Gremios exigen reformular el PGN 2027 y respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal

Una centena de gremios empresariales, encabezados por Feprinco, CIP, UIP, ARP y Asoban, remitió este miércoles una nota al presidente Pedro Alliana en la que exige la reformulación del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 y el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. La misiva llega tras la crisis desatada por el proceso de resolución de ueno Bank y a un día de que la Cámara de Diputados trate el plan de gastos. Los empresarios sostienen que el presupuesto fue elaborado con ingresos irreales y promete beneficios insostenibles, por lo que no está preparado para afrontar las consecuencias de la crisis financiera.

El texto, firmado por 147 agrupaciones de la producción, la industria, el comercio, los servicios y la sociedad civil, advierte que el proyecto oficial “no refleja las prioridades ni los cambios que exige la crisis”. Según los firmantes, el PGN incluye “reducciones ficticias del déficit y aumentos de recaudación sin sustento”, y las emisiones de bonos en guaraníes propuestas para financiar gastos “ni siquiera son compatibles con la legislación”. Además, critican que se postergan problemas estructurales como el déficit creciente de la Caja Fiscal.

La crisis de ueno Bank dejó ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos y un perjuicio estimado para las arcas públicas de entre el 1,5% y el 2% del PIB. Los gremios exigen que se determinen responsabilidades, se recuperen los recursos y se corrijan las fallas que permitieron el descalabro. En ese marco, reclaman que el presupuesto se reformule con ingresos “realistas” y gastos “financiables”, respetando el tope de déficit de 1,5% del PIB que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El Gobierno, por su parte, anunció recortes en Presidencia —pasajes, viáticos y otros rubros— para redirigir fondos a Salud. Sin embargo, según la información disponible, esos ajustes representarían apenas una reducción de USD 3 millones, una cifra menor frente a la magnitud del perjuicio fiscal estimado. La diferencia entre la austeridad prometida y la exigida por los empresarios marca el pulso político de la discusión presupuestaria.

Los gremios proponen una serie de medidas concretas: eliminar gastos injustificados como pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal; reasignar esos recursos prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación; identificar a los beneficiarios de programas sociales y justificar sus asignaciones; garantizar el resarcimiento a todos los ahorristas afectados mediante mecanismos legales; y destinar los bienes recuperados de los responsables a reparar el perjuicio de los depósitos no cubiertos por el Fondo de Garantía.

Asimismo, plantean reducir las contrataciones públicas que no respondan a necesidades esenciales, cubrir las aproximadamente 10.000 vacancias anuales solo en áreas esenciales, controlar la recaudación de peajes, integrar la Secretaría de Turismo al Ministerio de Industria y Comercio, revisar el régimen de doce horas semanales de los médicos y dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social. Para preservar los fondos públicos, recomiendan establecer por ley un registro diario y actualizado de los saldos de cada entidad pública, el banco depositario, montos, modalidad y plazos de depósito, además de campañas de formalización y controles anticontrabando.

La lectura

El conflicto distributivo está en el centro de la disputa. El presupuesto es el instrumento que define quién paga la crisis: si los ajustes se concentran en gastos superfluos y privilegios, el costo recae sobre los sectores que hoy se benefician de esas erogaciones; si, en cambio, se opta por mantener el statu quo, el ajuste terminará recayendo sobre los ahorristas y los contribuyentes. Los gremios empresariales, que agrupan a los principales generadores de empleo y riqueza, buscan que el ajuste no afecte la inversión ni la confianza, pero también presionan para que el Gobierno asuma su responsabilidad en la crisis bancaria.

El margen de maniobra del Gobierno es estrecho. Por un lado, debe atender las demandas sociales y de infraestructura; por otro, la crisis de ueno Bank le exige destinar recursos fiscales a resarcir a los ahorristas y a fortalecer la supervisión financiera. La Ley de Responsabilidad Fiscal impone un límite al déficit, pero el proyecto oficial parece no cumplirlo. La exigencia de los gremios de un presupuesto realista es, en los hechos, un llamado a que el Gobierno elija explícitamente entre alternativas de gasto y no oculte el costo de la crisis con artificios contables.

El efecto cotidiano es verificable: si el presupuesto se aprueba sin cambios, los recursos para salud, educación y seguridad podrían ser insuficientes, mientras se mantienen gastos suntuarios. Si se reformula según lo pedido, habrá más fondos para esas áreas, pero también recortes en partidas que hoy benefician a sectores específicos. En cualquier caso, la crisis de ueno Bank ya afectó la confianza en el sistema financiero y las finanzas públicas, y la decisión que se tome este jueves en Diputados enviará una señal sobre la capacidad del Estado para gestionar crisis y priorizar el interés general.

Qué sigue

La Cámara de Diputados tratará el proyecto de PGN 2027 este jueves. Los gremios empresariales han puesto a disposición sus equipos técnicos para contribuir con la recuperación del país y reiteran la necesidad de actuar con “urgencia y firmeza”. El texto concluye: “La confianza exige decisiones verificables: un presupuesto realista, austeridad efectiva, controles independientes y sanciones sin privilegios”. Queda por verse si el oficialismo acepta modificar el proyecto en línea con las demandas o si impone su aprobación sin cambios, lo que podría profundizar el conflicto con el sector productivo y aumentar el costo político de la crisis.