Sheinbaum ordena investigar a Kosmos por 25 mil mdp en contratos

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió un frente de revisión sobre uno de los conglomerados de alimentación y farmacia con mayor huella en el gasto público mexicano. Desde Palacio Nacional instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, investigar a Corporativo Kosmos por presuntas irregularidades, esquemas de prestanombres y antecedentes de sobornos en licitaciones federales y estatales. El anuncio no es menor: el grupo ligado a la familia de Jack Landsmanas habría acumulado contratos por más de 25 mil millones de pesos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2026 mediante dos firmas, Productos Serel y La Cosmopolitana, para suministro de servicios de alimentación y productos farmacéuticos.

“Le pedí a la secretaria Buenrostro que pueda hacer la investigación y contestar a la nota. Y si hay algún mal procedimiento o algún acto que no debería de haber ocurrido, pues que se proceda. Y que se informe por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, dijo la presidenta en la conferencia matutina. La instrucción traslada la pelota al terreno administrativo: no se trata de una declaración general sobre combate a la corrupción, sino de una encomienda concreta a una dependencia con facultades para revisar procedimientos de adjudicación, detectar anomalías y, en su caso, iniciar procesos legales.

El caso conecta el gasto en servicios básicos del Estado con una red de empresas que, según los señalamientos, habrían cedido derechos o operado mediante prestanombres para eludir sanciones y seguir compitiendo por recursos públicos. Entre los acuerdos bajo escrutinio destaca la posible vinculación con presuntos sobornos en el Instituto Nacional Electoral y la adjudicación de contratos por más de 2 mil 700 millones de pesos a empresas relacionadas. En la lista aparecen Cajas Graf y Corporativo Zeg, relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, involucrados en el caso de corrupción de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE.

El mecanismo: quién paga y quién gana

La economía de la contratación pública funciona como un embudo. El Estado compra alimentación, medicamentos y servicios logísticos; las empresas que ganan licitaciones capturan ingresos recurrentes y previsibles, financiados con presupuesto federal y estatales. Cuando se interponen prestanombres o empresas fachada, el costo no desaparece: se traslada al erario, es decir, a impuestos y a la calidad del servicio que reciben pacientes, personal electoral o dependencias. Si se confirman irregularidades, el beneficio privado de operar fuera de las reglas lo absorbe la hacienda pública, mientras la competencia legítima queda desplazada.

El margen del gobierno aquí es acotado pero visible. Sheinbaum puede ordenar la investigación y exigir transparencia, pero la sanción efectiva depende de que la Secretaría Anticorrupción documente anomalías en los procedimientos y de que las áreas jurídicas sostengan los procesos. La instrucción presidencial fija una responsabilidad política: si la revisión no arroja consecuencias, el costo recaerá sobre la credibilidad del discurso anticorrupción. Si arroja inhabilitaciones o denuncias, el efecto será doble: disciplinario para el conglomerado y ejemplar para el mercado de proveedores del Estado.

El efecto cotidiano comprobable está en dos lugares: la comida y los medicamentos que el sector público compra, y la competencia entre proveedores. Un esquema de prestanombres encarece o distorsiona esas compras; una investigación que prospere puede abrir espacio a más licitantes y modificar precios y condiciones de suministro. Para los trabajadores del conglomerado y de sus cadenas de proveedores, la incertidumbre se traduce en riesgo operativo; para los contribuyentes, en la posibilidad de que se recupere o se evite la dispersión irregular de recursos.

La lectura

El anuncio tiene peso porque toca un proveedor con contratos de gran escala y porque lo hace desde la investidura presidencial, no desde una denuncia externa. La decisión redistribuye temporalmente el poder de vigilancia: coloca a la Secretaría Anticorrupción como árbitro de un caso que involucra gasto federal, estatal y un vínculo incómodo con el INE. También expone un dilema de gestión: investigar a un proveedor estratégico de alimentación y farmacia puede afectar servicios en curso, pero no hacerlo perpetuaría la opacidad en licitaciones.

La evidencia disponible no permite aún sostener que existan sanciones, responsabilidades penales o montos recuperados. Lo que sí permite afirmar es que existe una instrucción oficial, un universo de contratos superior a 25 mil millones de pesos y señalamientos que involucran prestanombres y sobornos. La diferencia entre una investigación que se documenta y una que se diluye será el indicador real de la política anticorrupción en esta administración.

Qué sigue

Se espera una respuesta oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en próximas horas, con el posible inicio de procesos legales si detecta anomalías en licitaciones y adjudicaciones. El seguimiento relevante será si la dependencia informa el alcance de la revisión, si identifica empresas relacionadas y si turna el caso a instancias sancionadoras. También queda por verse cómo responde Corporativo Kosmos y si los contratos vigentes se revisan o se mantienen mientras avanza la indagatoria.