CDMX limita rentas a la inflación y desafía a cámaras empresariales

El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, salió a defender la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles frente a las críticas de las cámaras empresariales que integran el G9, que advirtieron que el tope a los aumentos de renta puede frenar el dinamismo económico. “Se trata de que todos trabajemos en que comience el fin de la era de las rentas impagables en la Ciudad de México”, dijo el funcionario en entrevista.

El punto de fricción es concreto. La iniciativa plantea que el monto de la renta solo pueda subir conforme a la inflación, sin importar si hay contrato nuevo o inquilino nuevo. El G9 propuso, en cambio, que el monto se acuerde libremente entre arrendador e inquilino cada vez que inicie un contrato. Muñoz dijo que la propuesta se analiza, pero insistió en que el problema central es evitar abusos, como terminar el contrato para después subir la renta.

El mecanismo: quién paga y quién gana

El tope a la inflación transfiere poder de negociación del arrendador al inquilino en el momento más vulnerable: la renovación o el cambio de contrato. En un mercado de renta con oferta limitada, el propietario suele fijar el precio; si puede terminar el contrato y volver a rentar al precio que quiera, el límite a la inflación se vuelve letra muerta. Por eso la ley busca cerrar esa salida.

El costo inmediato lo absorben los propietarios que hoy ajustan rentas por encima de la inflación o que usan el desalojo como palanca de renegociación. El beneficio lo reciben los inquilinos que pagan puntualmente y que, con la regla actual, quedan expuestos a aumentos discrecionales. Para el gobierno capitalino, el margen de acción es acotado: la renta es un acuerdo entre particulares y la ley no fija precios, solo limita la variación anual.

Muñoz recordó que el límite de aumento conforme a la inflación ya está establecido en el Código Civil desde 2024, de modo que la nueva ley no crea el tope, sino que busca hacerlo exigible. “Todos los caseros deben tener claro que el límite está ya establecido en el Código Civil”, afirmó, y añadió que quienes enfrenten un incremento superior pueden recurrir a vías jurídicas.

El funcionario también reconoció que hay planteamientos atendibles. Sobre cómo se definirán las mejoras de los inmuebles que permitirían un alza adicional, aceptó que puede precisarse en el Congreso y desarrollarse en el reglamento. Y consideró factible que los diputados incluyan artículos transitorios para evitar abusos entre la aprobación de la ley y la publicación de su reglamento.

La lectura

La disputa no es técnica sino de reparto: el G9 defiende la libertad de fijar el precio en cada contrato nuevo; el gobierno sostiene que esa libertad, sin tope, se convierte en la vía para evadir el límite vigente. El antecedente del Código Civil es clave: si el tope ya existe y aun así se reportan aumentos por encima de la inflación, el problema es de aplicación, no de diseño. De ahí que Muñoz insista en difusión, concientización y mecanismos jurídicos, y que califique de “fantasma” la advertencia de una lluvia de amparos.

El efecto cotidiano comprobable es directo para quienes rentan en la capital: un contrato que hoy se renueva con un aumento de dos dígitos quedaría acotado a la inflación si la ley se aprueba y se aplica. Para los propietarios, el rendimiento real de su inmueble queda atado al índice de precios, sin margen para capturar el aumento de demanda por sí solos. El riesgo que la evidencia no permite descartar es el traslado a acuerdos informales o de palabra, que el propio secretario admite como desafío de aplicación.

El proyecto incluye en sus artículos transitorios la posibilidad de otorgar beneficios fiscales a quienes firmen contratos multianuales, una palanca para inclinar a los propietarios hacia la formalidad. Muñoz dijo que esos apoyos podrían ampliarse, lo que abre la puerta a que el Congreso ajuste el equilibrio entre obligación y incentivo.

Qué sigue

La discusión en el Congreso capitalino definirá tres cosas: si se mantiene el tope a la inflación también en contratos nuevos, cómo se precisan las mejoras que justifican un alza y si se incluyen transitorios para el periodo sin reglamento. El G9 ya planteó su alternativa y el gobierno la califica de atendible, pero sin ceder en el principio del límite. Falta por verse el texto final y si los beneficios fiscales se amplían. La evidencia disponible no permite anticipar el sentido de la votación ni el número de amparos que podrían promoverse.