar y remover unilateralmente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin consenso del Consejo General. Se refirió concretamente al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) como la pieza que, a su juicio, debilitó los mecanismos de control interno del organismo.

El señalamiento ocurre en un momento en que el INE enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades y actos de corrupción durante la gestión de Taddei. Rodríguez Hernández exigió que la salida de la funcionaria no cierre las investigaciones abiertas y reclamó que el oficialismo no puede deslindarse de decisiones que, desde su perspectiva, erosionaron los contrapesos del instituto. "No pueden venir aquí a lavarse las manos y a pretender no hablar de los temas importantes en esta tribuna", dijo.

El Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para restablecer los contrapesos: los nombramientos estratégicos requerirían el respaldo de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General. La propuesta también contempla un procedimiento extraordinario para revisar, dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, la idoneidad y el desempeño de los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas ya designados.

La legisladora exigió además que la designación de la nueva presidencia del INE se realice con transparencia y que la persona elegida cuente con independencia y credibilidad. "El INE le pertenece a los ciudadanos", sentenció.

La lectura política

El movimiento de Rodríguez Hernández cumple una función de oposición clásica: trasladar al pleno la responsabilidad política de una salida que el oficialismo prefiere presentar como decisión institucional. Al nombrar el artículo 45 de la LGIPE, la senadora no solo acusa; construye una cadena causal verificable entre la reforma legal, la concentración de facultades y la crisis del árbitro electoral. Esa cadena es la que da sustento a su exigencia de contrapesos.

La iniciativa del PAN no busca revertir la salida de Taddei, sino modificar la regla que permitió su remoción unilateral y que regirá la próxima designación. Ese es el punto con mayor consecuencia práctica: si la propuesta prospera, el próximo presidente o presidenta del INE no podrá nombrar y remover a su equipo sin ocho votos del Consejo General. Si no prospera, la presidencia conservará la facultad que el PAN considera excesiva.

El incentivo de Morena es distinto. La salida de Taddei le permite reordenar la presidencia del instituto antes de que arranque formalmente el proceso de 2027, cuando el INE deberá organizar la elección presidencial y las gubernaturas. La acusación panista de "lavarse las manos" apunta precisamente a que el oficialismo pueda presentar la salida como una corrección sin asumir costo político por la gestión que la precedió.

Para San Luis Potosí el debate tiene un eco concreto: la entidad renovará gubernatura en 2027 y ya arrastra una discrepancia entre el calendario del INE y la reforma electoral local sobre las fechas de precampaña. Un INE con presidencia debilitada o cuestionada complica la homologación de calendarios y la resolución de controversias locales. La imparcialidad que reclama la senadora no es un abstracto: se juega en la capacidad del instituto para arbitrar conflictos como el potosino.

Rodríguez Hernández no presentó una candidatura ni una aspiración propia; su intervención es posicionamiento legislativo y de partido. La distinción importa: no hay precandidatura de facto, sino una apuesta por colocar el tema del árbitro electoral en el centro del debate rumbo a 2027.

Qué sigue

La iniciativa del PAN deberá dictaminarse en las comisiones del Senado, donde Morena y sus aliados tienen mayoría. El proceso de designación de la nueva presidencia del INE será el primer test de si el criterio de transparencia que exige la oposición se traduce en un procedimiento con votos calificados o se resuelve con la correlación existente. En paralelo, el Consejo General del INE y el organismo electoral potosino deberán resolver la discrepancia de fechas de precampaña antes de enero de 2027.