Repartidores bloquean Santa Fe contra licencias y placas de la Semovi

Trabajadores de plataformas digitales bloquearon varios puntos de Santa Fe este 9 de noviembre para manifestarse contra la propuesta de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de establecer una licencia y una placa especial para los repartidores que utilizan vehículos de entrega. La protesta interrumpió el tránsito en la avenida Carlos Fernández, el Centro Comercial Santa Fe, la autopista México-Toluca, la Glorieta de Santa Fe y el cruce de avenida Tamaulipas con avenida Santa Fe, en una de las áreas con mayor actividad económica de la capital.

El conflicto no es menor: toca el modo en que la ciudad quiere gravar y ordenar una actividad que hoy opera con reglas propias. La propuesta de la Semovi incluye un plan piloto para regular los vehículos de las aplicaciones de entrega, con una placa especial denominada mercantil y una licencia específica para los repartidores, similar a la que se exige a los vehículos de carga.

El costo de regular sin acuerdo

La propuesta de la Semovi crea una licencia y una placa mercantil específicas para los repartidores, un trámite que los trabajadores califican de innecesario y costoso. El mecanismo económico es directo: quien reparte con vehículo propio o rentado tendría que sumar un permiso y una placa a sus gastos fijos. Para un trabajador que cobra por entrega y compite por pedidos, ese costo no lo absorbe la plataforma ni el cliente necesariamente; recae en quien maneja. Si el reparto se encarece o se vuelve más lento, el ajuste se traslada al ingreso del repartidor o al precio final del servicio.

Los bloqueos afectaron la autopista México-Toluca y accesos comerciales clave, lo que muestra que el costo de la protesta lo pagan también automovilistas, empleados y comercios de Santa Fe. La zona concentra oficinas y centros comerciales; interrumpir sus accesos por la mañana tiene un efecto medible en tiempos de traslado y operación. Es el tipo de presión que los manifestantes usan para hacerse visibles: si el trámite avanza sin negociación, el conflicto puede repetirse en otros puntos de la ciudad.

El gobierno capitalino se juega aquí su margen para regular el trabajo de plataformas: puede imponer un marco con costo para los trabajadores o abrir una mesa que ajuste el diseño de la medida. La Semovi planteó la propuesta como parte de los esfuerzos por establecer un marco que regule el trabajo de las plataformas digitales. Pero el rechazo de los repartidores evidencia que la autoridad no ha logrado que el diseño sea aceptado por quienes lo pagarían. La reunión prevista entre representantes de los repartidores y autoridades será la prueba de si el plan piloto se corrige o se impone.

La protesta no cuestiona la existencia de reglas, sino quién paga su implementación. Los trabajadores aseguran que las medidas son innecesarias y costosas. Esa queja tiene una lógica económica verificable: en una actividad con ingresos variables y márgenes ajustados, un trámite adicional puede volver inviable la operación para quienes tienen menos capacidad de absorber el gasto. La autoridad, en cambio, busca ordenar la vía pública y cobrar por el uso de vehículos de entrega; el punto de equilibrio entre ambas cosas no está resuelto.

El efecto cotidiano ya se comprobó en la mañana del 9 de noviembre: tránsito interrumpido y desplazamientos complicados para automovilistas y empleados en una zona clave. Si la regulación avanza sin ajustes, el costo recaerá primero en los repartidores y luego, vía precios o tiempos de entrega, en los usuarios. Si se negocia, el gobierno tendrá que definir qué parte del costo asume y qué parte traslada a las plataformas.

La lectura

El conflicto expone una tensión redistributiva: la ciudad quiere formalizar y cobrar por una actividad que creció al margen de las reglas, y los trabajadores que la sostienen no quieren pagar el costo inicial. La protesta en Santa Fe es una señal de que el diseño de la Semovi, tal como se conoce, no tiene consenso entre quienes serían los obligados a cumplirlo. El margen del gobierno depende de su capacidad para negociar sin perder el objetivo regulatorio; el de los repartidores, de mantener visible el costo social de la medida.

Qué sigue

Se espera que representantes de los repartidores se reúnan con las autoridades para discutir sus preocupaciones respecto a la reforma propuesta. De esa mesa depende si el plan piloto se ajusta, se pospone o se implementa con resistencia. No está definido en la evidencia disponible el calendario de la reunión ni el detalle final del costo de la licencia y la placa; sin esos datos no puede calcularse el impacto exacto sobre el ingreso de los repartidores.