ECONOMÍA · MEDIUM
Repartidores paralizan Santa Fe contra placas mercantiles de Semovi
Entregadores de Uber Eats, Didi Food y Rappi bloquearon vialidades clave en Santa Fe para rechazar la obligación de tramitar licencias comerciales y cursos obligatorios.
Decenas de repartidores de aplicaciones de entrega de alimentos bloquearon la Avenida Vasco de Quiroga y la Avenida de los Poetas en Santa Fe, CDMX. La movilización surge como respuesta al plan de la Secretaría de Movilidad (Semovi), liderada por Héctor Ulises García, para clasificarlos como transporte de carga. Esta medida exigiría placas mercantiles, licencias especiales y cursos obligatorios, lo que los trabajadores consideran una carga administrativa y económica insostenible que pone en riesgo su sustento diario.
La dinámica de movilidad en la zona financiera de Santa Fe, Ciudad de México, se detuvo por completo durante las últimas horas. Decenas de repartidores de plataformas digitales como Uber Eats, Didi Food y Rappi se unieron para paralizar vialidades estratégicas, incluyendo la Avenida Vasco de Quiroga y la Avenida de los Poetas. Este acto de desobediencia civil no es un hecho aislado, sino la expresión más visible de un conflicto latente entre los trabajadores de la economía gig y la regulación estatal impulsada por la Secretaría de Movilidad (Semovi).
El detonante de esta movilización es el intento de la Semovi, encabezada por el titular Héctor Ulises García, de reclasificar a los repartidores de aplicaciones como operadores de transporte de carga. Bajo esta nueva interpretación normativa, las autoridades buscan obligar a estos trabajadores a tramitar licencias especiales, obtener placas mercantiles y completar cursos de capacitación obligatorios. Para la Semovi, esta medida busca formalizar el sector y mejorar la seguridad vial; sin embargo, para los entregadores, representa una barrera de entrada que amenaza su capacidad de generar ingresos.
Los manifestantes argumentan que la exigencia de placas mercantiles y trámites burocráticos complejos incrementaría significativamente los costos operativos de un trabajo que ya se caracteriza por su precariedad y falta de seguridad social. Los repartidores señalan que, al ser considerados "carga" y no transporte de personas, se les ignora su rol fundamental en la cadena de suministro urbana y se les somete a regulaciones diseñadas para camiones de carga pesada, lo cual resulta desproporcionado para motocicletas y bicicletas de entrega rápida.
El bloqueo en Santa Fe, uno de los centros económicos más importantes de la capital, tuvo un impacto inmediato en el tráfico y en las operaciones comerciales de la zona. La presencia de los repartidores en las vialidades principales sirvió como un recordatorio visual de su poder de negociación colectiva. Al detener el flujo vehicular, demostraron que, aunque son considerados trabajadores independientes o "socios" por las plataformas, su capacidad de organización puede paralizar la actividad económica si sus demandas no son atendidas.
La tensión entre la regulación estatal y la flexibilidad del modelo de plataformas es un tema recurrente en la política urbana mexicana. Por un lado, las autoridades argumentan que la falta de regulación pone en riesgo la seguridad de los repartidores y de los usuarios, además de generar congestión vial. Por otro lado, los trabajadores y defensores de sus derechos advierten que una regulación mal diseñada puede llevar a la exclusión laboral de miles de personas que dependen de estas plataformas como red de seguridad económica.
Héctor Ulises García y su equipo en la Semovi han mantenido una postura firme en cuanto a la necesidad de ordenar el sector. No obstante, la resistencia de los repartidores sugiere que el diálogo entre el gobierno y los representantes de las plataformas y los trabajadores está lejos de resolverse. Los bloqueos recientes son una señal clara de que las medidas impositivas sin un consenso previo generan conflictos sociales directos.
Es crucial observar cómo evolucionará la respuesta de las plataformas tecnológicas ante esta presión. Si bien las empresas suelen mantener una distancia legal con los trabajadores, la interrupción de sus servicios por protestas externas las obliga a tomar partido. La próxima fase del conflicto dependerá de si la Semovi está dispuesta a negociar excepciones o plazos de transición, o si procederá con el cumplimiento estricto de las nuevas normas, lo que podría escalar los bloqueos a otras zonas de la ciudad.
Mientras tanto, los repartidores en Santa Fe mantienen su posición: no aceptan ser tratados como una mercancía más en el sistema de movilidad sin garantías laborales. La imagen de las vialidades bloqueadas en Santa Fe quedará como un hito en la lucha por los derechos de los trabajadores digitales en la CDMX, marcando el inicio de una confrontación que definirá el futuro de la movilidad urbana y la regulación laboral en la era de las aplicaciones.
