Diputados aprueban gasto de 10.6 billones con menor déficit

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del miércoles el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027: un gasto neto de 10.6 billones de pesos y un déficit fiscal inferior al de 2026, luego de casi 20 horas de deliberación. El paquete fue turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. La decisión fija el techo de lo que el Estado podrá gastar el próximo año y, con ello, el margen real de la política pública: qué programas se financian, qué organismos se aprietan y cuánta deuda se autoriza para cerrar la brecha.

El presupuesto aprobado asciende a 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, un incremento de alrededor de 1.1 por ciento en términos reales respecto de 2026, ligeramente por debajo de la propuesta original del Ejecutivo. El déficit previsto es de un billón 358 mil 558.8 millones de pesos, menor al del año anterior, lo que refleja un esfuerzo por equilibrar el gasto social con una reparación gradual de las finanzas públicas. En la estructura del gasto, 69.9 por ciento corresponde a gasto programable y 30.1 por ciento a erogaciones no programables, donde se concentran compromisos como el servicio de la deuda.

El ajuste más controvertido fue la reducción de seis mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE). La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el organismo recibirá alrededor de 36 mil millones de pesos, frente a los poco más de 42 mil millones de la propuesta inicial. Argumentó que, considerando la inflación, el monto es "muy similar" al que el organismo ejerció en el año electoral de 2024, por lo que la elección intermedia de 2027 está "garantizada" financieramente. Los recursos recortados se reasignaron a distintos rubros: tres mil millones a infraestructura educativa mediante La Escuela es Nuestra; mil millones a medio ambiente; 700 millones a la Agencia Federal de Aviación Civil; 618 millones a Expansión de Educación Inicial; 362 millones a la Secretaría de las Mujeres; 300 millones a la búsqueda de personas desaparecidas; y 20 millones a turismo.

La reasignación de seis mil 500 millones de pesos del presupuesto de la Comisión Nacional del Agua para iniciar el Nuevo Acueducto Calderón–San Gaspar y el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara concentra el beneficio territorial en Jalisco, alivio para una zona metropolitana con escasez crónica de agua. El mecanismo es claro: el dinero no se crea, se mueve. Cada peso que gana un programa lo pierde otro, y en un presupuesto con déficit decreciente el margen para contentar a todos se estrecha. Quienes absorben el costo inmediato son los organismos cuyo techo de gasto baja —el INE es el caso más visible— y, en el mediano plazo, los contribuyentes que financian el déficit restante.

Las restricciones financieras de las empresas estatales de energía siguen siendo severas. A Pemex se le fijó una meta de balance financiero de 95 mil 103 millones de pesos y un techo de gasto en servicios personales de 118 mil 609.2 millones; a la CFE, una meta de 25 mil 049.3 millones y un techo de 94 mil 44.5 millones. Los programas prioritarios reciben cerca de un billón 25.4 mil millones de pesos, equivalentes a 2.6 por ciento del PIB, y el gasto de inversión estimado asciende a un billón 133 mil 613.2 millones.

La lectura

El presupuesto es una decisión redistributiva, no una hoja contable. El recorte al INE y la reasignación a obras hidráulicas en Jalisco muestran que el Congreso ejerció su margen de modificación para premiar prioridades políticas y territoriales específicas. La defensa oficial —comparar el monto con el de 2024 ajustado por inflación— es un argumento de suficiencia, no de holgura: el INE tendrá menos recursos nominales que los propuestos para organizar la elección intermedia de 2027. Si esa suficiencia se sostiene dependerá de la ejecución y de que no aparezcan costos no previstos.

El déficit menor al de 2026 da al gobierno un argumento de disciplina fiscal, pero también limita su capacidad de respuesta ante choques. El espacio fiscal se estrecha justo cuando las empresas estatales de energía cargan metas de balance exigentes y el gasto social crece. El efecto cotidiano comprobable está en los programas que reciben más dinero: escuelas, medio ambiente, búsqueda de personas y agua para Guadalajara. El costo está en los organismos que operan con menos y en la deuda que se seguirá pagando.

Qué sigue

El decreto fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor. A partir de ahí, la disputa se traslada de la tribuna a la ejecución: cómo se ejercen los recursos reasignados, si el INE ajusta su operación para 2027 y si las obras hidráulicas en Jalisco arrancan en los tiempos previstos. El presupuesto aprobado es el marco; la política real se verá en los primeros trimestres de ejercicio.