Diputados aprueba PGN 2027 con déficit de 3,9% y recorta G. 1,7 billones

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la media sanción al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, un plan de G. 164 billones que equivale a USD 25.478,2 millones y crece 11,1% frente a lo aprobado en 2026. El déficit se mantiene en 3,9% del PIB pese a los recortes, porque el ajuste no toca los créditos públicos que financian el desbalance. La decisión, tomada en una extensa sesión extraordinaria, traslada ahora la discusión al Senado, que tendrá 15 días para estudiarlo.

El monto aprobado no es una corrección del rumbo fiscal. Es un presupuesto que gasta más que el anterior y que sostiene el mismo desequilibrio. Los G. 1,7 billones recortados equivalen a USD 276 millones y provienen de rubros de funcionamiento, no de la inversión social ni de las partidas que explican el déficit. La reducción de G. 947.528 millones corresponde a la Fuente 10, recursos del Tesoro, e incluye G. 741.562 millones en pasajes, viáticos y gastos de traslado, principalmente para la Presidencia.

El recorte también alcanza mantenimiento, limpieza, alquileres, informática, servicios bancarios, ceremonial, catering, alimentos, combustibles, construcciones, publicidad, consultorías, equipos de transporte y muebles y enseres. Se reduce parte del gasto en remuneración extraordinaria, remuneración adicional y bonificaciones. La mitad de los gastos reservados del presidente de la República, Pedro Alliana, queda recortada, pero el resto de las instituciones no sufrió la misma poda. Varios legisladores pidieron extender el recorte a los reservados de otras entidades, y el pedido no prosperó. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Lovera, argumentó que esos recursos se destinan a inteligencia y defensa en organismos de seguridad.

El diputado Daniel Centurión cuestionó esa decisión: «Conocemos que este rubro es utilizado de manera discrecional por las entidades y el monto ronda los G. 35.000 a 40.000 millones. Hoy estamos en una situación crítica. Si desde la Presidencia se tomó la decisión de apuntar a la austeridad, también podemos recortar estos gastos reservados para el mismo fin. Yo entiendo que son utilizados para inteligencia y defensa, pero el monto es demasiado importante».

El costo del ajuste selectivo

La exclusión de recortes define quién paga y quién no. Quedaron fuera el Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben). También la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en construcciones de uso institucional, equipos de computación y activos intangibles; los ministerios del Interior, de Defensa Nacional y de Justicia en viáticos, alimentos y combustibles; y el Ministerio de Relaciones Exteriores en viáticos. Las construcciones de obras de uso público tampoco fueron alcanzadas.

El PGN no solo recorta: también redirige. G. 622.444 millones de Fuente 10 van al Ministerio de Salud (G. 400.000 millones para medicamentos), al MOPC (G. 150.000 millones para obras) y al MEC (G. 72.444 millones para gastos corrientes, gratuidad y crecimiento vegetativo). Ese movimiento no altera el déficit porque se financia con los mismos recursos del Tesoro que se recortaron de otros rubros.

El déficit se sostiene con deuda. Según Lovera, el 3,9% se mantiene porque no hay recorte en la Fuente 20, de créditos públicos. El plan prevé un endeudamiento de USD 469,9 millones para financiar las demandas del ejercicio y otros USD 1.520,6 millones para «financiamiento parcial», especialmente para cubrir deudas con proveedores. El margen del Gobierno depende de colocar esos títulos en un contexto de desconfianza tras el caso ueno, y el propio ministro admitió que aún no puede estimar el impacto si no se colocan todos.

En la vida cotidiana, el presupuesto aprobado no cambia de inmediato el bolsillo de los contribuyentes ni el precio de los alimentos, pero sí define qué se financia con deuda y qué se recorta. Los pasajes, viáticos y gastos de traslado de la Presidencia se reducen, mientras hospitales, escuelas y obras públicas reciben una parte de lo recortado. La incógnita es si el Senado mantiene el texto o introduce nuevos cambios en 15 días.

La lectura

El oficialismo logró una media sanción sin corregir el desbalance fiscal. El recorte es real, pero está diseñado para no tocar las partidas que explican el déficit ni los créditos públicos que lo financian. El ajuste recae sobre gastos operativos y reservados presidenciales, no sobre la estructura que sostiene el endeudamiento. Esa combinación permite mostrar austeridad sin modificar la trayectoria del déficit.

El costo político se concentra en la Presidencia, que aceptó reducir a la mitad sus reservados, y en los legisladores que pidieron extender el recorte y no lo lograron. El beneficio se reparte entre Salud, Educación y Obras Públicas, que reciben fondos redirigidos. Quienes absorben el costo material son los proveedores del Estado que dependen de los rubros recortados y, a futuro, los contribuyentes que pagarán los intereses de la deuda que financia el 3,9%.

Qué sigue

El proyecto pasa al Senado, que tiene 15 días para su estudio. La Cámara Alta puede ratificar el texto, modificarlo o devolverlo. La pregunta central es si el Senado mantiene el déficit de 3,9% o introduce cambios en la Fuente 20. También queda pendiente el debate sobre los gastos reservados de otras instituciones, que Diputados dejó fuera.

La evidencia disponible no permite saber si el Senado aceptará el recorte de G. 1,7 billones ni si el MEF logrará colocar los USD 1.990,5 millones previstos en deuda. Esos dos elementos definirán si el presupuesto aprobado se ejecuta como está escrito o si el déficit termina siendo mayor al proyectado.