Paraguay minimiza el contagio de Ueno Bank mientras 32.000 jubilados siguen sin acceso a sus fondos

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, salió este lunes a separar el colapso de Ueno Bank del resto del sistema financiero. Según dijo ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, los informes del Banco Central del Paraguay indican que se trató de "una situación particular de la entidad, no de una condición generalizada en el sistema financiero local". La frase busca contener el contagio político de una crisis que ya se llevó por delante a un presidente, a la cúpula del banco central y, sobre todo, la liquidez de miles de ahorradores.

La distinción entre un banco quebrado y un sistema quebrado es el eje del mensaje oficial, pero no resuelve el problema de quienes tenían su dinero dentro de la entidad intervenida. Ueno Bank operaba con 2,94 millones de clientes y había recibido durante el mandato de Santiago Peña millonarios fondos de entidades públicas. Esa combinación —base minorista amplia y depósitos estatales concentrados— convirtió su resolución en un asunto que excede la hoja de balance de una sola firma.

El costo que no se socializa

El mecanismo económico es conocido: cuando un banco entra en resolución, los depositantes quedan en una fila cuyo orden y tiempos dependen de cómo se estructure el proceso. El Banco Central ordenó el martes pasado el procedimiento de resolución o disolución de Ueno. Desde entonces, miles de ahorradores denunciaron no tener acceso a sus recursos. Entre ellos hay 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social, una de las principales cajas de pensiones del país, además de cuentas e inversiones de instituciones del Estado.

El costo inmediato no lo absorbe el sistema financiero en su conjunto, como sugiere la lectura oficial, sino los jubilados y las entidades públicas que tenían fondos depositados en el banco intervenido. Para un pensionado, la diferencia entre "crisis puntual" y "crisis sistémica" es abstracta: su pensión depende de que el proceso de resolución le devuelva acceso a un dinero que hoy no puede retirar. La distinción del canciller protege la reputación del sistema bancario paraguayo frente a inversionistas y calificadoras, pero no acelera esa fila.

El vínculo con Peña agrava la lectura política. Ueno Bank fue vinculado al expresidente, lo que le valió la destitución en un juicio político y una acusación dentro de la investigación penal abierta por la caída del banco. Jorge Schreiner asumió como nuevo presidente del Banco Central tras el escándalo. Ramírez defendió el proceso: "Todas estas actuaciones se llevaron adelante observando rigurosamente las normas constitucionales y el debido proceso, incluido el derecho a la defensa".

El gobierno de Pedro Alliana hereda un problema de confianza: debe convencer a los depositantes de que su dinero está a salvo y, al mismo tiempo, sostener que la crisis fue un episodio aislado. El sábado, en su primer día de gestión, el Ejecutivo afirmó en un comunicado difundido por la Cancillería que el país salió "fortalecido de esta crisis puntual". La declaración del canciller forma parte de esa misma operación de contención.

La lectura

El margen del gobierno es estrecho. Puede administrar el proceso de resolución, nombrar autoridades y emitir mensajes de estabilidad, pero no puede declarar cerrado un episodio mientras haya ahorradores sin acceso a sus fondos. La comparación regional ya está sobre la mesa: el presidente del Banco Central de Uruguay descartó riesgos de contagio por la crisis paraguaya, una señal de que los reguladores vecinos siguen el caso con atención.

La afirmación de que el sistema resiste es plausible en términos de solvencia agregada, pero insuficiente como respuesta pública mientras el proceso de reparación financiera siga abierto. Ramírez lo reconoció al señalar que "las investigaciones judiciales y los procedimientos de reparación financiera continúan".

Qué sigue

El proceso de resolución de Ueno Bank, la investigación penal en curso y la recomposición del Banco Central bajo Schreiner marcarán los próximos meses. La pregunta que el oficialismo deberá responder no es si el sistema financiero es sólido, sino cuándo y cómo recuperan su dinero los 32.000 jubilados del IPS y las instituciones estatales afectadas. Mientras esa respuesta no llegue, la distinción entre crisis puntual y crisis sistémica seguirá siendo, para los afectados, una discusión sobre el diagnóstico y no sobre la solución.