ASF detecta 39 mdp sin comprobar en Campeche; golpea a Layda Sansores

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 39 millones 104 mil 37 pesos en el gobierno de Campeche, que encabeza la morenista Layda Sansores. El monto corresponde a recursos federalizados de educación y salud que la administración estatal no pudo comprobar ante el ente fiscalizador. El hallazgo convierte una revisión técnica de la Cuenta Pública 2025 en un problema político para el gobierno de Sansores, precisamente en los dos rubros donde el gasto federalizado tiene mayor visibilidad social.

El desglose muestra por dónde se concentra la observación. El mayor monto pendiente de aclarar está en el Fondo de Aportaciones Múltiples, destinado a asistencia social e infraestructura física educativa: 18 millones 767 mil 093.39 pesos por transferencias bancarias de los componentes de infraestructura educativa básica, media superior y superior que carecen de documentación justificativa y comprobatoria. La ASF sostiene que con ello el gobierno estatal incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación, lo que da al hallazgo una base normativa concreta y no sólo una observación administrativa.

En el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo se determinaron 16 millones 721 mil 609.96 pesos pendientes de aclarar. De esa cifra, 13 millones 416 mil 281.61 corresponden a pagos que no acreditaron la prestación de servicios conforme a las especificaciones técnicas de los contratos ni la entrega de bienes a los beneficiarios. Otros dos millones 357 mil 484.11 pesos son pagos a tres trabajadores con plazas en más de un centro de trabajo y horarios incompatibles. Además, 769 mil 799.01 pesos se pagaron a tres trabajadores que desempeñaron actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sin acreditar funciones vinculadas con la educación básica y normal, y 178 mil 045.23 pesos se pagaron a dos trabajadores durante un periodo de licencia sin goce de sueldo.

El expediente incluye también el sector salud. La ASF identificó incumplimiento del porcentaje mínimo destinado a acciones de prevención, promoción y detección oportuna de enfermedades, y 3 millones 615 mil 333.72 pesos pendientes por aclarar por no acreditar la entrega de uniformes al personal de salud. El Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud) sólo presentó remisiones de entrada al almacén, sin evidencia fotográfica, listas de entrega ni acta de entrega-recepción, lo que para el ente fiscalizador incumple la normativa estatal de adquisiciones.

La lectura política

El caso coloca a Layda Sansores frente a un expediente federal de rendición de cuentas en un terreno sensible: nómina educativa, infraestructura escolar y servicios de salud. El gobierno estatal pierde margen de maniobra porque las observaciones no son genéricas: la ASF identificó montos, fondos, contratos y hasta trabajadores con plazas incompatibles o con funciones sindicales pagadas con recursos federales. Ese nivel de detalle dificulta despachar el asunto como un diferendo contable y lo traslada al terreno de la gestión pública.

El hecho de que la administración haya devuelto casi 24.7 millones de pesos que dejó sin ejercer, la mayor parte orientados originalmente a salud, añade un segundo flanco. No se trata sólo de dinero no comprobado, sino de recursos federales que regresaron a la Tesorería de la Federación en un estado con necesidades sanitarias y educativas, lo que ya generó cuestionamientos de diversos sectores en Campeche. La combinación de recursos no ejercidos y pagos sin soporte documental es políticamente más costosa que cualquiera de los dos elementos por separado.

Institucionalmente, el cambio es acotado pero relevante: la ASF no emitió aún una sanción, sino observaciones dentro de la segunda entrega de informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025. El gobierno estatal respondió con oficios y argumentaciones que el ente fiscalizador consideró insuficientes, de modo que el expediente sigue abierto y puede escalar a pliegos de observaciones o a la promoción de responsabilidades. Quien gana margen es la propia ASF, que refuerza su papel de contrapeso en el gasto federalizado; quien lo pierde es el gobierno de Sansores, que deberá explicar ante la opinión pública y eventualmente ante instancias de control por qué no pudo documentar recursos de educación y salud.

Qué sigue

El siguiente paso institucional es que la ASF concluya la valoración de las respuestas estatales y, en su caso, emita las determinaciones formales sobre los montos observados. Para Campeche, la prueba política será si el gobierno estatal presenta documentación adicional que aclare las transferencias del Fondo de Aportaciones Múltiples, los servicios contratados y la entrega de uniformes, o si el expediente se mantiene sin solventar. También queda por verse si el Congreso local o la opinión pública campechana abren un espacio de escrutinio propio. Con la evidencia disponible no puede afirmarse que exista desvío confirmado ni responsabilidad penal determinada; lo que está documentado es un probable daño a la Hacienda Pública Federal y una cadena de incumplimientos normativos que el gobierno estatal no ha logrado aclarar.