Crisis de Ueno Bank expone USD 345 millones del IPS y enciende alerta previsional

La crisis financiera desencadenada por el colapso de Ueno Bank encendió las alarmas sobre el futuro de los fondos previsionales administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS). Los referentes de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, Gustavo Canatta y Pedro Halley, advirtieron que el impacto no se limita a la entidad y que los aportantes y jubilados podrían terminar pagando las consecuencias de decisiones que no tomaron.

La exposición del IPS en Ueno Bank ronda los USD 345 millones, una cifra que Canatta estimó entre el 12% y el 15% de las reservas totales de la previsional. Ese porcentaje no es un dato menor: se trata de recursos destinados a sostener el pago de jubilaciones y otras prestaciones, es decir, dinero que tiene una función social concreta y un calendario de pagos que no admite pausas.

Halley calificó la situación como un verdadero «tsunami para el sistema previsional» y amplió el mapa del problema: la Caja Bancaria tendría comprometidos alrededor de USD 38 millones, mientras que la caja previsional vinculada a la ANDE registra unos USD 16 millones. A estos montos se suman recursos de la Caja Fiscal colocados a través del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que extiende el alcance de la crisis sobre el sistema de jubilaciones en su conjunto.

El mecanismo y quién absorbe el costo

El mecanismo económico es sencillo de describir y difícil de digerir. Las cajas previsionales colocan parte de sus reservas en bancos para obtener rendimientos que complementen los aportes. Cuando una entidad como Ueno Bank colapsa, esos fondos quedan atrapados en un proceso de liquidación. La legislación sobre garantías de depósitos contempla un tratamiento particular para determinados fondos previsionales, pero Halley advirtió que esa protección no elimina los riesgos asociados a la recuperación ni garantiza que el dinero vuelva inmediatamente a las instituciones afectadas.

Canatta rechazó que el IPS reciba inmuebles u otros bienes como compensación y exigió que la recuperación sea en dinero efectivo y por la totalidad de los recursos. Recordó las experiencias negativas de las crisis bancarias de la década de 1990, cuando la institución terminó recibiendo propiedades difíciles de administrar y comercializar, algunas con valoraciones cuestionadas. La advertencia apunta a que el costo no se mida sólo en dólares perdidos, sino en la calidad de los activos que reemplacen esos dólares.

El costo cotidiano tiene nombres concretos: medicamentos, turnos, atención hospitalaria y el pago mensual de las jubilaciones. Halley afirmó que el deterioro de los servicios médicos del IPS tiene una estrecha relación con la administración de sus recursos económicos, y sostuvo que los problemas de abastecimiento no pueden analizarse separadamente de las decisiones financieras que sostienen el funcionamiento de la institución.

Canatta cuestionó el desempeño de la Superintendencia de Bancos y consideró que los organismos de control debieron identificar oportunamente los riesgos de concentrar fondos públicos y previsionales en una sola entidad. También señaló que el IPS mantiene cerca de USD 500 millones disponibles sin generar rendimientos significativos, porque varias entidades bancarias ya alcanzaron los límites permitidos para recibir inversiones de la previsional. Esa situación, a su criterio, evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de administración de los recursos de los asegurados.

La lectura

El patrón que describen los dirigentes no es sólo financiero, sino político. Halley sostuvo que las investigaciones no deben concentrarse exclusivamente en los directivos de Ueno Bank, sino extenderse a las autoridades del IPS que autorizaron las inversiones y participaron en eventuales modificaciones de reglamentos y límites financieros. Preguntó qué funcionarios y miembros del Consejo de Administración intervinieron, bajo qué criterios técnicos actuaron y si existieron irregularidades que puedan derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.

Halley criticó que la conducción del IPS siga dependiendo de decisiones políticas del Poder Ejecutivo mediante un mecanismo que denominó «dedómetro», y cuestionó que la representación de los jubilados en el Consejo de Administración no rinda cuentas ante las organizaciones que debería representar. El margen del gobierno para responder a estos reclamos es acotado: puede mostrar la protección legal de los depósitos previsionales, pero no puede garantizar tiempos de recuperación ni evitar que la discusión sobre responsabilidades llegue a su propia estructura de designaciones.

Canatta recordó que la Unión Nacional de Jubilados viene solicitando desde hace años una revisión exhaustiva de la administración del IPS, con gestiones ante la Contraloría General de la República en 2023, 2024 y 2025, incluyendo actuaciones junto con la diputada Rocío Vallejo, y una denuncia penal ante el Ministerio Público. Como alternativa, propuso estudiar la creación de una entidad bancaria vinculada al IPS, con participación decisiva de trabajadores, empleadores y jubilados.

Qué sigue

La evidencia disponible no permite determinar si los fondos serán recuperados en efectivo, en qué plazo ni con qué pérdida efectiva. Tampoco permite establecer si las responsabilidades alcanzarán a funcionarios del IPS o quedarán acotadas a los directivos del banco intervenido. Lo que sí queda claro es que la discusión sobre la supervisión bancaria y la administración de los recursos previsionales ya dejó de ser técnica: se instaló en la agenda pública y tiene como protagonistas a quienes dependen de esos fondos para vivir.