Taddei deja el INE y consejeros apuntan a sus funcionarios de confianza

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó de ser un asunto personal y se convirtió en una disputa por el control administrativo del árbitro. Tras hacerse oficial la salida la tarde del lunes 27 de octubre de 2026, consejeros del Consejo General plantearon que los funcionarios nombrados por ella deben separarse del cargo, pues, según la discusión interna, quedaron en una situación complicada.

El planteamiento no es menor. Taddei usó las facultades que la reforma electoral de Morena concentró en la presidencia para colocar a perfiles afines en las áreas que sostienen la operación del Instituto: la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de Fiscalización, la Dirección de Administración y la Dirección de Asuntos Jurídicos. La salida de Taddei no desmonta por sí sola esa estructura de mando, y ahí está el nudo del conflicto.

En la Secretaría Ejecutiva, el cargo más importante de la rama administrativa, está Roberto Carlos Félix como encargado de despacho. Fue secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora cuando Taddei presidía ese organismo, y en el INE recibió distintos encargos hasta llegar a la Secretaría. En Fiscalización, área que vigila el dinero de partidos y campañas, Taddei nombró a Mario Alberto Alejo García; los consejeros Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo impugnaron la designación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la confirmó con el argumento de las facultades presidenciales vigentes.

En Administración, que maneja el presupuesto del Instituto, el nombramiento más polémico fue el de Jesús Octavio García, señalado por conflicto de interés porque pasó de representante legal de Cajas Graf, proveedora del INE envuelta en el escándalo que precipitó la renuncia de Taddei, a administrar el presupuesto. Salió tras las críticas; le siguió Eduardo Meza Rincón, que duró una semana, y hoy ocupa el cargo Liliana Díaz de León Zapata. En Asuntos Jurídicos está Anahí Silva Tosca, exsubdirectora de esa área en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco.

La lectura política

La exigencia de separar a los funcionarios opera, en la práctica, como una disputa por el control de la maquinaria electoral a un año del arranque formal del proceso de 2027. Quien conserve la Secretaría Ejecutiva y la Fiscalización conserva la capacidad de decidir sobre contratos, personal, expedientes de fiscalización y tiempos administrativos. No es una pelea de escritorio: esas áreas definen qué tan rápido se procesan quejas, cómo se vigila el gasto de partidos y qué margen tiene el Consejo General para imponer criterio propio.

El incentivo de los consejeros que plantearon la salida es doble. Por un lado, marcan distancia del escándalo de proveedores que llevó a Taddei a renunciar y buscan restaurar la credibilidad del Instituto ante la opinión pública y los partidos. Por otro, recuperan un margen de maniobra que la concentración de facultades les había restado. Para Morena, que diseñó esas facultades, la salida de los nombrados sería una señal de que su influencia sobre la operación administrativa se diluye; para la oposición, sería la prueba de que el Instituto puede corregir el rumbo sin esperar al relevo formal.

Conviene precisar el límite: no existe aún una candidatura ni un proceso de remoción en curso contra estos funcionarios. Lo que hay es una posición política de consejeros, no una resolución. La renuncia de Taddei es un hecho consumado; la salida de sus nombrados es, por ahora, una exigencia en disputa. Esa diferencia importa porque el relevo en la presidencia se define en la Cámara de Diputados y el nuevo titular podría optar por sostener o reemplazar la estructura heredada.

La señal rumbo a 2027 es clara: el INE entra a su año más exigente con una presidencia interina, una estructura administrativa cuestionada y consejeros que buscan reordenar el mando. Cualquier movimiento sobre esos cargos será leído por los partidos como una señal de hacia dónde se inclina el árbitro.

Qué sigue

El Consejo General debe resolver la presidencia provisional y la Cámara de Diputados debe sustanciar el procedimiento de designación del relevo. En paralelo, la discusión sobre los funcionarios nombrados por Taddei no tiene aún cauce formal: no se ha anunciado una votación del Consejo para removerlos ni un plazo para que se separen. El primer indicador verificable será si el nuevo titular del Instituto ratifica, reasigna o pide la renuncia de Roberto Carlos Félix en la Secretaría Ejecutiva y de Mario Alberto Alejo García en Fiscalización.