Lerdo negocia agua tratada para planta de fertilizantes de 28,800 mdp

El Ayuntamiento de Lerdo, Durango, instaló mesas de trabajo con directivos de Fermaca para evaluar el suministro de agua tratada que requerirá la planta de fertilizantes Fermachem, un proyecto con inversión proyectada superior a los 28,800 millones de pesos. La presidenta municipal, Susy Torrecillas Salazar, anunció que las reuniones se realizan en el Teatro Hermila Galindo y convocan a las áreas jurídicas del municipio, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (SAPAL) y a la concesionaria TILSA. El objetivo declarado es sentar las bases técnicas y jurídicas antes de la construcción del complejo en la comunidad de Sapioriz.

El hecho tiene relevancia pública porque define quién pagará y bajo qué reglas se usará un recurso escaso en una región con presión hídrica. La negociación no es sobre agua potable para consumo humano, sino sobre agua tratada para procesos industriales, y de ahí depende que el proyecto avance sin competir directamente con el abasto de las familias.

El mecanismo económico

Fermachem requiere agua en volumen para producir fertilizantes. La vía que se evalúa es la venta de agua tratada por parte del municipio o de la concesionaria, lo que convierte al ayuntamiento en proveedor de un insumo industrial. Ese esquema puede generar ingresos para el organismo operador, pero también traslada al gobierno local la responsabilidad de garantizar volumen y calidad, y fija un precio que no es público todavía.

Cualquier acuerdo comercial o técnico deberá ser aprobado primero por el Cabildo y luego turnado al Congreso de Durango para darle validez legal. Esa ruta institucional implica que el contrato será un acto político visible, no una decisión administrativa menor. El margen del gobierno municipal es acotado: puede negociar condiciones, pero la autorización presidencial para iniciar la primera etapa —con vigencia de un año— ya fue entregada, lo que presiona para destrabar los procesos previos.

La inversión se divide en tres fases y, una vez operando, la planta buscaría sustituir importaciones de fertilizantes. El beneficio prometido es para el campo mexicano, con insumos nacionales a precios competitivos; el costo y el riesgo hídrico se concentran en Lerdo, que deberá administrar la extracción, el tratamiento y la venta del agua.

El efecto cotidiano comprobable aún no puede medirse: no hay fecha de arranque físico, ni tarifa definida, ni estudios públicos sobre disponibilidad de agua tratada. Lo que sí es verificable es que Sapioriz será la sede del complejo y que las mesas ya sesionan con las áreas técnicas y jurídicas del municipio.

La lectura

El patrón es claro: un proyecto de inversión estratégica que recibe respaldo federal busca resolver su insumo más conflictivo —el agua— a través del gobierno municipal, que queda como responsable de vender y justificar el uso del recurso. La presidenta Torrecillas Salazar ha colocado el tema en el terreno institucional, con aprobación del Cabildo y del Congreso, lo que sugiere que el ayuntamiento quiere blindar legalmente el acuerdo antes de firmar.

El punto crítico es el precio del agua tratada y las condiciones de suministro, que no se han hecho públicas. Sin esos datos, no es posible saber si el municipio recupera costos o subsidia al proyecto, ni si el volumen comprometido reduce la disponibilidad para otros usos. La evidencia tampoco permite afirmar que exista un conflicto hídrico inminente; falta el dictamen técnico de SAPAL y TILSA sobre la viabilidad del suministro.

Qué sigue

Las mesas de trabajo continuarán con sesiones programadas a las 11:00 y 17:00 horas. El siguiente paso formal es que el Cabildo de Lerdo discuta y, en su caso, apruebe el acuerdo comercial con Fermaca; después, el Congreso de Durango deberá validarlo. No hay fecha oficial para el inicio de la construcción, pero la autorización presidencial tiene vigencia de un año, lo que marca un plazo límite para concretar las condiciones hídricas.

La pregunta que queda abierta es si el contrato incluirá una tarifa pública y una garantía de volumen que no comprometa el abasto futuro de Lerdo. Hasta que esos elementos se conozcan, el beneficio para el campo nacional es una promesa y el costo para el municipio es una incógnita.