AVER pide frenar restricciones a la inversión en la Ley de Rentas de CDMX

La Asociación de Vivienda en Renta (AVER) pidió que la iniciativa de Ley de Rentas de la Ciudad de México evite disposiciones que desincentiven la inversión inmobiliaria y agilice los permisos de construcción, en un momento en que la discusión legislativa fue aplazada hasta el 28 de noviembre. La petición no es menor: define quién construye la ciudad, a qué velocidad y con qué reglas se reparte el costo de la vivienda en arrendamiento.

El planteamiento de AVER condiciona la ampliación de la oferta de vivienda en renta a reglas que no castiguen al inversionista, y con ello traslada el debate de la protección al inquilino hacia las condiciones de quien construye. Carlos Valladares, director general de la organización, sostuvo que una política de rentas accesibles debe acompañarse de medidas que faciliten la construcción, agilicen los permisos y otorguen certeza jurídica a los inversionistas. Desde su perspectiva, nuevas restricciones al mercado podrían reducir las alternativas habitacionales disponibles en la capital.

El mecanismo económico es directo: si el marco regulatorio eleva el costo de construir o de operar un inmueble en renta, una parte de la inversión se retira o se dirige a otros mercados, y la oferta disponible se contrae. Con menos unidades en el mercado, la presión sobre los precios de arrendamiento no cede. Valladares ubicó el cuello de botella en los tiempos de permisos, que pueden extenderse entre tres y seis años, un plazo que desalienta proyectos y encarece el capital inmovilizado. Su propuesta incluye fortalecer la infraestructura y permitir mayor densidad y altura en zonas con servicios y transporte, lo que, argumentó, ampliaría opciones de renta y compra a distintos niveles.

El costo de ese cuello de botella no lo absorbe el desarrollador en solitario: se reparte entre el inquilino que enfrenta menos opciones y el gobierno capitalino que promete vivienda sin lograr abastecer el mercado. La asociación cifró el déficit habitacional de la Ciudad de México en alrededor de 700,000 viviendas, frente a las 800,000 unidades que alcanzan las cifras oficiales, y consideró complejo que el gobierno capitalino cumpla su meta de 30,000 viviendas nuevas. Esa brecha es el margen real de negociación legislativa: cualquier regla que restrinja la inversión compite con la necesidad de sumar proyectos.

El desplazamiento de los desarrolladores refuerza la advertencia. Según Valladares, hace una década 80% de los inversionistas se concentraba en la Ciudad de México y 20% operaba fuera; hoy la proporción se invirtió. Ese cambio sugiere que las condiciones regulatorias y administrativas ya pesan en la decisión de dónde construir, y que la Ley de Rentas puede acelerar o frenar esa salida.

La lectura

El aplazamiento hasta el 28 de noviembre abre una ventana para mesas de diálogo entre autoridades, organizaciones sociales y representantes del sector inmobiliario. Para AVER, ese periodo debe servir para acordar disposiciones que no reduzcan el inventario disponible y que tomen en cuenta las consecuencias económicas y sociales de las nuevas reglas en el corto, mediano y largo plazo. La lectura política es que el gobierno capitalino enfrenta un dilema redistributivo: si endurece las reglas para proteger al inquilino, puede desincentivar la inversión que necesita para cerrar la brecha de vivienda; si las flexibiliza, la protección del arrendatario queda sujeta a la buena voluntad del mercado. El hecho no permite saber aún qué disposiciones concretas contiene la iniciativa ni cuánto peso tendrá cada parte en el texto final.

Qué sigue

La discusión legislativa continuará el 28 de noviembre, y el resultado dependerá de si las mesas de diálogo producen reglas que combinen protección al inquilino con incentivos verificables a la construcción. El punto a vigilar es si el texto final incorpora plazos máximos para permisos y criterios de densidad en zonas con servicios, o si prevalecen restricciones que, según AVER, reducirían la oferta. Sin el contenido detallado de la iniciativa, no es posible determinar quién absorberá el costo final de la nueva ley.