Pensiones del régimen viejo ya cuestan 5% del PIB y presionan el gasto federal

El gasto federal en pensiones contributivas pasó de 65 mil 854 millones a 1.6 billones de pesos en 25 años, un crecimiento que ya representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. La cifra no es un dato administrativo: es la factura de un modelo de retiro que el Estado sigue pagando con recursos públicos y que compite, cada año, con el resto del presupuesto.

El gasto en pensiones contributivas pasó de representar 1% del PIB a cerca del 5% en el periodo, según Hacienda. Ese desplazamiento explica por qué el tema dejó de ser un asunto exclusivo de los trabajadores y se volvió una variable fiscal de primer orden. Las pensiones contributivas son prestaciones financiadas con aportaciones obligatorias de trabajadores, patrones y Gobiernos durante la vida laboral; incluyen los sistemas del IMSS, del ISSSTE, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, así como los de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

El peso del régimen de 1973

Ángel Edoardo Ruiz Buenrostro, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó que una de las principales razones del incremento es que el Gobierno federal continúa financiando las pensiones de quienes cotizaron bajo el régimen de reparto establecido en la Ley del Seguro Social de 1973. Aunque en la década de los noventa se modificó el sistema para que las nuevas generaciones acumularan recursos individuales mediante las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), las obligaciones del esquema anterior permanecen vigentes.

El régimen de 1997 no ha jubilado masivamente a sus trabajadores, por lo que el esquema anterior concentra todavía el gasto. El especialista señaló que la reforma respondió a la insuficiencia financiera del antiguo sistema y que sus obligaciones seguirán pesando durante los próximos años. Sobre la Modalidad 40, indicó que algunas personas lograban aumentar su pensión hasta cinco o seis veces, pero no aportaron durante toda su vida lo suficiente para sostener ese pago, lo que encarece la seguridad social.

El mecanismo es claro: el Gobierno federal cubre la diferencia entre lo que aportaron los trabajadores del esquema de reparto y lo que reciben como pensión. Cuando ese faltante crece, el margen de maniobra del presupuesto se reduce. Cada peso adicional que se destina a pensiones del régimen anterior es un peso que no se asigna a otras áreas del gasto público. Esa es la presión que Hacienda reconoce y que el investigador describe como una tendencia que continuará.

La lectura

El dato de Hacienda confirma que el sistema de pensiones ya no es sólo un tema de justicia laboral, sino una restricción fiscal que condiciona las decisiones de gasto. Quienes absorben el costo son los contribuyentes y los beneficiarios de otros programas públicos, porque el presupuesto es uno solo. El margen del Gobierno es acotado: puede reasignar recursos, como advirtió Ruiz Buenrostro, pero no puede dejar de pagar obligaciones ya adquiridas.

El especialista advirtió que la tendencia obligará al Gobierno a reasignar recursos de otras áreas para cumplir con sus compromisos pensionarios. También señaló que faltaron estudios actuariales y ajustes graduales a las contribuciones para garantizar la viabilidad financiera. Entre los posibles ajustes, mencionó que las autoridades podrían considerar elevar la edad de retiro antes de incrementar nuevamente las contribuciones, como ha ocurrido en otros países. Países como Suecia, Dinamarca e Italia han reformado sus sistemas para contener el gasto público.

El efecto cotidiano es verificable en dos frentes. Para quienes ya están jubilados bajo el régimen de 1973, la continuidad del pago depende de que el Gobierno sostenga la asignación presupuestal. Para las nuevas generaciones, la pensión dependerá del ahorro acumulado en cuentas individuales, no del esquema de reparto. La transición entre ambos modelos es la que está costando cerca de 5% del PIB.

Qué sigue

Ruiz Buenrostro estimó que después de 2030 disminuirán los beneficiarios del régimen de 1973 y sus obligaciones financieras. Sin embargo, advirtió que las nuevas generaciones enfrentarán retos, pues sus pensiones dependerán del ahorro acumulado en cuentas individuales. Distinguió dos momentos de presión: el actual, relacionado con las obligaciones del régimen anterior, y otro que podría presentarse hacia 2050, cuando las generaciones que cotizan bajo el esquema de las Afores comiencen a retirarse en mayor número.

El envejecimiento de la población agrava el escenario. De acuerdo con el reporte intercensal del INEGI, entre 2049 y 2056 los adultos mayores podrían convertirse en el segmento predominante. El investigador insistió en la necesidad de nuevos estudios actuariales que permitan conocer la sustentabilidad financiera de la seguridad social y determinar qué modificaciones serían necesarias. “Yo no he visto un estudio actuarial que me permita entender si va a ser viable o no la seguridad social en el futuro”, afirmó.

La discusión que sigue no es menor: si el gasto en pensiones seguirá absorbiendo una porción creciente del presupuesto o si habrá ajustes en edad de retiro, contribuciones o reglas de acceso. Cualquiera de esas decisiones redistribuye costos entre generaciones, y ninguna puede tomarse sin datos actuariales que hoy, según el especialista, no están disponibles públicamente.