TEPJF busca decálogo de género para jueces rumbo a 2027

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) inauguró el IX Encuentro de Magistradas Electorales, donde más de 46 juezas de salas regionales y tribunales estatales trabajan en un Decálogo de Justicia Electoral con Igualdad Sustantiva. El documento, que se presentará públicamente al cierre del encuentro, no es una resolución ni un criterio jurisprudencial obligatorio: es un instrumento orientativo que el propio tribunal describe como guía para futuros asuntos. Su relevancia política radica en que anticipa cómo podría juzgarse la paridad y la violencia política de género en el proceso electoral 2026-2027, el primero que desembocará en la elección presidencial de 2027.

El magistrado presidente de la Sala Superior, Gilberto Bátiz García, sostuvo durante la inauguración que la perspectiva de género debe reflejarse en la manera de atender y procesar judicialmente los obstáculos que enfrenta la igualdad sustantiva. Bátiz García enumeró barreras concretas: hechos sin testigos, información en manos de la autoridad señalada, estereotipos en la valoración de conductas y limitaciones lingüísticas, económicas, digitales o territoriales para acceder a un tribunal. Esas barreras, dijo, deben considerarse al juzgar.

El encuentro incluyó un taller de deliberación jurisdiccional para sistematizar la experiencia de las participantes. La directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del TEPJF, María Magdalena Luna Ramírez, afirmó que las jornadas buscan fortalecer vínculos entre magistradas y construir criterios orientativos para el proceso 2026-2027. En el presídium estuvieron las presidentas de las salas regionales Ciudad de México, Toluca y Xalapa: María Cecilia Guevara y Herrera, Nereida Berenice Ávalos Vázquez y Roselia Bustillo Marín.

El Decálogo se presentará tras la sesión plenaria "Retos actuales de la justicia electoral para garantizar la igualdad sustantiva" y las mesas de trabajo sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. El contenido surgirá de las reflexiones de las magistradas, según la convocatoria. El tribunal no ha precisado si el Decálogo tendrá carácter vinculante para las salas regionales o los tribunales estatales, ni cómo se armonizará con la jurisprudencia existente en materia de paridad y violencia política.

La lectura política

El movimiento del TEPJF tiene una función práctica: convertir experiencia dispersa en un marco común antes de que arranque el proceso electoral. En la práctica, funciona como una señal de que el tribunal busca uniformar criterios en un tema donde las resoluciones han sido desiguales entre salas regionales y tribunales estatales. No es una candidatura ni un posicionamiento partidista, pero sí un acto de orientación política del árbitro electoral.

El incentivo es claro. La elección de 2027 será la primera en la que la paridad de género opere como principio constitucional plenamente exigible en todos los cargos federales y locales. Un Decálogo orientativo permite al TEPJF anticipar criterios sin comprometerse formalmente a una jurisprudencia que luego sería obligatoria y difícil de revertir. También envía una señal a los partidos: el tribunal observa con atención los casos de violencia política y paridad, y las magistradas de todo el país compartirán un lenguaje común para juzgarlos.

El límite es igual de relevante. Un decálogo no es una sentencia ni un acuerdo general del Pleno. Su eficacia dependerá de que las salas regionales y los tribunales estatales lo adopten voluntariamente. Si el documento se queda en declaración de principios sin criterios operativos, su impacto será simbólico. Si logra traducir las barreras enumeradas por Bátiz en estándares de prueba y valoración, podría cambiar la forma en que se litigan los casos de violencia política en 2027.

Qué sigue

La presentación pública del Decálogo está prevista para el segundo día de trabajos, tras la sesión plenaria y las mesas de trabajo. El tribunal no ha anunciado si el documento se publicará en el Diario Oficial ni si se circulará a los tribunales estatales. Tampoco ha definido si habrá un mecanismo de seguimiento para verificar su aplicación en las sentencias del proceso 2026-2027. La primera prueba será la resolución de casos de violencia política de género que lleguen a la Sala Superior en los próximos meses.