Quiroz abre capital privado en Codelco y desata la batalla por el cobre

El ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, dejó abierta la posibilidad de que inversionistas privados entren al capital de Codelco, la mayor productora de cobre del mundo y durante décadas considerada intocable. Lo hizo en una entrevista con Bloomberg este martes, en un momento en que la minera estatal acumula una deuda récord, una producción en descenso y un escándalo contable que obligó a despedir ejecutivos y a remitir antecedentes a la fiscalía.

La declaración no es un anuncio de venta, pero sí rompe un tabú. Quiroz sostuvo que, a largo plazo, Chile podría considerar introducir inversión privada en la propia Codelco manteniendo el control estatal, y que esa medida requeriría un amplio apoyo político. Consultado sobre si eso ocurriría durante el mandato de cuatro años del presidente José Antonio Kast, respondió: "Tal vez no. Aunque ya veremos. Nunca se sabe. Cuatro años es mucho tiempo".

El mecanismo: de dónde sale el dinero y quién lo paga

Codelco no enfrenta solo un problema de precios del cobre. La empresa carga con una deuda récord, contratiempos operativos y de gestión, y un flujo de caja que no alcanza para financiar sus proyectos. La prioridad declarada por Quiroz es sanear las finanzas mediante contención del gasto y del endeudamiento, cambio de administración y reorientación hacia la actividad principal. Eso incluye vender participaciones minoritarias no estratégicas y buscar alianzas con privados para desarrollar recursos minerales.

La distinción clave es entre vender una parte de la propia Codelco y ampliar la participación privada a nivel de proyecto. La primera opción inyecta capital fresco al balance de la empresa; la segunda comparte el riesgo y la inversión de yacimientos específicos sin tocar la propiedad estatal. El presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, ha intentado separar ese debate de largo plazo de la reestructuración actual y afirma que la venta de acciones no forma parte del plan.

El costo y el beneficio se reparten de forma desigual. Si entra capital privado a nivel de proyecto, el Estado conserva la propiedad pero cede una porción de las rentas futuras del cobre a cambio de inversión que hoy no puede financiar. Si se vende una participación en la matriz, el Estado reduce su control sobre una empresa que aporta recursos fiscales y que fue nacionalizada a inicios de los años setenta con apoyo popular generalizado. Los trabajadores y los territorios mineros son los primeros expuestos a cualquier cambio de modelo.

La lectura

El patrón político es claro: el gobierno de Kast quiere reestructurar Codelco sin pagar el costo político de decir "privatización". Quiroz habla de largo plazo y de amplio apoyo político; Fontaine dice que las acciones no están en venta; el diputado del Partido Republicano Carlo Arqueros afirma que la privatización "no está en la agenda" pero aboga por más empresas conjuntas donde Codelco tenga un rol secundario. Es una estrategia de desgaste gradual del tabú, no un golpe de timón.

La Federación de Trabajadores del Cobre advierte contra una "privatización por partes" y sostiene que "Codelco no está en venta". El Partido Socialista acusó al gobierno de buscar el descrédito de la empresa. Del otro lado, el senador de derecha Rojo Edwards apoya la entrada de capital privado a lo que describió como una "mina de ineficiencia".

No todos los críticos vienen de la izquierda. Juan Ignacio Guzmán, director de la consultora minera GEM, calificó de "error innecesario" intentar un modelo similar al de Ecopetrol, con una participación minoritaria en bolsa. Juan Carlos Guajardo, de Plusmining, señaló que los desafíos actuales dejan poco margen para una iniciativa de esa magnitud y que los acuerdos con privados ya en marcha son "una vía mucho más rápida y viable".

El margen del gobierno es estrecho. Cualquier reducción de la participación estatal enfrenta obstáculos legales, resistencia sindical y una oposición movilizada. Pero el statu quo también tiene costo: sin inversión, la producción sigue cayendo y el aporte fiscal se deteriora.

El efecto cotidiano es verificable en dos planos. Primero, el empleo y la actividad en Antofagasta y otras zonas mineras dependen de que Codelco mantenga y amplíe sus operaciones. Segundo, el cobre es un pilar de los ingresos fiscales que financian gasto público; un Codelco debilitado reduce ese margen. Y hay un tercer plano global: la capacidad de la minera para revertir años de declive es relevante para un mercado que lucha por satisfacer la demanda de redes eléctricas, vehículos eléctricos y centros de datos.

Qué sigue

La pelota está en el debate político. Quiroz condicionó cualquier entrada de capital privado a un amplio apoyo político, lo que en la práctica exige una negociación con la oposición y con los sindicatos que hoy rechazan la idea. Mientras tanto, la reestructuración administrativa avanza: despidos, auditorías externas y revisión de inversiones. Falta saber si el gobierno presentará una propuesta legislativa concreta o si dejará el tema como una señal de largo plazo. También queda por verse el resultado de las auditorías y de la investigación fiscal sobre las cifras de producción infladas, que podría alterar el cálculo político y la credibilidad de cualquier plan de saneamiento.